La acuicultura, una actividad con alto potencial en Canarias lastrada por la burocracia

El 70% de los alimentos de origen acuático que se consumen en la Unión Europea son de importación. Como consecuencia, hay un déficit comercial de 21.000 millones de euros al año. Para encaminar a sus países miembros a revertir este escenario, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre acuicultura sostenible. En el documento destaca el gran potencial de esta actividad, que supera desde hace más de un lustro a la pesca en el ámbito global, pero representa tan solo el 10% de todo el autoabastecimiento de productos del mar en la UE. Entre otros aspectos, contribuiría a dotar de alimentos con menor impacto medioambiental que la agricultura terrestre, reducir la presión sobre los mares y los ríos, aumentar el autoabastecimiento, generar empleo y adecuarse a los objetivos del Pacto Verde o de la estrategia De la granja a la mesa. 

La apuesta de Bruselas es clara y será preciso contar con un marco legal más favorable, unas metas cuantificables y fondos específicos comunitarios. Pero para ello, deben poner de su parte los estados miembros, especialmente los cuatro principales productores: España, Francia, Grecia e Italia. España fue el estado miembro de la UE que tuvo la mayor cosecha en acuicultura en 2020, con 307.168 toneladas, según un informe de la Asociación empresarial de acuicultura española (Apromar). Está centrada principalmente en mejillón (con un 76%), con Galicia como principal productora, pero también en lubina, dorada y trucha arcoiris. Aunque atendiendo al valor en el mercado de estos alimentos, España baja a la segunda posición. 

Por otro lado, excluyendo a los moluscos y contando solo las granjas de peces, España se sitúa en segunda posición, por detrás de Grecia, y sumó en 2020 casi 42.000 toneladas. En este apartado, Canarias es la segunda autonomía que más produce, solo por detrás de la Comunitat Valenciana, con alrededor de 7.000 toneladas de lubina y dorada. Las Islas tienen unas condiciones idóneas para la acuicultura, pudiendo alcanzar hasta 37.118 toneladas anuales. Pero las trabas administrativas o burocráticas han frenado el desarrollo de una actividad sometida a numerosas exigencias y que no siempre se ha desarrollado cumpliendo los parámetros más adecuados.

En la implantación de una granja destinada a la acuicultura intervienen distintas administraciones, al ser una actividad destinada a la alimentación y desarrollarse sobre el medio marino. Desde el Gobierno central para la concesión de ocupación de dominio público terrestre, al Ejecutivo regional para el informe de impacto medioambiental o conceder las autorizaciones. En su informe sobre la Acuicultura en España, publicado en 2021, Apromar detalla que la falta de coordinación entre instituciones o las diferencias entre autonomías en la aplicación de la normativa hace muy complejo su desarrollo, por ejemplo, en la vigilancia ambiental, los requisitos para obtener autorizaciones o los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad, entre otras dificultades que eternizan el inicio de una granja.

Pero dentro de este escenario, el caso de Canarias “no ha ocurrido en ningún sitio de España”, tal y como manifiesta Javier Ojeda, gerente de Apromar. El Gobierno regional tardó más de una década en elaborar el Programa Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), un documento que fija las zonas en las que se puede desarrollar la actividad, que en las Islas supone el 10% de su litoral al tener que competir con otras actividades, sobre todo turísticas, y los criterios necesarios para ejercerla. “No es normal que un plan de ordenación del sector esté 10 años dando vueltas y durante ese periodo el sector esté parado en su desarrollo (…) en Apromar trabajamos con todas las autonomías y yo reconozco que en Canarias, desde el punto de vista de la organización de la gobernanza de la acuicultura, deja bastante que desear”, añade Ojeda.

Además, el PROAC debe incluir ordenación detallada por islas y, según la web del Gobierno regional, tan solo se incluyen La Palma, Lanzarote y Gran Canaria. “Se tienen que hacer los estudios individuales de cada una de las zonas que se van aprobando, aún las estamos esperando; eso no es de recibo”, explica Ojeda, que añade sin ambages que Canarias, a pesar de sus condiciones “super favorables” para la acuicultura, “se pegó un tiro en el pie” porque “las administraciones han sido incapaces de encauzar la actividad administrativamente”.

Sin embargo, el PROAC no contempla la acuicultura offshore, que ofrece más ventajas al no tener que compartir espacio con el turismo, supone menor impacto ambiental y posibilita grandes volúmenes de producción, entre otras ventajas. La parte negativa es el alto coste que supone al tener que realizar estudios de zonas mucho más profundas y repartir el espacio con la eólica marina o la actividad pesquera.

