El negocio de los seguros de salud privados ha aumentado un 80% desde la crisis económica en Canarias

La crisis económica global de 2008 impulsó el negocio de los seguros de salud privados en Canarias. Los datos son reveladores. El número de asegurados se incrementó en un 55% en el Archipiélago en apenas una década, mientras que los ingresos de las empresas del sector crecieron un 80% en el mismo periodo. Así se desprende del último informe publicado por el Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), entidad que aglutina a compañías privadas que operan en el ámbito sanitario. En 2010 eran 263.229 las pólizas de salud contratadas en las Islas. El volumen de primas ascendía a 170 millones de euros. En 2019 esas cifras aumentaron hasta los 417.993 asegurados y los 307 millones.

Aunque la penetración del seguro de salud privado en Canarias sigue siendo inferior a la media del conjunto del Estado (en torno a un 20% frente al 22,5% nacional, según datos de 2019 de la Unión Española de Entidades Aseguradoras -Unespa-), desde el estallido de la crisis financiera el crecimiento porcentual ha sido muy superior en el Archipiélago. En todo el país, el número de asegurados ha aumentado un 10% en el mismo periodo (hasta los 10,5 millones) y las primas, sobre un 40% (superan los 8.500 millones de euros). Es decir, cuarenta puntos menos que en las Islas. 

Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud, habla de un “proceso de privatización acelerado”. La profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) atribuye la expansión de la red privada sanitaria a los recortes en la sanidad pública durante los primeros años de la crisis y a los problemas de acceso al sistema nacional de salud por las elevadas listas de espera y tiempos de demora. “A partir de 2010 y hasta 2013 hubo una reducción importante de recursos públicos y las familias empezaron a contratar seguros privados para determinados servicios, sobre todo de pruebas diagnósticas, pequeñas intervenciones quirúrgicas y consultas a especialistas”. 

El informe de la Fundación IDIS revela que el gasto sanitario público en Canarias no comenzó a recuperar los valores pre-crisis hasta mediados de la pasada década. En 2015 el presupuesto del Servicio Canario de Salud (SCS) era prácticamente idéntico al de 2011 después de haberse incrementado en algo más de cien millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Ya en 2018 el crecimiento se hizo más notorio y el gasto público superó por primera vez los 3.000 millones de euros, un 25% más que a principios de la década. 

Durante todo este periodo y hasta finales de 2019 Canarias se situó como la comunidad autónoma con el mayor tiempo medio de espera para someterse a una intervención quirúrgica. Según los datos publicados recientemente en un informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la actividad en atención especializada, Canarias era en 2018, después de Castilla La Mancha, la región con menos quirófanos por 100.000 habitantes (8,18) y la tercera que menos operaciones realizaba por cada 1.000 habitantes (87,55), una circunstancia que, a juicio del portavoz de este colectivo en las Islas, Guillermo de la Barreda, muestra una “infrautilización” de los recursos. El estudio de la Fundación IDIS recoge, además, que más de la mitad de las cirugías del Archipiélago (un 50,9%) se realizan en clínicas privadas.  

Canarias también ha estado, y sigue estando, en el vagón de cola en las listas de espera para consultas médicas. Los últimos datos publicados en el sistema de información del Sistema Nacional de Salud, correspondientes a junio de 2020, desvelan que la demora media para concertar una cita con el facultativo especialista en las Islas es de 149 días, la segunda mayor tras la que registra Catalunya (158). El Archipiélago es, además, la comunidad con el mayor porcentaje de pacientes que llevan más de seis meses esperando (un 85,8%). 

Es en este contexto en el que se ha disparado la contratación de pólizas de salud en Canarias. Beatriz González explica que en España ha proliferado un tipo de seguro sanitario “de muy baja cobertura y, por tanto, muy barato” que las empresas han ido ofreciendo durante esta última década “como subproducto de otros productos financieros”. “Si ibas a pedir un préstamo hipotecario porque te querías comprar una vivienda, te reducían unas décimas el tipo de interés si contratabas un seguro sanitario con esa compañía”, señala. La experta en Economía de la Salud recalca que algunas de las principales empresas aseguradoras del país pertenecen a entidades financieras. No en vano, la que acumula el mayor volumen de primas es de La Caixa. Y no solo la banca comercializa estos productos. “Vas a comprar un mueble a Ikea y resulta que allí mismo te ofrecen un seguro de salud. El perfil de muchos es así y por eso el volumen ha crecido muchísimo”. 

Para Guillermo de la Barreda, es “lógico” que los ciudadanos acudan al sector privado cuando, “desgraciadamente, la pública no soluciona los problemas”. El portavoz en Canarias de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública achaca el incremento en el número de asegurados a la “falta de inversión pública en las Islas, de las más bajas de toda España” y lamenta que esta situación aboque a un porcentaje importante de la población al pago de una “doble sanidad” que “solo crea un mayor índice de desigualdad entre las personas”.

En torno al 30% del gasto sanitario en Canarias corresponde al sector privado, contabilizando los conciertos con la sanidad pública, los pagos “de bolsillo” y los seguros médicos. Con respecto al crecimiento de estos últimos, portavoces oficiales de Unespa, la patronal aseguradora, sostienen que su éxito radica en sus precios “competitivos y accesibles”, en su “amplia” oferta y en sus “características diferenciales”. “Algunas ventajas que no ofrece el servicio de salud son la posibilidad de acceder al especialista sin pasar antes por el médico de familia, el acceso a una habitación individual en caso de hospitalización, una atención personalizada o un amplio cuadro médico”, afirman.

