El Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife) ve una “delegación encubierta” de las competencias del Gobierno de Canarias en el borrador de procedimiento para la declaración de zonas tensionadas del mercado residencial elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Movilidad.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Granadilla, el segundo de Tenerife en solicitar el estudio para la declaración de zona tensionada, señala que en dicha propuesta el ejecutivo canario no asume “compromiso alguno de aportar medios económicos ni materiales” a la hora de hacer una declaración de este tipo.
El concejal de Vivienda del consistorio tinerfeño, Adán García, ve lógico que sean los municipios quienes insten el inicio del procedimiento, “pero con la ayuda y colaboración del Gobierno de Canarias”, subraya, puesto que las competencias municipales “se circunscriben solamente a la promoción y gestión de vivienda pública”.
La alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, hace hincapié en que la vivienda es el principal problema que sufren los vecinos y vecinas de su municipio por lo que, para afrontar esta situación, se han puesto a disposición del Instituto Canario de la Vivienda de más de 3.000 metros cuadrados para la construcción de vivienda pública.
Además, prosigue, “invertiremos más de dos millones y medio de euros para la adquisición de vivienda ya construida, las cuales pasarán a ser públicas y a precios asequibles”.
En las alegaciones presentadas al borrador de la Consejería, el Ayuntamiento de Granadilla solicita, además de medios económicos y materiales, la realización de un estudio sobre la situación de la vivienda en Canarias “que sirva como base para tomar la decisión de iniciar el procedimiento u otras decisiones en materia de política de vivienda”