La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha asegurado hoy que “no tiene que recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad”, en referencia a la donación de la Fundación de Amancio Ortega a las islas de 17,17 millones de euros para la adquisición de tecnología de vanguardia para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.
La asociación, en un comunicado, ha denunciado el entusiasmo “que derrochan” por este motivo tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, lo que les hace sonrojarse de “vergüenza ajena”.
Ha criticado que Ortega, el mayor accionista de una de las mayores empresas y fortunas personales del Estado, tendría que demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha defendido una adecuada financiación de las “carencias y necesidades” en sanidad mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos.
Respecto a la Fundación Amancio Ortega, ha indicado que si tan preocupada está por la salud, teniendo en cuenta que su ropa se elabora en gran parte deslocalizada en países como Marruecos o Bangladesh, que mejore las condiciones de trabajo de las personas que directamente o mediante subcontratas trabajan en condiciones de explotación y grave riesgo para su salud y su vida.
Asimismo, ha exigido a esta fundación que trabaje para corregir las violaciones de los derechos humanos que en su opinión se producen en la cadena de producción textil y que se una a la iniciativa legislativa recientemente aprobada en el Parlamento Europeo para obligar a los proveedores de la industria textil que abastecen a la Unión Europea a respetar los derechos humanos de sus trabajadores en todo el mundo.
“Si quiere pasar por empresa ética es en ese nivel donde tiene que demostrarlo y no ofreciendo regalos a quienes no le aprietan las clavijas fiscales”, ha aseverado en la nota.
Según la asociación, no es más tecnología lo que hace falta, sino mejor utilización y sobre todo, insistir en otras políticas de carácter social de las que depende en gran medida la salud, especialmente como consecuencia de la crisis económica, las políticas neoliberales y los factores demográficos.
Ha destacado que no es de recibo que se siga incrementando la carrera de la tecnología, que se dediquen costosos recursos que casi solo favorecen a la industria, mientras que muchas familias carecen de lo más elemental para poder conservar su salud.
Las inversiones más rentables son preventivas, ha agregado la asociación en el comunicado, en el que ha defendido que lo primero que deben hacer los gobiernos es recuperar el derecho universal a la salud perdido con la retirada de 873.000 tarjetas sanitarias y la reforma sanitaria, con sus recortes y copagos.
Esta reforma, según ha resaltado, afecta en especial a los grupos más vulnerables, como inmigrantes en situación irregular, personas de escasos recursos con enfermedades crónicas, a desempleados y en paro de larga duración que permanezcan fuera del Estado español por más de 90 días.
La asociación a favor de la sanidad pública también ha admitido estar harta de escuchar de los gobiernos neoliberales su mantra de la “colaboración público-privada” o la “necesidad de crear riqueza”, cuando lo primero es una falacia dada la divergencia de intereses de ambos sectores y lo segundo una ambigüedad que sugiere que todos ganan algo, cuando las evidencias revelan su verdadero significado: “riqueza para unos pocos y aumento de la desigualdad social”.
En Canarias, ha detallado, la medicina privada crece a expensas del deterioro de la pública y desde 2011 se ha incrementado hasta un 18 por ciento la población que cuenta con un seguro privado.
Mejorar la salud también requiere atender los determinantes sociales mediante acciones en otros sectores, como derogar la reforma laboral para acabar con la precariedad; una renta mínima; atender a las 340.000 personas dependientes que no reciben atención, o el rescate de los parados de más de dos años, ha reclamado.