La Mesa del Parlamento de Canarias admitió a trámite, en su reunión de este jueves, las candidaturas presentadas por los grupos de la Cámara para la conformación de la junta de control y Dirección General de Radio Televisión Canaria (RTVC). Durante la sesión de trabajo, en la que el presidente, Gustavo Matos, y el secretario general participaron desde la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, se verificó que las propuestas cumplen con los requisitos formales que establece la ley y con la exigencia de representación equilibrada entre hombres y mujeres.
Así, se acordó proseguir su tramitación reglamentaria ante la Comisión de Control de RTVC prevista para el lunes 26 de abril, en la que se procederá a verificar el examen de idoneidad de las candidaturas propuestas, con carácter previo a su remisión al Pleno del Parlamento en sesión de 10 y 11 de mayo, donde podrá designarse a los candidatos y candidatas propuestos.
Para la elección, se producirán dos votaciones separadas: una para la composición de la junta y otra para el director o directora del Ente público. Con esto, el Parlamento de Canarias cumple con lo previsto en la Ley de RTVC y elegirá por primera vez a las y los miembros de la Junta y a su director con el nuevo sistema establecido.
Matos, por su parte, valora el trabajo realizado por los grupos parlamentarios, Junta de Portavoces y Mesa para garantizar el cumplimiento de los principios reguladores de RTVC. Destaca que “la vocación de servicio público de RTVC está establecida por ley y sometida a control parlamentario”.
Asimismo, la Mesa ha acordado este jueves encomendar a la Audiencia de Cuentas de Canarias, de acuerdo con el artículo 5 de su ley reguladora y con el artículo 32 del Reglamento de la Cámara, el informe jurídico y económico sobre el modelo de gestión de los servicios informativos al que alude la disposición adicional cuarta de la ley de RTVC.
En este sentido, la Mesa ha decidido, como mejor fórmula, encargar el informe a la Audiencia de Cuentas por tratarse del órgano asesor del Parlamento especializado en fiscalización y, también, por su objetividad e independencia, descartando por tanto otras opciones como podría ser una consultora privada.