La necesidad de trasladar las aulas a un entorno virtual debido a las limitaciones impuestas para contener la propagación de la COVID-19 y la inquietud por la decisión generalizada de las administraciones públicas de usar para este fin el paquete de herramientas de Google, G-Suite for Education, condujo a un grupo de docentes de la Universidad de La Laguna (ULL) a unirse hace más de un año para impulsar un proyecto que promueve la utilización de tecnología ética en los centros educativos, garantista con la protección y la privacidad de los datos de los usuarios. La asociación original, denominada Educatic -Tecnologías para le Educación y Transparencia Tecnológica-, está dando los últimos pasos para convertirse en fundación. El objetivo es dar continuidad y permanencia al proyecto y obtener más recursos.
Luis Fajardo, profesor asociado de Derecho Civil y ex delegado de Protección de Datos de la universidad tinerfeña, es el director del proyecto. Según explica, el colectivo reúne a profesores formados en el origen de internet, con amplios conocimientos de la red y de todas sus posibilidades. Educatic parte de una premisa: la tecnología no es neutra desde el punto de vista ético. A Fajardo, como a sus compañeros, les preocupa “el modelo de sociedad que se ha construido” en torno a gigantes tecnológicos como Google y otras compañías que “se nutren económicamente de los datos” obtenidos a través de sus productos. “Se busca dirigir comportamientos”, señala el especialista.
El convenio firmado a principio de curso entre la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y Google para la implementación en los centros educativos de las islas de G-Suite for Education encendió las alarmas de los expertos en privacidad de datos. En el acuerdo se estipula que la empresa no cobrará por estos servicios -al menos en sus cuatro años de vigencia-, que no usará los datos de los alumnos para fines publicitarios y que los borrará una vez concluya el periodo estipulado. La administración ha insistido también en que esa plataforma de educación virtual cumple los requisitos exigidos en el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, que no tiene brechas a través de las que puedan entrar personas ajenas a este convenio.
Sin embargo, Fajardo y otros profesionales del sector llevan tiempo advirtiendo de que seguridad no es sinónimo de privacidad y que esa información va a estar en manos de una empresa a la que le interesa generar perfiles de usuario para poder utilizarlos en un futuro y hacer negocio con ellos. Además, recuerdan que a esta y otras compañías tecnológicas se les han impuesto sanciones en los últimos años por vulnerar la normativa de protección de datos y la privacidad de la información de los usuarios. Las consecuencias para el futuro de los estudiantes “son imprevisibles”, señalan desde la asociación Educatic, “desde privarlos del acceso a un trabajo, a un contrato de seguro, a un préstamo...”
El colectivo se plantea llevar el convenio con Google a los tribunales para exigir el cumplimiento de la normativa relativa a la protección y privacidad de datos. Entiende que ese sistema basado en la “economía de la vigilancia” no es legal en la administración pública y es “pernicioso” para la educación. En cualquier caso, defiende que la labor primordial de la actual asociación y de la futura fundación es colaborar, ser proactiva para facilitar el tránsito hacia un modelo de tecnología ética. Fajardo sostiene que la relación con el Gobierno de Canarias es buena, que la Consejería de Educación está abierta, al menos en su discurso, a la entrada de otras herramientas y que el objetivo es que esas palabras se traduzcan en hechos y que la apuesta por recursos alternativos respetuosos con los valores que la asociación propugna se materialice para el próximo curso, tarea para la que mantendrán próximamente un encuentro con representantes de la administración.
Los docentes proponen el uso de varias herramientas. Una de ellas es BigBlueButton, un sistema de videoconferencias que ya utilizan en sus clases en la ULL. “Tenemos experiencia con este recurso, no tiene parangón. Lo probamos y nos satisface a todos. Nos permite crear sinergias” con el alumno, defiende Fajardo. Sostiene que no es solo una cuestión jurídica y de respeto a los principios de tecnología ética y cultura libre, sino que también hay una motivación pedagógica, de usabilidad y de concepción de la educación. Esta herramienta dispone de una pizarra interactiva que permite aplicar “numerosos recursos didácticos”. “Los alumnos pueden escribir a la vez en esta pizarra. En general, el profesor controla la participación de forma mucho más amplia que meramente levantar la mano y ceder la palabra”, explica la asociación, que añade a esta funcionalidad la posibilidad de ver un vídeo dentro de la sesión y poder pararlo o hablar sobre él, una ventaja con respecto a otros recursos; dividir la pantalla en varias partes, o compartir una presentación y poder hacer anotaciones sobre ella.