Desde Unespa subrayan que se trata de productos que se utilizan “de manera recurrente”, por lo que se logra “una fortísima sensación de servicio” entre los clientes. La patronal atribuye una parte importante del incremento experimentado en la última década al mecanismo del “pago en especie”. “Muchas empresas han incorporado el seguro de salud para sus trabajadores como concepto retributivo complementario. Es, de hecho, uno de los beneficios sociales más valorados entre la plantilla, lo que hace que constituyan una herramienta de atracción y retención del talento y de reducción del absentismo laboral”. 

El sector privado defiende que el incremento en la contratación de pólizas libera de recursos al sistema público y mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria, con tiempos de espera mucho más reducidos. La catedrática de la ULPGC precisa que esta aseveración es cierta siempre que el consumo de recursos sea el mismo. “Puede ocurrir que como en el privado no tienes médico de cabecera que te mande al especialista, tengas que ir de 'shopping' de especialistas por tu cuenta. Puede ocurrir que la utilización de recursos sea en realidad mayor, que no sustituya”. Además, cree que se le puede dar otra lectura. “Si seguimos esa deriva, acabamos privatizando el servicio sanitario. A medida que las clases medias dejan de utilizar la sanidad pública, dejan de sostener socialmente el sistema público y empezarán a decir que por qué pagan impuestos por servicios que no utilizan”. 

Beatriz González, que también ha sido asesora de los gobiernos canario y central durante la pandemia de COVID-19, recalca que la sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud, es “el mayor logro del Estado del Bienestar en España” y que con esta forma de “mordisquearla poco a poco” se puede desnaturalizar. Para la investigadora, este “acelerado proceso de privatización” conlleva un riesgo importante para el sistema sanitario público, que se puede acabar convirtiendo en un recurso que “solo utilicen los que no pueden tener un seguro privado porque no tienen dinero o tienen enfermedades graves, porque los seguros privados tienen derecho, y lo hacen, a seleccionar por riesgo y, por tanto, no aseguran a cualquiera, aseguran a personas que van a utilizar servicios poco complejos y baratos”. 

Este escenario, redunda la experta, limitaría el papel de la sanidad pública a la asistencia de procesos “complejos y caros”. “Eso no es lo que queremos, no es lo que se consiguió con un Sistema Nacional de Salud que atiende de forma universal a todos los ciudadanos”, apunta.

Conciertos con la sanidad privada

Canarias destina algo más del 9% del presupuesto sanitario a los conciertos con el sector privado, según reflejan los informes de la fundación IDIS y de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Este dato sitúa al Archipiélago como la cuarta comunidad, tras Catalunya, Madrid y Baleares, con mayor porcentaje de fondos destinado a la prestación de servicios con medios ajenos. En la evolución presupuestaria de los últimos cinco años se aprecia un descenso de esta partida durante los ejercicios 2016 y 2017, con cuentas aprobadas con el PSOE liderando la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias (de los 214 millones a los 205 y 207, respectivamente). En 2018, ya con Coalición Canaria (CC) gobernando en solitario, la cantidad se incrementó hasta los 219 millones y un año más tarde volvió a elevarse hasta los 224. Es decir, un incremento de cerca del 9% en dos años. Esa cantidad se mantuvo para el ejercicio 2020, recoge el estudio de la fundación IDIS. 

En un artículo difundido esta misma semana, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública sostenía que la concertación ha supuesto “una congelación de recursos humanos e infraestructuras en los hospitales públicos y un suculento negocio para los centros privados” a través de la estrategia consistente en “adquirir antes la alta tecnología e influir para retrasar la compra de equipamiento en los centros públicos”. El sector privado acumula, por ejemplo, el 68% de los equipos de resonancia magnética en el Archipiélago o el 58% de los mamógrafos. Beatriz González sostiene que hay un “perfil de entrada” que sigue este patrón, pero que no se puede generalizar. “Depende del lugar y de la tecnología. Si son atractivas porque van a tener mucha demanda, se suelen incorporar en la privada, que lo rentabiliza enseguida y luego va penetrando poco a poco en la pública”. La catedrática de la ULPGC explica que esto ocurrió en los años ochenta con los ecógrafos. “Tenías que ir a la privada si estabas embarazada. Amortizaban en muy pocos años la inversión”. 

Sin embargo, algunos equipamientos “caros y muy avanzados” no se introducen en la privada. “Son aquellos que no les interesan porque cuestan tanto que no hay seguro que las cubra y los pacientes no la pueden pagar de su bolsillo. Una tecnología relativamente barata, por prueba, sí la va a incorporar la privada porque le interesa, pero no toda tecnología nueva por definición”, precisa la investigadora en Economía de la Salud. 

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública también ha denunciado los “conflictos de intereses” de los jefes de servicio de hospitales públicos que las clínicas privadas “captan para controlar la situación”. “Son especialistas de área y, por lo tanto, responsables de la asistencia sanitaria de toda la población del área de referencia del hospital al que pertenecen”, remarca el colectivo, que entiende que, por ello, “ningún profesional debería atender en una consulta privada o en un centro sanitario privado a ningún paciente al que tiene la obligación de atender en el sistema público”. En este sentido, la ley de incompatibilidades “se ha incumplido y se incumple sistemáticamente”, afirma.