“Magnífico piso en una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria”; “bonito estudio en el centro de la ciudad”; “piso amueblado, práctico, muy bien comunicado” o “sólo buscamos funcionarios”. Así comienzan muchos de los anuncios de viviendas de alquiler en diferentes webs en Canarias. Y continúan, “tres meses de fianza”; “contrato fijo y nómina superior a los 18.000 euros anuales”; “al menos un aval”, etc. Cada día se publicitan en las Islas cientos de pisos con unos precios que, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, contribuyen a la creación de barreras económicas y burocráticas. La ausencia de una política de vivienda que ‘meta mano’ en este asunto se traduce en unos resultados objetivos: 997 de euros de media en el precio de alquiler en la provincia de Las Palmas, según un informe del portal inmobiliario Pisos.com, y 138.000 inmuebles vacíos en el Archipiélago.
Desde el pasado mes de septiembre hasta ahora, la media del alquiler ha aumentado en 248 euros en la provincia de Las Palmas, indica el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez. Unos datos que se contradicen con la situación que viven los isleños: más del 40% de la población en riesgo de exclusión social y de pobreza y los trabajadores sobreviviendo con uno de los sueldos más bajos de todo el país.
Rodríguez aclara que esto se debe, en primer lugar, a la “inoperancia” de las instituciones. El portavoz del sindicato explica que, en la mayoría de los países de Europa, con sueldos muchos más elevados que en España, entre el 30 y 40% de la población vive en régimen de alquiler social. En España sólo representan el 3% de la población.
Otro de los factores influyentes es el elevado número de viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres después de que estallara la burbuja de la construcción y la crisis económica. En estos momentos, cuando las islas sufren la mayor subida de alquiler de la historia, hay 138.000 viviendas sin habitar. Hay un exceso de demanda y un déficit de oferta que no tendría por qué existir.
Ante esta situación, desde el colectivo se plantea la rehabilitación y finalización de esas viviendas, muchas a medio construir. “Llevan nueve años sin edificar ningún tipo de vivienda pública y ni siquiera creemos que el modelo sea construir e invertir en hormigón, sino que se llegue a un acuerdo con los titulares de esas viviendas abandonadas y se habiliten para todas esas familias”.
La empresa pública de promoción de viviendas de alquiler es otra de las barreras que complica el problema de la falta de vivienda en Canarias. Desde el sindicato de inquilinos tachan de “ineficaz” la gestión de Visocan ya que mantiene muchas casas vacías, sobre todo en la capital grancanaria. “En Ciudad del Campo hay gran cantidad de casas sin habitar y no se entregan a pesar de que hay personas demandando vivienda”, aseguran.
El vicepresidente y abogado de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Javier Valentín, sostiene posturas coincidentes en relación al problema del alquiler en las Islas. La recuperación económica que vive el país facilita a los arrendadores subir los precios del alquiler tratando de recuperar el nivel precrisis. “Desafortunadamente los salarios de la población no han crecido en la misma medida”, lamenta.
A esto se le añade la existencia de fondos de inversión y grandes entidades bancarias que cuentan con un gran ‘stock’ de inmuebles vacíos. “Hace unas semanas la ONU dio un toque de atención a España para que metiera mano a los fondos buitre que no ofertan las viviendas y especulan con sus precios”, recuerda el vicepresidente del colectivo. Asimismo, Valentín opina que la ausencia de un plan de vivienda pública y el retraso en las ayudas al alquiler por parte del Gobierno de Canarias son otros factores que respaldan la inflación de precios.
El alquiler vacacional, “se trata de un elemento que ha entrado a formar parte de este juego social en relación con la vivienda”. Valentín cree que desde la administración pública no se buscan soluciones reales al problema y se camufla culpando “al último que llegó o que más ruido hace”. Según datos de la asociación, las VV (viviendas vacacionales) solo representan un 3% en Canarias. “No hay quien se crea que el 3% de las viviendas estén causando la subida de precios”, afirma.
“Hay propietarios que han decidido sacar su vivienda de alquiler de larga temporada y lo dedican al alquiler vacacional. Al fin y al cabo, cada persona dedica su vivienda a la finalidad que considere más oportuna”.
Por el contrario, el portavoz del sindicato de inquilinos considera influyentes a las VV en esta subida de precios. La decisión del Gobierno autonómico de regularlo solamente en zonas turísticas hace que “en muchos barrios obreros existan este tipo de alquileres”, afirma Rodríguez. “Se está dando el proceso de gentrificación, las personas se van de los barrios donde nacieron, crecieron y tienen su red apoyo familiar porque no tienen forma de seguir viviendo”, lamenta.
Rodríguez asegura que el barrio de La Vega de San José, en la capital grancanaria, es uno de los más afectados por este proceso. Es muy habitual observar la placa distintiva de VV en esta zona de la ciudad. Además, el hecho de que se sitúe allí el Palacio de Justicia hace que los funcionarios quieran tener viviendas cerca y se inflen los precios del alquiler. “En San Cristóbal tenemos registrado un estudio de 30 metros por 600 euros, una locura. ¿A cuánto se está alquilando el metro cuadrado?”, se cuestiona.
En otros casos, tras un breve rastreo en diferentes webs de alquiler, se puede observar: un apartamento de 70 metros cuadrados y dos habitaciones en Arguineguín (Mogán), 850 euros mensuales; un piso de una habitación y 50 m2 en la zona Isleta-Puerto-Guanarteme por 1.000 euros; un estudio en la zona de Playa Chica, en Las Canteras, por 800 euros; una casa terrera a 50m en la playa de Arinaga, tres habitaciones por 975 euros, entre otros muchos.
“Si casi la mitad de la población es pobre y tiene los alquileres más caros abocas a mucha gente a la indigencia, aumentan el número de desahucios. La circunstancia es de emergencia habitacional, pero oficialmente no se declara”.
La emancipación “una utopía”
Uno de los índices de paro más altos en Canarias se da entre la población joven, de 20 a 25 años. El acceso al empleo es cada vez más difícil y la emancipación se ha convertido en “una utopía”, opina Rodríguez. “Estamos asistiendo a jóvenes que viven en una situación totalmente precaria”, insiste. “Alquilan habitaciones entre dos o tres y en un apartamento de tres habitaciones acaban viviendo unas 10 personas para poder sufragar el alquiler entre todos”.
El portavoz de los inquilinos grancanarios añade que “otros muchos no pueden irse de alquiler y tienen que seguir viviendo con sus padres”. Lo “peor” de esta situación, opina, se da cuando los servicios sociales “reprueban” estas condiciones de vida considerando que “no son óptimas”, pero las instituciones “no hacen ningún tipo de programa de vivienda útil”. “Sin nómina, sin tres o cuatro meses de fianza y sin ningún tipo de aval no se concede un contrato de alquiler”.
“El sueldo mínimo interprofesional está en 900 euros, que no quiere decir que todos los trabajadores lo cobren, y la media del alquiler en la provincia de Las Palmas está en 997. Ni con el 100% de tus ingresos pagas una casa”. En este punto señala que la situación de las familias ha cambiado y se han creado nuevos modelos. “Hay muchas madres solteras que dependen de un salario único y exclusivo para sacar a su hijo adelante y con estos precios es totalmente ”inasumible“, crítica Rodríguez. ”Al final casi nos abogan a la idea de que trabajen los niños para pagar el alquiler“.