“Canarias tiene unas posibilidades excelentes. A medida que vaya avanzando la tecnología y entren nuevas posibilidades más alejadas de la costa, mejor”, asegura Ojeda, que recuerda “un excelente proyecto para 115.000 toneladas de medregal que la administración no fue capaz de darle un encaje en el marco normativo”. Se refiere al proyecto de un grupo holandés, que creó ad hoc a la sociedad Ocean Aquaculture Canarias, que proyectaba invertir más de 200 millones de euros al sur de Gran Canaria para implantar jaulas en las que reproducir el ciclo vital del medregal o pez limón, una de las especies más estudiadas en las Islas. El motivo fue la imposibilidad de modificar el PROAC para dar encaje a esta iniciativa. Y los promotores acabaron trasladando el proyecto a Andalucía, a las costas de Almería. “El sistema debe dar soluciones, no poner más pegas”, recuerda Ojeda.

No es la única vez que las Islas pierden una oportunidad en acuicultura por la burocracia. El primer criadero de pepino de mar en Europa, un producto muy valorado en el mercado chino, no está en Lanzarote por el lento desarrollo del PROAC y la descoordinación entre administraciones. El empresario Antonio Pérez quiso reproducir el ciclo vital de esta especie en salinas de la isla conejera en 2018, pero cuando se aprobó el documento, el animal ni siquiera se incluyó en el listado y tampoco se permitía la actividad en dichos espacios. El PROAC acabó añadiendo, pero la tardanza llevó a Pérez a implantar su idea en Andalucía, donde lo lleva a cabo en la actualidad. 

El último proyecto que está sobre la mesa es la polémica granja de pulpos que prevé instalar Nueva Pescanova en el Puerto de la Luz y de Las Palmas. La empresa prevé invertir 65 millones de euros para producir unas 3.000 toneladas al año destinadas principalmente a la exportación. El proyecto está pendiente del informe de impacto ambiental de las áreas regionales de Transición Ecológica y de los permisos de Pesca. Sin embargo, se enfrenta al rechazo de numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales que han elevado sus protestas hasta la Comisión Europea para frenar el proyecto, al estimar que el molusco es un animal sintiente y muy solitario, por lo que encerrarlo en una granja le generaría mucho sufrimiento. 

Desde Apromar, Ojeda recuerda que tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) o la Comisión Europea reivindican la necesidad de producir más comida para la creciente población mundial, pero “buscando nuevas alternativas adaptadas al cambio climático, con menor impacto ambiental y mayor eficiencia”. Bajo este contexto, la acuicultura se presenta como un elemento esencial y se le demanda diversificación (en la actualidad se producen unas 250 especies distintas en el ámbito global). En este sentido, Ojeda indica que la ciencia ha trabajado para continuar esta senda y así se logró, tras más 20 años de investigación, con la cría en cautividad del pulpo. 

“Poner freno a la diversificación preventivamente es un gran error. Hay que mirar a la ciencia, ver los sistemas productivos o su alimentación para asegurar que sigue siendo responsable y sostenible. Cuando se inicie tendrá que cumplir la normativa, habrá que ver cómo se realiza el cultivo en todos los aspectos, desde el medio ambiente al bienestar animal, se verá como se puede trabajar lo mejor posible. Y si va en línea con la estrategia de la granja a la mesa, la biodiversidad y los objetivos de desarrollo sostenible, bendito sea; pero de entrada decir que no, nos ha chocado mucho”, relata Ojeda.

Sostenibilidad y bienestar animal

El desarrollo de la acuicultura que mandata la UE debe ir acompañada de la sostenibilidad, un concepto que trata de paliar las consecuencias negativas de la actividad en el entorno local. “La sostenibilidad es algo complejo, no es una estación a la que se llega, es un camino, un proceder y un trabajar cada vez mejor para hacer el mejor aprovechamiento posible de los recursos”, señala Ojeda, quien apunta que “la mejor pauta de comprobar si se están haciendo las cosas de forma correcta es mirar hacia atrás, allí donde hay acuicultura y ha estado durante 30 años para comprobar si ha mejorado o ha empeorado el medio ambiente, es la prueba del algodón”.

Un ejemplo de malas prácticas en las Islas han sido las granjas marinas ubicadas en el litoral de Playa Quemada, en el municipio de Yaiza (al sur de Lanzarote), que han generado una imagen muy negativa de la acuicultura. Residentes de la zona, ecologistas e instituciones como el Ayuntamiento de Yaiza o el Cabildo de Lanzarote han defendido la retirada de las jaulas de la zona. 

