La ayuda a la Dependencia vuelve a estancarse en Canarias. Pese a que los últimos informes de la Asociación de Gerentes y Servicios Sociales hablaban de una mejoría, en las Islas 6.555 personas siguen esperando la ayuda pese a tener reconocido el derecho. Si en agosto de 2022 se gestionaron 901 altas en Programas de Atención Individualizada, trámite básico para que la persona puede acceder a los servicios que necesita; en el mismo mes de este año se han tramitado 198 de estos programas. Una cifra que en ambos casos es resultante de restar las altas y las bajas por fallecimiento o traslado de expedientes.
Si atendemos a los últimos datos publicados por el IMSERSO se aprecia que en Canarias se han realizado 72.563 solicitudes de ayuda a la dependencia. De ellas, se han resuelto 56.213 y se ha reconocido que tienen derecho a percibir un total de 49.605.
En unas islas con 2,2 millones de habitantes, el IMSERSO calcula que 253.565 personas son susceptibles de ser beneficiarias de la ayuda. Sin embargo, solo se han resuelto 56.213 reconocimientos de grado, un 22% de la población susceptible de requerir de este derecho.
Fotografía de la dependencia en Canarias
Actualmente, la mayor parte de las personas que tienen el grado reconocido son mujeres (58,8%) frente al 41,42% de hombres. Así mismo, la mayoría es población de más de 80 años (23.159) y le sigue la que tiene de cero a 64 años (20.918) y de 65 a 79 años; 12.136 personas.
Del total de personas que tienen el PIA resuelto (43.050), con la prestación que le corresponde recibir, se aprecia que la mayoría percibe una prestación para el cuidado en el entorno familiar (18.829 personas). A esta le sigue una prestación vinculada al servicio; 14.817 personas; centros de día o noche (5.776); residencias (5.056); teleasistencia (2.837); prevención y autonomía personal (2.368) y ayuda a domicilio ( 1413), una prestación que sigue dependendiendo en gran medida de los ayuntamientos.
La lucha contra el decreto
Uno de las principales batallas en la Consejería de Bienestar Social en los últimos meses es el polémico decreto de dependencia que se pretende aprobar para agilizar los plazos. No solo los trabajadores y trabajadoras del área se han unido para presentar alegaciones en contra de ese proyecto sino que también los propios colegios de Trabajo Social de las dos provincias han sido muy reivindicativos.
El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ha advertido sobre las consecuencias del polémico decreto de Dependencia que impulsa el Gobierno de Canarias. Reprocha que el texto “parece olvidar que la elaboración adecuada de las valoraciones y los PIA depende de una evaluación precisa y detallada, lo cual requiere suficiente tiempo y recursos”.
Por su parte, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas ve con “preocupación e inquietud” el proceso de elaboración de la polémica norma que regulará el futuro procedimiento para reconocer las situaciones de dependencia en las Islas. El ente ha pedido al Ejecutivo mesas de trabajo y más negociación.
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias reculó tras las alegaciones del personal técnico y de los colegios profesionales y finalmente no caducarán las resoluciones si el Ejecutivo no responde a los seis meses. Sin embargo, hay otras cuestiones que se mantienen y que profesionales del ámbito reprochan como que se elimine el informe social y se sustituya por uno del entorno o que se abra la puerta a que profesionales ajenos a este servicio puedan realizar las valoraciones y los trámites que requieren de que a una persona se le conceda o no este derecho. Además, si en tres meses la persona no hace uso de la prestación que se le ha concedido se extinguirá ese derecho.