Bomberos forestales de Gran Canaria se reunieron este miércoles en una asamblea organizada por los sindicatos Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias y UGT Canarias para solicitar la aprobación del estatuto básico del bombero estatal y autonómico.
Durante la asamblea, los representantes sindicales explicaron a los trabajadores la situación en la que se encuentra el estatuto básico del bombero y la bombera forestales que es “tan necesario para poder avanzar en una estabilidad laboral, el reconocimiento de la categoría y la coordinación integrada en el apoyo y colaboración en ámbito natural y rural ante las emergencias”, indican estos sindicatos.
Las dos organizaciones que negocian este estatuto en el ámbito autonómico y estatal, UGT y FSC-CCOO, señalan que congregaron a más de medio centenar de personas de todo el dispositivo de prevención e incendios forestales de Gran Canaria, a los cuales explicaron la parálisis que ha tenido el estatuto del bombero forestal, que aún no ha entrado en el Congreso para su trámite.
Señalaron que el momento actual es “clave” para desatascar el asunto y se expuso que si en octubre no está la ley tramitándose comenzarán a realizar movilizaciones en todo el país encaminadas a exigir su aprobación.
Regulación en Canarias
Los sindicatos FSC-CCOO y UGT afirman que han venido perfilando una línea de actuación conjunta con el Gobierno de Canarias para afrontar unos mínimos que garanticen antes de final de legislatura la aprobación de un estatuto autonómico.
Esta línea de actuación incluye el reconocimiento laboral del grupo profesional de Bomberos Forestales, la implantación y certificación de la experiencia profesional y laboral, el reconocimiento de la segunda actividad y la coordinación de las emergencias entre administraciones.
Los sindicatos destacan el “buen clima de diálogo” con el Gobierno canario y la predisposición de los cabildos a abordar este asunto, por lo que se intentará que en este contexto se generen resultados que sirvan de base para otras comunidades, como Galicia, Extremadura o Valencia.
El fin último de estas conversaciones, señalan, consiste en conseguir que Canarias esté a la altura de sus necesidades actuales y de paso se llegue a las cifras óptimas de recursos humanos y materiales que deberían estar implementadas desde que se transfirieron las competencias a los cabildos.