Considera que “no está totalmente demostrado que los restos sean de niños”, pues no se sabe “la problemática” que habrá tenido Lamas para rectificar
CÓRDOBA, 9 (EUROPA PRESS)
José Bretón, el padre que supuestamente asesinó a sus hijos, Ruth y José, hace un año, advierte de una “fractura enorme” en la cadena de custodia de los restos óseos de la hoguera de la finca de Las Quemadillas, que, a su juicio, se han manipulado y “no son los que se recogieron” en presencia de él, que además fueron menos de los que figuran en los distintos informes, que concluyen que son de humanos y no de animales, como sostenía la Policía Científica.
Así lo ha manifestado este martes a los periodistas el abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, quien ha visitado a su cliente en el Centro Penitenciario de Alcolea y al que le ha declarado que “si los restos son humanos, no son los que en un principio se recogieron”, de modo que “indudablemente ha habido una fractura muy grande en la cadena de custodia”, dado que “esos huesos no son los primeros, que eran de animales”, como los agentes de Policía y la perito, Josefina Lamas, “dijeron 20 veces que los huesos no eran humanos”.
Así, destaca que el hecho de que Lamas rectificara su informe o que se hable de que la cadena de custodia está “intacta” es algo que se verá en el juicio, a lo que el letrado añade que “no está totalmente demostrado que los restos sean de niños”, pues, el informe de Lamas determinaba que eran de animales y, “no sabemos la problemática que habrá tenido para modificar el informe y en la forma que lo ha efectuado”, algo que también será “motivo de debate” en el juicio.
En cuanto a los restos de ADN que se analizan en el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), el abogado defiende que “es la prueba irrefutable de la identidad de una persona”, por tanto, “sin ello pueden existir indicios, que los huesos pueden ser de niños e incluso nos aventuramos a dar la edad aproximada”, pero “el ADN es la prueba cumbre de identificación de la persona y si no existe el resto serán pruebas incendiarias, que indudablemente tienen valor, pero no es la prueba formal y contundente del ADN”.
Mientras, Bretón, interno en prisión desde el 21 de octubre y con el régimen antisuicidio, mantiene su postura de que perdió a los niños en el Parque Cruz Conde, pese a tener “mucho” en su contra y con los informes de todos los peritos, como ha detallado su abogado.
NUEVAS PRUEBAS Y SEPULTURA DE RESTOS
Entretanto, el letrado ha informado de que ya ha encontrado a un psiquiatra profesional para hacerle las nuevas pruebas a Bretón en los próximos días y con las que la defensa espera den “alguna luz sobre la información psiquiátrica” de su cliente.
En cuanto a la postura de la familia materna de poder enterrar los restos óseos, lo ve “muy lógico”, pero, como señala, no cree que el juez del caso, José Luis Rodríguez Lainz, lo admita, porque “hasta ahora son pruebas de cargo e indudablemente llegarán a juicio”. Así, una vez que se celebre el mismo y haya sentencia firme, “podrán darle sepultura a los restos, pero antes no creo que el juez lo admita”.
Por otra parte, comenta que la familia paterna y en concreto los abuelos de los niños “no están bien” y sobre la declaración del cuñado de Bretón, José Ortega, que ratificó su primera versión en la que dijo que pensaba que Bretón “le hizo algo” a los niños, el letrado indica que “será motivo de defensa y de debate en el plenario”.
JUICIO PARA FEBRERO O MARZO
En otro orden de cosas, Sánchez de Puerta, que prevé el juicio para febrero o marzo, confía en que la Audiencia Provincial de Córdoba estime el recurso para que su cliente sea juzgado por un tribunal profesional, pues, “si la Audiencia desestima, llegará al tribunal del jurado y después se puede plantear recursos al Tribunal Supremo y el Constitucional por violación de derechos fundamentales”, por lo que “dentro de dos o tres años veríamos que no ha habido juicio justo, sino una violación de derechos fundamentales y que se repita el juicio”.
Por ello, reclama que puede haber unas “garantías procesales con el tribunal profesional y no correr el riesgo de que dentro de tres año volvamos a repetir el juicio”, pues, como explica, existe un conflicto de leyes, con la Ley del Jurado, que “dice que el asesinato tiene que marcarse por jurado”, y la Constitución Española (CE), que es “una ley superior” y que defiende que “toda persona tendrá derecho a un juicio justo”.