Hacer más accesible sus barrios, una movilidad sostenible, crear espacios de ocio, fomentar el patrimonio o más sombra. Estas son solo algunas de las demandas de los vecinos de los riscos de Las Palmas de Gran Canaria: San Nicolás, San Juan, San Roque, San Francisco y San José, rincones que sirven como escaparate de la ciudad en las postales turísticas con sus casas de colores pero que, en sus interiores, han sido históricamente olvidados.
En estos barrios históricos de la capital grancanaria residen unos 13.000 habitantes, según datos de 2017, una cifra que ha ido decreciendo con el paso de los años, principalmente por el envejecimiento de los residentes y la salida de personas jóvenes que buscan prosperar. La complicada orografía sobre la que se elevaron las edificaciones, muy cercas unas de otras y que dan lugar a calles muy estrechas, han hecho complicadas las actuaciones urbanísticas, haciendo imposible, por ejemplo, cumplir con la normativa que dicta que las aceras deben medir 1,80 metros.
En San Nicolás y San Francisco, la sensación entre los vecinos es de abandono y falta de mantenimiento o de limpieza del espacio público, pues los vehículos rodados no pueden acceder a su interior. Consideran que se ha fracasado al aplicar el planeamiento y han dejado enclaves muy degradados.
En San Juan, una de las principales reclamaciones de sus habitantes es el acondicionamiento del entorno de la Batería de San Juan, declarado Bien de Interés Cultural, para transformarlo en una zona de esparcimiento; en San José, los vecinos piden la rehabilitación de viviendas o mejoras en la relación formal y funcional con la zona alta. Ambos barrios también demandan el traslado de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Barranco Seco.
Los residentes de San Roque han destacado el abandono que sufre la zona histórica del barrio pese a su valor identificativo y piden la rehabilitación de esas viviendas. Además, consideran que se debería aprovechar la oportunidad de integrarse con el Barranco del Guiniguada y la Autovía Centro-San Juan. Por otro lado, critican la proliferación de focos de vertidos y residuos en muchos solares abandonados.
Todas estas demandas han sido trasladadas a técnicos de la sociedad municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas De Gran Canaria S.A. (Geursa) en el marco del proyecto Barrios Pendientes, una iniciativa pionera para elaborar un nuevo plan de actuación contando con la participación de sus residentes.
Ruth Navarro, coordinadora de Planificación Urbanística de Geursa, explica que “la planificación para los riscos había quedado obsoleta tras 20 años de vigencia” y “habían quedado pendientes de un desarrollo más actual, acorde a las necesidades que a día de hoy tienen”. Así, se conformó un equipo de seis personas: tres arquitectos, uno para cada zona (San Francisco-San Nicolás, San Juan-San José y San Roque), un geógrafo, una persona del ámbito jurídico y la propia coordinadora.
Entre noviembre y diciembre se desarrollaron unas jornadas teóricas para que los vecinos y vecinas que quisieran participar recibieran formación, para que “fueran más allá de sus intereses particulares” y pensaran “en lo que necesita su barrio”, expone Navarro. Los residentes comenzaron a diagnosticar los principales problemas que observaban en sus zonas, centradas principalmente en la accesibilidad y la movilidad y, al mismo tiempo, planteaban soluciones.
“Eran los vecinos los que dirigían las necesidades que tenían y los que nos orientaban en cómo actuar en ese barrio. Nuestras estrategias de actuación se han ido amoldando a lo que nos han hecho llegar en las reuniones para que la ordenación finalista esté consensuada”.
Esta fase ha finalizado con varias alternativas, tanto comunes como especificas para cada zona, “que no son normativas”, pues sobre ellas se elabora una “evaluación ambiental estratégica simplificada”. Es en esta fase en la que se encuentra el proyecto, en el que se “valoran todos los aspectos” de cada propuesta “para elegir las soluciones más sostenibles”, relata Navarro.
Una de esas propuestas consiste en la ampliación de los recorridos interiores adaptados a los desplazamientos de vehículos de servicios públicos (como ambulancias), la mejora en la coexistencia del tránsito peatonal, el aparcamiento y el tráfico rodado o el aprovechamiento de todos los espacios vacíos que existen en cada barrio, ya sean solares en ruinas o viviendas infrautilizadas, para crear pequeños espacios libres, ya sean plazas o canchas para practicar deporte, pues muchos se ven obligados a desplazarse a los parques que existen en la periferia ante la escasez de este tipo de infraestructuras.
“Las dotaciones están en los bordes, dentro del barrio no hay prácticamente espacios libres o centros de reunión que se puedan aprovechar para hacer vida social”, cuenta Navarro. Históricamente, las actuaciones en estos barrios ha sido puntual en su interior, como la pavimentación de las calles o la reparación de las vías, pues las administraciones se han centrado, principalmente, en los bordes, como José Manuel Soria, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria (1995-2003), que llevó a cabo el paseo de San José, pero no lo conectó con el propio barrio, como recuerda el concejal de Urbanismo, Javier Doreste: “Se hizo un escaparate muy bonito, pero el interior no se tocó”.
Los vecinos no quieren una transformación completa de sus barrios, desean que se mantengan las morfologías de sus calles, pero sí demandan mejoras, “que sea posible trasladarse en silla de ruedas por sus vías”, “aceras más anchas”, “solucionar los problemas de aparcamiento” o “tener más árboles”. También fomentar el patrimonio, “hacer recorridos culturales”, como en la Batería de San Juan, que pueden contribuir, al igual que en las plazas, a los pequeños comercios, con la apertura de tiendas de regalos o bazares.
En este sentido se pronuncia también Doreste: “No solo se trata solo de dejarlo bonito, sino dejarlo habitado, usado y disfrutado por su gente”, pero, para ello, “hay que desarrollar un plan”.
Una vez culmine la fase actual, se finalizará la propuesta de ordenación que se trabajó con los vecinos, que estará lista entre enero y febrero de 2020, según estima Navarro. Este documento se llevaría a pleno para una aprobación inicial entre marzo y abril del año que viene y, posteriormente, se sometería a información pública, donde cada particular puede presentar alegaciones. Después, se volverían a votar en sesión plenaria para su aprobación definitiva en junio y las actuaciones se podrían empezar a acometer después del verano.