Los biocombustibles, presentados hace unos años como parte de la solución al problema del cambio climático, se encuentran en estos momentos en el ojo del huracán. Cada vez cobra más fuerza una corriente en contra que cuestiona su viabilidad y su impacto medioambiental y social.
Organizaciones ecologistas y humanitarias, expertos en energía y algunos países europeos alientan la polémica en torno a estos carburantes, que se obtienen a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar, remolacha o cereales como trigo o maíz (bioetanol) o de aceites vegetales usados o sin usar (biodiésel).
Sus detractores les acusan de ser responsables del reciente aumento del precio de los alimentos y, de esta forma, de contribuir a incrementar el hambre en el mundo.
Denuncian, además, su impacto sobre la pérdida de biodiversidad y la deforestación, ya que muchos bosques tropicales están perdiendo terreno a favor del cultivo de materias primas dedicadas a su producción.
La viabilidad de los agrocombustibles ha formado parte también de la agenda de la Cumbre de la FAO sobre seguridad alimentaria, que se ha celebrado esta semana en Roma, en la que se han podido escuchar distintas voces.
Mientras el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha pedido un consenso mundial sobre su utilización, como una de las medidas para paliar el hambre en el mundo, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, principal productor, ha defendido su uso.
“Los biocombustibles no son el villano”, dijo Lula, después de asegurar: “Veo con indignación que muchos de los dedos que apuntan contra la energía limpia de los biocombustibles están sucios de aceite y carbón”.
Estos carburantes forman parte de los objetivos de la Comisión Europea, cuya propuesta inicial es alcanzar el 10% de utilización en su suministro para el transporte en el año 2020, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Gobierno español.
Las organizaciones ecologistas coinciden en que es imposible alcanzar esos objetivos sin producir un impacto en los alimentos.
Denuncian que son los responsables de que los precios de éstos se hayan encarecido entre un 10 y un 15% en el último año cuando solo suponen el 1% de la producción agrícola.
Heikki Willstedt, especialista en energía y cambio climático de WWF/Adena, considera que “ni la idea era antes tan buena, ni ahora es tan mala”, aunque “el tema se ha ido de las manos” porque el sector ha sido “hiperoptimista”.
Cree que la producción debe limitarse a una cantidad que sea sostenible, que no “entre en competencia con otros usos del campo más necesarios como son dar de comer” y que no aumente la presión sobre la tierra con más pesticidas, más fertilizantes y más necesidades de agua.
En la misma línea, José Santamarta, del Instituto World Watch en España, creeque solo es aceptable su producción a pequeña escala y utilizando aceites usados o excedentes agrícolas.
En grandes cantidades son una opción “absolutamente insostenible”, según este experto, ex asesor del Ministerio de Medio Ambiente en la anterior legislatura.
Para ilustrar su afirmación, Santamarta remite a un estudio publicado recientemente en la revista Science, que alertaba de que ocasionan más problemas de los que solucionan y de que el balance neto en cuanto a emisiones de CO2 es negativo.
Este experto recalca que “es mucho más importante comer que alimentar los coches” y cree que para cumplir los objetivos de reducción de emisiones hay alternativas más benignas y sostenibles.
Asegura que muchos gobiernos los apoyan porque “se han abrazado al tema sin considerar sus implicaciones” y, en el caso de España, porque los responsables del Ministerio de Medio Ambiente “son unos indocumentados, que no tienen ni idea”.
Campaña orquestada
Sus defensores inciden en que pueden ayudar a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, los presentan como un seguro frente a la dependencia del petróleo y tachan de “simplistas” y “demagógicos” los argumentos utilizados para criticarlos.
Denuncian que existe una campaña “orquestada” por parte de la industria petrolera y agroalimentaria para criminalizar estos combustibles, porque suponen una amenaza a sus intereses.
En este bando “amigo”, a nivel nacional, se sitúa APPA Biocarburantes, asociación que agrupa a 39 empresas que representan la mayor parte de la producción de bioetanol, biodiésel y biogás.
Su director, Manuel Bustos, ha asegurado que existen pruebas de que en Estados Unidos, uno de los principales productores de biocombustibles, la industria alimentaria ha contratado a una empresa de comunicación para “orquestar” esa campaña de desprestigio.
“Cuando las compañías petroleras ven cómo está aumentando el consumo de biocombustibles, se les ponen los pelos de punta”.
Bustos subraya que “no cabe en ninguna lógica” atribuir el incremento del precio de los alimentos a un sector que el pasado año destinó a su producción solo el 3% del consumo mundial de cereales, un mercado que en su mayor parte se destina a la ganadería.
“Por suerte no consumimos metales ni petróleo”, ya que “también seríamos responsables del aumento de su precio”.
El representante de los productores incide en que el sector es el primer interesado en seguir trabajando para encontrar materias primas no alimentarias, como las algas, y poder desligarse de esa competitividad, pero la tecnología aún no está desarrollada.
Respecto al cambio de posición de las organizaciones ecologistas, Bustos señala que “ellos tienen su agenda”, de tal forma que “necesitan causas que defender” y el aumento del precio de los alimentos y el hambre en el mundo es una.
A su juicio, con su oposición a los biocombustibles “le están haciendo el juego a la industria petrolífera”.