La asociación Jueces para la Democracia ha mostrado este jueves su oposición al decreto ley aprobado por el Gobierno español con el plan de ajuste para reducir el déficit público, al considerar que no se ajusta a un criterio de proporcionalidad.
Los jueces y magistrados reconocen que una parte de la administración pública está “sobredimensionada”, pero han querido establecer una distinción entre “los servicios públicos esenciales, como la justicia, la educación o la sanidad, que no pueden adelgazarse, y gastos superfluos que no se han tocado”.
María Victoria Rosell, portavoz de la asociación, ha señalado que los jueces están dispuestos a asumir el recorte en sus retribuciones, “a cambio de que no se recorten fondos del plan de modernización de la justicia” que se proyectó en 2003 y que “no se puede paralizar, porque nos encontraríamos con la misma situación de retraso que entonces”.
Sin embargo, Jueces para la Democracia, que ha anunciado su intención de secundar el paro de la función pública del próximo 8 de junio, no descarta presentar un recurso contencioso- administrativo contra el recorte de salarios de los empleados públicos, siempre que éste se produzca con el consenso de las asociaciones de jueces.
En este sentido, han admitido contactos con otras agrupaciones para intentar llegar a un acuerdo “en pro de toda la función pública”, como un gesto que, en ningún caso, “sería en beneficio propio” de los jueces.
La asociación de jueces y magistrados no tienen constancia de que los recortes vayan a afectar a la nueva oficina judicial en Las Palmas de Gran Canaria, si bien han admitido que “si el Gobierno de Canarias no tiene dinero, recortará por todas partes”. El edificio de Tenerife “está parado” y las experiencias piloto de Arona y Arrecife “siguen adelante”.