Las clases en BigBlueButton quedan grabadas, pero “no para ser difundidas”, ya que está prohibido, sino para que los alumnos puedan visionarlas cuantas veces quieran. “Se puede hacer lo que llamamos una clase invertida. El alumno no está preocupado de tomar notas, sino de comprender, de escuchar con atención. Ese cambio lo facilita la tecnología. Soy partidario de las clases presenciales, pero también del uso de la tecnología. Cuando vuelva la docencia presencial, no deberíamos abandonar este recurso. Es una herramienta muy útil”, afirma.
Este grupo de docentes quiere proponer además a la Consejería de Educación, “por su versatilidad”, Mattermost, un servicio de chat en línea de código abierto. “A un docente lo que más le interesa es que la comunicación con el alumno sea sencilla. Es lo que más ha gustado de Google Classroom. Eso mismo se tiene con Mattermost, funciona como una herramienta de trabajo en equipo. Es similar a Slack, un recurso que muchas empresas usan para el trabajo colaborativo. Se puede buscar, organizar, etiquetar... Es más organizado que el correo”.
Como alternativa a Google Drive, la aplicación del gigante tecnológico para el almacenamiento de archivos, alude a Nextcloud. “Es un perfil mucho más abierto, de código libre, y cumple las estipulaciones del reglamento europeo de protección de datos”, destaca el director del proyecto, que recalca que es tecnología que “está muy rodada” y que apenas se tardaría “un mes” en implementarse en las aulas. “Es una cuestión de voluntad política. Si se cuenta con las distintas capacidades de las administraciones, se puede. Hay recursos y personal para hacerlo”. La principal dificultad, sostiene, es que el profesorado “se ha acomodado” a un producto, el paquete de herramientas G-Suite for Education. “Entrar es muy fácil, salir es muy complicado. La estrategia de Google es entrar gratis y, cuando lo usen todos, empezar a cobrar. Ya ha metido el gol”, señala uno de los promotores de la iniciativa.
Capacitación tecnológica
Fajardo recalca que el propósito no es simplemente propiciar el uso de herramientas alternativas, sino también de capacitar en tecnología a los alumnos. “La capacitación tecnológica no es enseñar a utilizar un programa, Google Classroom. Es saber cómo funciona la nube, internet, qué es una dirección IP, cómo se usa en fraude, conocer cuestiones relativas a la seguridad informática, cómo se pueden mejorar las clases con pocos recursos...” Uno de los proyectos de la futura fundación es la elaboración de un manual de educación tecnológica.
También aspira a asesorar a las oficinas de software libre de las universidades en estandarización, para que se conozca la normativa que hay que cumplir, y extender el uso de herramientas alternativas a colectivos y colegios profesionales. Desde su web ofrece la posibilidad de utilizar con un mismo identificador otros recursos coherentes con esta idea y con funcionalidades similares a Whatsapp o Twitter, como Jabber y Mastodon, u otros servicios de correo, vídeos y edición y repositorio documental.
Para poder desarrollar todos estos proyectos, Educatic ha abierto una canal de financiación a través de una campaña de micromecenazgo. Hasta la fecha, todo el dinero ha salido del bolsillo de sus promotores. El colectivo explica que los donantes que decidan apoyar el proyecto podrán elegir a qué fin quieren que se destinen los fondos, si a la interposición de acciones judiciales, a servicios educativos, cursos y divulgación o servicios tecnológicos para la sociedad. Este grupo de docentes canarios se mantiene en contacto y colaboración con otras iniciativas similares en el territorio nacional y aúna fuerzas en la plataforma esLibre, que celebrará un congreso a finales de junio en el que esperan hacer “la puesta de largo” de la fundación.