Cada año son más los funcionarios que acuden a la sanidad pública ante unos seguros privados que seleccionan riesgos

La sanidad privada sigue perdiendo fuerza entre el funcionariado. El último informe de la Asociación para la Integración y el Desarrollo de la Sanidad (IDIS), una fundación que representa y defiende a las principales empresas del sector, confirma una tendencia. Cada vez son más los trabajadores de la administración central, de las Fuerzas Armadas y de Justicia que prefieren o se ven abocados a acudir a la sanidad pública en lugar de recurrir a sus seguros privados, a la cobertura sanitaria que el propio Estado les ofrece a través de los conciertos con las mutuas. 

El modelo de mutuas se instauró en España en 1975. Desde ese momento, los funcionarios pueden elegir entre proveedor público o privado para recibir asistencia sanitaria. Es decir, pueden acudir a la red del Sistema Nacional de Salud, a los centros de salud y hospitales públicos, pero también están cubiertos por los seguros privados que financia el Estado a través de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles), Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial).

Con independencia de quien les asista, los empleados públicos deberían obtener en cualquiera de las dos vías las mismas prestaciones que la población general. Sin embargo, en los últimos años el sindicato mayoritario en la Función Pública (CSIF), el Defensor del Pueblo o las asociaciones en defensa de la Sanidad Pública han puesto en entredicho que sea así. Un reciente estudio en el que han participado dos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ofrece una “prueba indirecta”, a partir de los datos de hospitalización por cáncer en la Comunidad Valenciana, de que las compañías de seguros esquivan a los pacientes de alto coste, que se ven abocados a ir a la red pública. 

El último informe de IDIS, elaborado a partir de datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), revela que el año pasado el 22% del funcionariado recurrió a la sanidad pública y el 78%, a la privada. Según los informes precedentes de la misma fundación, en 2022 acudía a la sanidad privada el 82%: hace cinco años, el 84%, y hace diez, el 86%. 

La tendencia, por lo tanto, se confirma y se acentúa en el último año. Aunque sigue siendo la opción mayoritaria entre el funcionariado, sobre todo por la posibilidad de elegir especialista y sortear las abultadas listas de espera que sufre la población general, la selección de la sanidad privada ha ido cayendo con los años en favor de la pública. En 2023 había 1,68 millones de empleados públicos asegurados por Muface, Isfas y Mugeju. De ellos, aproximadamente 370.000 fueron a la pública. En 2022 había más mutualistas, 1,73 millones, pero acudían a la red del Sistema Nacional de Salud bastantes menos, en torno a las 311.000 personas. 

El número de asegurados por las mutuas ha ido bajando de forma progresiva. En 2018 eran 1,83 millones. En 2023 esa cifra se redujo hasta 1,68 millones, un 9% menos. En cambio, el volumen de primas, el dinero que ingresan las compañías aseguradoras para prestar estos servicios, se ha ido incrementando, aunque las empresas del sector insisten en que están infrafinanciadas. Hace un lustro, las primas ascendían a 1.593 millones de euros. En 2023, esa cantidad supera los 1.700 millones. En términos porcentuales, la subida es superior al 6%. 

Eficiencia

Como cada año, la fundación IDIS destaca en su informe que este modelo de mutualismo administrativo “aporta eficiencia a la sanidad pública”. Para sostener esa tesis, compara el gasto público per cápita en salud (1.736 euros) con el de los mutualistas (1.030 euros). El ahorro sería, por tanto, de 706 euros por cada funcionario. Y esa diferencia, el supuesto ahorro para las arcas públicas, no ha hecho más que crecer en el periodo analizado, en los últimos cinco años. En 2018, el gasto per cápita de las mutuas era de 885 euros y el público, de 1.228 euros. 

Sin embargo, este dato tiene otra lectura. “Los pacientes más costosos están saliendo de la privada, están siendo tratados en la pública”, decía en una reciente entrevista en Canarias Ahora el investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Jaime Pinilla, uno de los autores de un artículo que revelaba que los ingresos por cáncer en hospitales públicos son “desproporcionadamente más prevalentes” entre los mutualistas que en el resto de la población. 

Ese estudio aportaba pruebas, al menos “indirectas”, de una realidad que llevan denunciando desde hace tiempo las asociaciones en defensa de la sanidad pública, así como algunos sindicatos e incluso el Defensor del Pueblo. Los resultados de la investigación confirmaron la hipótesis de la que partían sus autores: la prima de esos seguros no cubre todos los riesgos de los mutualistas y que, por tanto, las empresas tienen “incentivos para la selección de riesgos, que son más visibles en los pacientes de alto coste”. Es decir, que los seguros privados de salud esquivan a aquellos pacientes cuya asistencia sanitaria implica un alto coste, como pueden ser los afectados por patologías oncológicas. Lo hacen, según expone ese mismo artículo, imponiendo barreras a los mutualistas, como la deslocalización de las prestaciones o el envío de señales “de baja calidad” para que acudan a la pública. 

El Ministerio de Función Pública ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un informe de evaluación de los servicios de las mutuas de funcionarios. Sumar, la coalición de la actual ministra de Sanidad, Mónica García, proponía en su programa electoral la paulatina eliminación de este modelo que hunde sus raíces en el tardofranquismo. La sanidad privada, en cambio, aboga por extenderlo y generalizarlo bajo esa premisa de una mayor eficiencia.