Aislada, sin contacto con sus compañeros, despojada de funciones y sin material para trabajar. Es la realidad laboral que dice vivir desde hace un año una trabajadora del Consulado de Marruecos en Canarias. Esta empleada, agente local (contratada bajo la normativa laboral española), ha presentado una demanda por modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y por vulneración de derechos fundamentales y reclama una indemnización de 20.000 euros por los daños morales que asegura haber padecido por este presunto caso de acoso laboral.
El juicio estaba señalado para el pasado jueves, pero se ha aplazado hasta principios de diciembre. No será el único al que tenga que enfrentarse el Consulado de Marruecos por esas fechas. Un mes antes, deberá responder frente a la demanda de otro trabajador, también agente local, a quien la actual cónsul, Fatiha El Kamouri, despojó de sus funciones de responsable de caja, mantenimiento y actualización de los archivos y enlace con los centros que acogen a menores no acompañados para convertirlo en su conductor.
El juicio de este primer empleado también fue suspendido en abril. Entonces, el abogado del Consulado de Marruecos ofreció al demandante un acuerdo con dos alternativas: extinguir el contrato e indemnizarlo con 55.000 euros (más de lo que reclama por daño moral) o reincorporarlo como conductor con horario de 9 a 17 horas. El agente local lo rechazó porque quiere ir a juicio para tratar de demostrar que hubo acoso laboral por parte de la cónsul.
La segunda demandante trabaja en el Consulado de Marruecos desde hace cuatro años. Con formación en comercio y marketing, comenzó realizando funciones administrativas, primero en el Registro Civil y después en la recepción, en la tramitación de pasaportes.
Tras la llegada de la actual cónsul, en septiembre de 2022, esta trabajadora asumió más funciones, entre ellas la realización de certificados o las propias de caja, de contabilidad, precisamente en sustitución del primer denunciante. Y fue en ese momento cuando, según la agente, empezó lo que califica de un “trato vejatorio y denigrante”. En la demanda relata varios episodios. Sostiene que la cónsul le dijo que debía acudir al centro de trabajo los fines de semana pese a que su trabajo es de cara al público y el Consulado sólo abre de lunes a viernes. Siempre según el relato de la demandante, tras su queja le ordenó “que se pusiera a subir ordenadores viejos a la segunda planta”, lugar donde se encuentra el archivo.
También cuenta que ese primer sábado estuvo hasta las cinco de la tarde “con la prohibición de salir del consulado ni para comer” y que a su salida “se desmayó en la misma puerta”, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.
El fin de semana siguiente la trabajadora comunicó que no iba a acudir al centro, puesto que su contrato estipulaba que su jornada era de lunes a viernes. La agente local afirma que la cónsul le reprochó que quisiera trabajar bajo la normativa española, que incluso cuestionó su titulación y que llegó a acusarla de filtrar información confidencial del Consulado “sin especificar a quién ni cómo ni cuándo”.
Menos de dos meses después de la llegada de El Kamouri, la trabajadora causó baja médica de larga duración. Se reincorporó a finales de julio del año pasado, siendo trasladada a la tercera planta del edificio consular, al despacho del notario.
Según su relato, el vicecónsul le dijo que haría funciones de “inventario de material”. Sin embargo, desde ese momento la trabajadora se encuentra ubicada “en una mesa vacía, sin ordenador, con un teléfono desenchufado, sin ningún tipo de material y despojada absolutamente de funciones”. La demandante asegura también que se le ha prohibido subir a la quinta planta, donde se encuentra la cocina y el office, por lo que “no puede calentar la comida y tiene que comer en su propia mesa”.
En el mencionado escrito manifiesta que se le ha prohibido hablar con sus compañeros y que ha recibido la advertencia de que las cámaras de seguridad tienen audio, por lo que “además de verla, la escuchan”.
La empleada cuenta a modo de ejemplo que, debido a este aislamiento, a principios de abril se quedó encerrada en el Consulado porque nadie la avisó de que ese día cerraba sus puertas antes del horario habitual.
En fechas recientes, la trabajadora recibió una respuesta por escrito de la cónsul ante su petición de que le encomendaran funciones y le facilitaran materiales. En esa contestación, El Kamouri señala que las funciones de la agente local están vinculadas con el control del personal y del trabajo de la empresa de limpieza, así como del inventario y reposición de los productos de limpieza o la custodia de la documentación referente a este servicio. En relación con el material, la empleada asegura que sólo se le han facilitado tres bolígrafos y un subrayador azul.
En el momento de interponer la demanda (principios de junio), cuatro de los seis agentes locales del Consulado de Marruecos en Canarias se encontraban de baja “con diagnóstico de cuadros ansiosos por la conflictividad laboral”. Este periódico ha intentado recabar la versión del Consulado, pero no ha obtenido respuesta.