El juez de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha ordenado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que coteje el perfil genético del presunto violador de Las Palmas con las 402 muestras de supuestas agresiones sexuales que custodia, algunas a menores.
Estas muestras fueron tomadas entre 1998 y 2005 en servicios de urgencias a mujeres, algunas de ellas de 16 años, que dijeron haber sido violadas, aunque la mayoría no denunció los hechos ante la Policía, lo que ha impedido hasta ahora utilizar estas pruebas para esclarecer estas agresiones sexuales, ya que para ello se exigía una orden judicial.
Miguel Ángel M.R., de 47 años, fue detenido el pasado sábado en el barrio de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria y el juez decretó este jueves su ingresó en prisión incomunicada y sin fianza por varios supuestos delitos, entre ellos un intento de homicidio y tres agresiones sexuales.
La lista de imputaciones al acusado es, sin poderlos cuantificar, por delitos de agresión sexual, detención ilegal, tentativa de homicidio, coacciones, amenazas, contra la integridad moral y robo, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Además de decidir que se coteje su perfil genético con un centenar de muestras de ADN de delitos de agresión sexual denunciados en los últimos cinco años en Las Palmas y con otras que se guardan en Santa Cruz de Tenerife, el juez ha ordenado que el ADN del acusado también se contraste con estas otras 402 muestras que nunca fueron denunciadas para tratar de esclarecer su posible intervención en más casos.
Permitirá localizar a presuntas víctimas
El jefe de Genética del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, José Pestano, quien anunció el requerimiento judicial recibido este viernes del instructor del caso, informó de que el cotejo del perfil genético del acusado con las muestras custodiadas que contengan restos de varón es un proceso sencillo y permitirá localizar a presuntas víctimas para que participen en nuevas ruedas de reconocimiento como las practicadas hasta el momento.
Pestano denunció en diciembre de 2007, en declaraciones, la existencia de este banco de muestras de ADN de supuestas violaciones y alertó de que no se usaba porque no se acompañaban de denuncias, lo que imposibilitaba que fueran cotejadas con perfiles genéticos de sospechosos o de agresores sexuales reincidentes, ya que para ello era necesaria una orden judicial.
Al conocer estos hechos, la asociación de juristas Justicia y Sociedad los puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que solicitó la apertura de diligencias a la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ya las había incoado, con el fin de saber por qué no se han analizado estas muestras durante todos estos años.