Asociaciones de padres en Canarias piden que el transporte escolar sea servicio esencial

La Confederación regional de asociaciones de madres y padres de Canarias (CONFAPACanarias) ha pedido este lunes que se garanticen los derechos de los menores a la educación “considerando como esenciales los servicios de transporte y comedor”. La organización hace esta petición coincidiendo con el paro patronal en el transporte escolar que afecta en esta jornada a 37.000 alumnos de la enseñanza pública en las Islas.

Se trata de una protesta convocada por las empresas del sector para presionar a la Consejería de Educación para que eleve las cantidades que abona por su servicio. Según la Consejería, ha accedido a las demandas del sector, pero este ha mantenido el paro patronal. CONFAPACanarias ha instado a ambas partes a “encontrar una solución definitiva a la mayor brevedad posible” y ha recalcado que por este paro más de 37.000 alumnos de las Islas “no tendrán garantizado su derecho fundamental a la educación” porque el servicio de transporte escolar que necesitan para llegar a las aulas es “complementario, al igual que ocurre con los comedores escolares”.

“Ya sea por un paro patronal o por una huelga de personal (auxiliares de comedor), hablamos de prestaciones complementarias, no consideradas esenciales, y, por tanto, no tienen garantizados unos servicios mínimos”, ha aseverado.

La organización recuerda que el artículo 20 de la Ley Canaria de Educación establece que los servicios educativos complementarios son los instrumentos a través de los que se hace efectivo el principio de equidad y determina, además, que “los servicios educativos complementarios tienen como finalidad compensar las desigualdades sociales y económicas facilitando el acceso y la permanencia del alumnado en el sistema educativo en condiciones de equidad, además de contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar”, recuerda la confederación de ampas.

CONFAPACanarias resalta que “es tan básico poder acceder a la educación en condiciones de equidad, que la normativa obliga a las administraciones públicas a garantizar la gratuidad de dichos servicios o la prestación de ayudas para el transporte, según los casos”.

Por ello, concluye que “no se pueden garantizar servicios esenciales como el acceso a la educación, ni siquiera el principio de equidad, a través de herramientas que no sean igualmente declaradas como esenciales”.