La asociación de Opositores y Profesores de Canarias ha acordado interponer un segundo recurso contencioso administrativo contra la resolución de adjudicación de destinos en el actual curso efectuada por la Consejería de Educación del Gobierno regional.
En un comunicado la asociación señala que representa a un colectivo de opositores y profesores que aprobaron las últimas oposiciones de Secundaria y Formación Profesional y que “tras la injusticia sufrida” al quedar sin plaza, decidieron unirse para manifestarse en contra de una Ley autonómica “que blindó las listas de empleo público docente”.
La asociación no duda de la buena voluntad del Ejecutivo, que ha enmendado parcialmente el efecto de bloqueo de las listas de empleo, pero sigue reclamando que se restauren los derechos de todos los aprobados de la oposición.
La asociación advierte de que la suspensión del Decreto 74/2010 supone contravenir el ordenamiento jurídico estatal así como el mandamiento constitucional para el acceso a la función pública.
Por ello, exige al Gobierno que establezca los mecanismos necesarios para garantizar la participación, en pleno derecho, a los aprobados de la oposición no seleccionados en la adjudicación de destinos del próximo curso escolar 2019/20.
Por tanto, señala el colectivo que continuará con las actuaciones necesarias para que, tal y como ha anunciado la Consejería de Educación, la reforma del Decreto 74/2010 por el que se establece la constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos docentes en centros públicos docentes no universitarios, entre en vigor antes del próximo curso escolar garantizando el acceso igualitario a la función pública y respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Respecto a la propuesta de que las listas de empleo no tengan que estar vinculadas a los procesos selectivos, OPCAN añade que aun no siendo estrictamente necesaria esta vinculación, tampoco sería legal promover, bajo cualquier fórmula, un blindaje de las listas de empleo, por lo cual, la consejería competente en la reforma del decreto debe garantizar que el acceso a las listas de empleo sea igualitario para todos los ciudadanos.
Además, deberá garantizar que aquellos aspirantes seleccionados sin plaza ocupen el lugar que les corresponde.