La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública ha exigido este lunes la destitución inmediata de los responsables políticos por el conocido como Caso Mascarillas. La asociación se refiere a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al pagar cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, para el suministro de unas mascarillas que nunca recibió, al inicio de la pandemia de la COVID-19.
La pérdida de ese dinero justifica la exigencia de “responsabilidades políticas” que deben recaer con carácter inmediato, en el director del Servicio Canario de la Salud, el consejero de Sanidad y el presidente del Gobierno de Canarias, ha reclamado la asociación en un comunicado. “El Servicio Canario de la Salud, la Consejería de Sanidad y, por ende, el Gobierno de Canarias han hecho gala de falta de transparencia y de información completa y veraz”, ha criticado.
Los hechos son, en opinión de la organización, de una gravedad extrema, al haberse producido durante la crisis sanitaria, cuando la población y los profesionales sanitarios “estaban sufriendo los estragos de la pandemia”. Ha expresado, además, que considera “aberrante e inmoral” que en esos momentos tan aciagos hubiera personas queriendo aprovecharse de la situación para buscar su lucro personal, realizando sospechosas operaciones de compraventa de material sanitario de dudosa legalidad “que fueron amparadas, cuando no facilitadas, desde la administración pública”.
“Resulta inaceptable la pérdida de tal cantidad de dinero público, que podría haber sido empleado para cubrir muchas de las necesidades que sigue padeciendo la ciudadanía canaria”, ha alertado en el escrito.
Transparencia
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha reclamado al Ejecutivo regional que se transparenten todas las compras y contrataciones realizadas durante la pandemia, que quedan ahora bajo sospecha. Por este motivo, pide que se esclarezcan todas las cuestiones aún pendientes de responder sobre este caso.
Entre ellas, por qué se realizaron los pagos cuando el Servicio Canario de la Salud ya conocía el fiasco y por qué se pagaron por adelantado unas mascarillas en octubre de 2020, “cuando ya no había problemas de suministro ni estado de alarma que justificara contrataciones sin rigor”. Más aún, continúa la organización, “por qué el Servicio Canario de la Salud continuó encargando material a RR7, la empresa intermediaria, después de haber incumplido el contrato”.
La organización también se pregunta “por qué no se verificó la solvencia de la empresa, tal y como obligaba el procedimiento establecido para la contratación durante aquellas circunstancias excepcionales, y por qué no se comprobó que RR7 no presentaba los mínimos requisitos de solvencia y por qué nadie se percató de que su objeto social nada tenía que ver con el sector sanitario, sino con la comercialización de coches”.
Otra de las cuestiones que quedan en el aire son los motivos “por los que el director del Servicio Canario de la Salud no denunció la estafa ante la justicia, teniendo que enterarse la ciudadanía a través de la denuncia de un particular y por los medios de información y no por la acción del Gobierno”. Cuestiona, además, el motivo de las dimisiones producidas en el área económica del Servicio Canario de la Salud.
“¿Conocía el SCS el riesgo la operación de compra de las mascarillas?, ¿decidió realizar el pago pese a haber sido advertido por los técnicos? Y profundizando: ¿Qué y quién estaba detrás de todo esto?, ¿qué tratos y acuerdos previos explican todo esto?”, se pregunta la asociación.