En 2001 se proyectaron 10 jaulas para el cultivo de atún en Playa Quemada, pero se instalaron 25 jaulas para dorada y lubina. Desde 2013 residentes de la zona ya notaron el impacto en sus aguas con restos de aceites y piensos. En 2015, un informe del Consistorio constató que se generaban efectos negativos en el entorno, por los restos de alimentos de los peces (doradas y lubinas) que han tenido incidencia en las zonas de baño, deposiciones que han afectado a los fondos marinos o la afluencia de depredadores inusuales por los escapes de los peces también han tenido incidencia en el ecosistema. Además, no se llevaba a cabo la vigilancia ambiental. A pesar de ello, el número de jaulas aumentó a más de 50.

La aprobación de Proac, en cuyo trámite Yaiza presentó alegaciones, situó a las jaulas de Playa Quemada en una zona no permitida para la acuicultura. Además, la concesión de ocupación de dominio público caducó en agosto de 2021. Aún siguen instaladas en la misma zona en la que llevan 30 años generando el rechazo vecinal, pero el Gobierno de Canarias anunció a inicios de este mes que serían desmanteladas después de rechazar un recurso de la empresa para renovar la concesión. El Ayuntamiento ha demandado en reiteradas ocasiones la limpieza del fondo marino para su favorecer su regeneración.

En el contexto actual, Ojeda recuerda que las normativas de impacto ambiental “son extraordinariamente exigentes en España”. “La acuicultura es producir comida en el agua, entonces nos interesa que el agua esté en perfectas condiciones”, añade. En este punto, uno de los aspectos más importantes es la alimentación o el aprovisionamiento de materias primas para elaborar pienso que no pongan bajo presión a los ecosistemas naturales y tengan el menor impacto posible en el entorno. 

“Hace 50 años a los peces de acuicultura se les daba de comer harina y aceites de pescado que provenían de pesca extractiva en el mar. Y eso tiene un límite. Ese límite ya se alcanzó hace 40 años. Como la acuicultura ha seguido creciendo, aunque no es la única actividad que consume harina y aceites de pescado, se han buscado alternativas”, explica Ojeda.

Desde organizaciones no gubernamentales también se incide en buscar el bienestar animal en el proceso. Equalia demanda sobre todo cambiar el método de aturdimiento, es decir, la etapa previa al sacrificio de las especies criadas en granjas marinas. El método más extendido en España es el aturdimiento en agua helada, que consiste en sumergir a los peces vivos en hielo hasta que mueren de asfixia o hipotermia, que provoca “un sufrimiento innecesario” al tardar horas en morir, según la ONG.

En cambio, Equalia apuesta por otros métodos, como el que lleva a cabo Noruega con el salmón: la percusión (un golpe seco que mata al instante) o la electricidad. En este sentido, la ONG intenta hacer presión para que la UE regule el aturdimiento de los peces con prácticas menos dañinas. Sin embargo, desde Apromar se matiza que hay más factores que entran en juego porque “no todos los peces son iguales biológicamente ni tienen la misma talla”, es decir, “no se le puede hacer lo mismo a un salmón de cinco kilos que a una lubina de 400 gramos”. También influye el lugar en el que se realiza el sacrificio: “No es lo mismo en tierra firme dentro una nave, que en un barco condicionados por las olas en el mar”, añade.

Aunque Ojeda reconoce que los métodos ideales de aturdimiento son la percusión y el eléctrico, estas opciones “no son adecuadas cuando estás en el mar” y, hasta el momento, no se ha encontrado “ninguna tecnología viable para reemplazar lo que se hace”. Además, el método de aturdimiento en base al shock térmico “es perfectamente legal” y lo recoge la Organización Mundial de la Sanidad Animal cuando no se puedan recurrir a otras opciones.

En cualquier caso, Ojeda reconoce que buscar nuevas formas de aturdimiento y sacrificio es uno de los aspectos que se deben mejorar en la acuicultura. Otro de los puntos más importantes es diversificar lo máximo posible el aprovisionamiento de las materias primas destinadas a la alimentación en las granjas, así como la implantación de nuevas técnicas productivas que permitan alejarse cada vez más de la costa: todo bajo criterios de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental. 

Pero el punto en el que Ojeda hace más énfasis es la gobernanza del sector: “Que los acuicultores puedan dedicarse a hacer su trabajo de producción y no estar todo el día con trámite, con papeles y con burocracia. Es la innovación más importante que podría hacerse”, ahonda.

Preguntada sobre la situación de la acuicultura en las Islas, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional ha respondido que solo hará declaraciones tras la celebración del Consejo de Acuicultura. Se trata de un órgano incluido en el reglamento de la Ley de Pesca que tan solo se ha reunido una vez, cuando se aprobó el PROAC. En el Consejo participan los cabildos, la Consejería de Transición Ecológica y la de Agricultura. No forman parte empresas del subsector. Aún no hay fecha prevista para el encuentro y depende de la decisión de la titular del área del sector primario, Alicia Vanoostende.