El varamiento de 337 ballenas sei ocurrido hace un año en la Patagonia chilena sigue siendo un misterio sin resolver para la comunidad científica, pero el equipo de referencia para el análisis patológico de cetáceos está convencido de que, esta vez, el hombre no tuvo la culpa.
El Gobierno de Chile acaba de nombrar una comisión internacional de cinco expertos para investigar lo ocurrido en marzo de 2015 en el Golfo de Penas, cuatro de ellos estadounidenses: Teri Rowles, coordinadora nacional de Redes de Varamiento en EEUU; Frances Gulland, miembro de la Comisión de Mamíferos Marinos de EEUU, William Maclillan, de la Universidad de Carolina de Norte; y Kaity Moore, de la Fundación Internacional para el Bienestar Animal.
El quinto experto -y el único europeo- es el director del Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Fernández, cuyo equipo está considerado la referencia mundial en análisis patológico de cetáceos varados.
Fernández cobró notoriedad internacional hace diez años tras publicar un trabajo que demostraba que dos varamientos masivos de zifios ocurridos en 2002 y 2004 en las costas de Lanzarote y Fuerteventura estaban directamente relacionados con los equipos de sonar utilizados por la Armada Española y la OTAN en unas maniobras.
Las conclusiones de este catedrático de Veterinaria fueron tan contundentes que el Parlamento Europeo recomendó en 2004 que no se volviera a emplear el sonar en maniobras navales que tuvieran como escenario lugares habitados por cetáceos. Desde entonces, no se ha producido ningún otro caso de varamiento masivo en Canarias.
Fernández acaba de regresar de Chile de examinar las muestras tomadas por sus colegas locales entre los cadáveres de las ballenas que vararon en el Golfo de Penas y de asesorar a los equipos de ese país sobre cómo actuar con más eficiencia “forense” si el fenómeno se repite. Y está convencido de que esta vez no se puede culpar al hombre de lo ocurrido, al menos directamente, por unas maniobras, unas prospecciones de búsqueda de petróleo o un vertido contaminante.
Este experto, autor del mayor número de estudios de impacto mundial publicados en esta materia en los diez últimos años, al que sus colegas consideran la cabeza visible del CSI de los cetáceos, reconoce que le parece muy extraño que si la muerte de esos rorcuales se debiera a un agente contaminante, matara solo a individuos de una especie, pero no a más cetáceos o peces.
Tampoco le encaja otra de las hipótesis que se barajan en la Patagonia: un ataque de orcas, que supuestamente provocó el equivalente marino a una estampida y llevó a las ballenas a varar en masa. Y no le cuadra porque ni una de las 337 ballenas presentaba signos de dentelladas por parte de sus supuestos depredadores.
Fernández subraya que apenas se sabe nada de las enfermedades propias de las ballenas sei, una especie en peligro de extinción, por lo que no cabría descartar que hayan sido víctimas de algún tipo de virus sólo letal para ellas. Pero de nuevo apunta una objeción: los animales analizados por sus colegas chilenos tenían el estómago lleno de comida, lo que sugiere una muerte rápida, porque los cetáceos enfermos languidecen durante tiempo y apenas comen.
Este catedrático se inclina más por el efecto de algún tipo de biotoxina, ya que se conocen algunas que son capaces de matar a delfines en el curso de minutos. De hecho, algunos de los cuerpos examinados presentaban indicios de biotoxinas, pero no concluyentes.
“¿Por qué no podemos estar ante una situación nueva, desconocida?, se pregunta este experto, que se inclina por pensar que a las 337 ballenas las mató algún tipo de biotoxina generada por las algas en medio de una concatenación de factores, entre los que no se puede descartar ni el calentamiento global ni el El Niño.
“En ese contexto hay que seguir investigando. En el mundo vamos a ver muchas cosas nuevas o que quizás alguna vez existieron y vuelven ahora a aparecer”, añade.