La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha explicado a la nueva delegada del Gobierno, Elena Máñez, el “descontrol” que existe en las competencias de tráfico y seguridad vial, y ejemplo de ello son algunas sentencias recientes anulando multas por no tener competencia el organismo que sanciona. Ejemplo de ello es la que anulaba una multa impuesta en la GC-23, vía que conecta Guanarteme con Lomo Blanco y que la Justicia ha aclarado que no es competencia de la Policía Local.
Este colectivo subraya que se está generando un gran problema con los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, “incluso con la injusta imputación de uno de ellos”. AUGC denuncia sigue esperando desde 2014 mantener una reunión con la Jefa Provincial de Tráfico en Las Palmas con la finalidad de abordar este y otros problemas que tienen los agentes, el último de ellos, el llevar en las motocicletas extintores cuya instalación no ha sido homologada.
Otras demandas que han puesto sobre la mesa son la falta de personal (la asociación asegura existen más de 600 vacantes y cuya carencia afecta al potencial de servicio de prácticamente todas las unidades de la Guardia Civil en Canarias) y la falta de materiales y prevención del suicidio.
Sobre la falta de medios destaca la necesidad de chalecos antibala adaptados al sexo y fisionomía, de vehículos dotados de mampara de seguridad para el traslado de detenidos o poner solución al problema que la lejanía está suponiendo para la entrega de equipamiento (cascos, botas, uniforme,…) con demoras superiores al año.
Así mismo, pide un aumento de las medidas de seguridad (CCTV, puertas de seguridad…), la sustitución del equipamiento y mobiliario “que no cumple con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales”, destaca AUGC.