La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ha sostenido este viernes en una rueda de prensa montada en el Muelle de Arguineguín que su detención este jueves por presunto delito electoral y contra la administración pública en las elecciones municipales de 2015 y 2019 podría estar vinculada a su defensa “por los derechos humanos” de los migrantes africanos que acampan en el puerto del sur de Gran Canaria.
Para escenificar con mayor dramatismo esta explicación suya a lo ocurrido este jueves, la alcaldesa, que ya fue imputada por un delito similar en 2015, eligió hacer las primeras declaraciones tras la detención justo delante del lugar en el que desde hace días permanecen los inmigrantes. Con más apariencia de mitin (con aplausos incluidos) que de rueda de prensa, Onalia Bueno no dijo en ningún momento que no se hubiera cometido dicho fraude electoral ni dedicó ni un segundo a aclarar la grabación difundida por este periódico en la que se la escucha explicar cómo manipular el voto por correo; solo desvió la atención hacia la crisis migratoria que vive Canarias las últimas semanas y se autoerigió en la voz de esos migrantes. De ahí, según ella, su detención.
“Qué casualidad que yo haya estado la semana pasada haciendo ruido mediático por esta causa y luchando por los derechos humanos de los migrantes, una causa justa, ellos (la policía judicial de la Guardia Civil) hayan tenido la oportunidad de hacer lo que han hecho”, acusó la alcaldesa a los investigadores de un caso que pretende cerrar el círculo de la presunta compra de votos y su relación con pequeños y grandes favores a vecinos y empresarios del municipio turístico de Mogán. “Alzar la voz contra el Estado sale caro”, remató.
Bueno ha calificado la detención, por otra parte obligada para proceder con todas las de la ley a un registro, como “desmedida” y “desproporcionada”. Ha defendido que la documentación que buscaban los agentes ella misma podría haberla entregado en caso de ser requerida. Y ha dicho en que volverá a pasar “la condena del telediario” si es necesario, haciendo alusión al aluvión de noticias que despertó el registro de la Benemérita en el Ayuntamiento de Mogán y en las oficinas municipales de Arguineguín en busca de pruebas de una presunta compra de votos del partido Ciuca en los últimos dos comicios.
La Guardia Civil presentó una orden de registro en ambos establecimientos y, según los abogados consultados por esta redacción, para ello debe de estar delante el investigado en calidad de detenido y ante una comitiva mandatada por un juez, como así sucedió. De lo contrario se podría alterar la investigación con documentos falsos o la destrucción de los mismos. La alcaldesa ha machacado con que “no fueron las formas” pero que tiene “callos en la espalda para esto y más”.
Bueno ha aseverado que todavía no ha recibido fecha para declarar en sede judicial como imputada en el caso. Aunque ha preferido mostrarse tranquila y serena al respecto, asegurando que “vamos a ir a explicar todo esto a los jueces”. La Guardia Civil lleva año y medio recabando datos, testimonios y hasta más de 500 imágenes del presunto delito electoral en la jornada del 26 de mayo de 2019. También una grabación, publicada por este periódico, de cómo Onalia Bueno le explicaba a un colaborador de Ciuca el proceso de manipulación del voto por correo. La alcaldesa ha hablado de la trama como “otro capítulo más” que aclarará cuando le toque y que colaborará “en todo momento”.
“Nos toca defenderos y esclarecer todo esto. Estoy muy tranquila y no me siento perseguida. No nos van a apartar de la hoja de ruta que adoptó este gobierno en 2019”, añadió en la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, que fue celebrada en el muelle de Arguineguín y contó con los recursos municipales del propio Ayuntamiento.
En relación al caso, el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado este viernes que en fechas todavía no señaladas los tres detenidos (aparte de Onalia Bueno, el teniente de alcalde, Mencey Navarro y la concejala de Coalición Canaria, Tania Alonso) pasarán a disposición judicial. Será, en todo caso, después de que la Guardia Civil desmenuce y coteje la ingente prueba documental requisada este jueves en tres registros de diferentes dependencias municipales. Quienes sí tienen ya cita para declarar, a partir del viernes 25, son denunciantes y testigos de este nuevo caso de presunta corrupción política en Mogán.
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