La asociación del Defensor del Paciente ha pedido al fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, que investigue si, del nivel que han alcanzado las listas de espera sanitarias en el Archipiélago, puede derivarse algún tipo de responsabilidad penal para el Gobierno regional.
Este colectivo -una asociación privada- sostiene que las autoridades de Canarias son conscientes de “los riesgos para la salud y la vida de las personas que conllevan las listas de espera” y opina que el hecho de que el Gobierno autonómico no haya aprobado medidas para “terminar con esta situación” agrava lo ocurrido.
En el escrito que dice haber enviado a la Fiscalía, esta asociación se queja de que el Gobierno de Canarias “no responde” a sus peticiones, “hace caso omiso a las de los propios afectados” e “impiden” que los pacientes ejerzan sus derechos, porque se exponen a “perder la vida o la perdida de oportunidad de sanar”.
“Los efectos adversos de las listas de espera son conocidos sobradamente por los denunciados o, si no los conocen, estarían incurriendo en una dejación de funciones en el cargo para el que han sido elegidos”, alega.
Esta asociación sostiene que los hechos que relata pueden ser constitutivos de un delito contra la salud pública, del que hace responsable -sin exponer más argumentos- al presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, y al consejero de Sanidad, Jesús Morera.