El proyecto de un empresario particular de instalar una gasolinera en el barrio de San Lázaro ha chocado con las pretensiones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha reservado esa zona para instalar una DISA. El problema, según explica el concejal de Urbanismo, Javier Doreste (Podemos), se remonta a la época en la que gobernaba en la ciudad Juan José Cardona (PP).
El concejal subraya que el acuerdo entre DISA y el PP era el de instalar la gasolinera en la calle Alicante, a cambio de ceder la que se encuentra en las proximidades del cementerio de Vegueta “para poder abrir esa calle que no tiene salida directa hacia la Autovía Marítima”. También se acordó entonces reemplazar la gasolinera de Primero de Mayo por una cafetería.
Sin embargo, prosigue Doreste, el plan general del Ayuntamiento está tratando de desplazar las gasolineras del centro de la ciudad, por lo que este gobierno negoció con DISA para cederles a cambio una parcela en San Lázaro, donde además, el consistorio pretende ampliar el cementerio, construir un tanatorio y plazas de aparcamiento. Explica que todo el terreno es municipal excepto el que pertenece actualmente a Pedruscos Oil, empresa que ha decidido interponer un recurso al encontrarse esperando por su licencia más de un año.
Aunque el asunto se debatió en el pleno extraordinario celebrado este lunes, Doreste ha matizado a Canarias Ahora que la intención del Ayuntamiento es negociar. Lo que ocurre es que al interponerse un recurso, el consistorio debía contestar en el plazo de un mes y en el pleno de enero señala que no le daba tiempo y en el de febrero ya se pasaría de la fecha.
La parcela pertenecía anteriormente a la inmobiliaria Betancor, con quienes asegura que se había llegado al acuerdo, pero esta parte quebró y los terrenos pasaron a un banco y finalmente fueron comprados por la empresa que ha recurrido. En cuanto al retraso en la licencia, apunta que “siempre sufren retrasos”.
El empresario sostiene que se pretende modificar el plan de ordenación para concederle este espacio a DISA mientras que su suelo se recalificaría a la baja. En el pleno estuvo respaldado por la concejala de Ciudadanos Beatriz Correas y por el del PP, Ángel Sabroso, que consideran que se está perjudicando a un particular con estas acciones.
De momento, se ha denegado el recurso de reposición del particular, pero queda por delante un largo camino de negociaciones para desbloquear esta zona y que se cumpla la legalidad.
La gasolinera DISA se ha visto envuelta en irregularidades, con una causa penal abierta en enero de 2013 contra funcionarios del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a quienes se les acusaba en una querella de haber permitido que la petrolera Disa, propiedad de la poderosa familia Carceller, operase durante tres años sin licencia en una gasolinera del barrio capitalino de Jinámar.