El Cabildo de Gran Canaria se ha comprometido a estudiar qué administración es competente para cobrar el canon ambiental de la cantera Roque Ceniciento, unas 97 hectáreas separadas del Espacio Natural Protegido de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria) desde 1999, cuando Ley 11/1999 permitió reiniciar los trabajos de extracción de áridos que permitieron el desarrollo del Puerto de La Luz y de Las Palmas. Con 20 votos a favor, la Corporación Insular respaldó una enmienda transaccional durante una sesión plenaria celebrada el pasado 22 de febrero.
La propuesta inicial, presentada por Podemos en forma de moción, tenía como objeto aprobar “el cobro del canon ambiental de la cantera de Roque Ceniciento”, pero durante el debate la formación morada asumió las modificaciones presentadas por otros grupos para así “estudiar quién es la administración competente para el cobro del canon ambiental”. Además, de forma adicional, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció la creación de una “comisión técnica” con “servicios medioambientales y jurídicos” para esclarecer este asunto.
Basándose en “consultas a abogados especialistas” y en un reunión mantenida “el año pasado con la dirección de Inspección de Hacienda del Gobierno de Canarias”, el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodriguez, ha afirmado que “la ley está mal redactada” porque “no aclaró nunca quién es el objeto pasivo del canon, a quién habría que cobrarle -si a las concesionarias o a la Autoridad Portuaria- ni cómo sería el procedimiento”.
Sin embargo, el consejero de Podemos, Miguel Montero, criticó que se ponga en duda quien debe pagar ese canon porque en el “artículo cuatro” de la Ley 11/1999 se deja “muy clarito” que “se abonará por la entidad beneficiaria de la extracción minera, trimestralmente, en cuantía equivalente a 100 pesetas el metro cúbico de la cantidad de material de cantera basáltica autorizado para extraer en cada período trimestral”. Y “por los titulares de las concesiones administrativas”.
“Después de 20 años no pueden decir que la Ley estaba mal escrita, porque se deja muy claro quién debía pagar. Se trata de saber quién tiene que cobrarlo”, ha especificado Montero. De esta forma, el consejero de la formación morada se ajustó a las propuestas presentadas por otros grupos en la Corporación Insular, que habían expresado sus dudas a la hora de aprobar la moción inicialmente presentada por Podemos.
“El PP no está en contra de la moción, pero las dudas iniciales son mayores conforme se ha ido desarrollando este debate. Por ello, proponemos modificar el punto para que se estudie qué administración es competente. Si llegamos entre todos a un acuerdo para esclarecer todo esto, lo apoyamos”, ha afirmado la consejera del PP, Ana Kursón.
Por su parte, José Miguel Bravo de Laguna (Unidos por Gran Canaria), anunció que su grupo se abstendría de la votación de la moción tal y como estaba planteada porque “se deduce que todos tenemos muchas dudas”. Así, planteó la posibilidad de “plantear una propuesta transaccional para determinar qué administración debe cobrar el canon”. Aunque consideró que no era “competencia de este Cabildo”, sino de “una comisión o un grupo institucional”. Y propuso “pedir un informe” a los servicios del Cabildo “para determinar si la Coporación tiene algún derecho sobre un hipotético canon”.
Las dudas que expresaron estas formaciones crecieron cuando el consejero de Medio Ambiente relató que el Cabildo de Gran Canaria había realizado “en el año 2006 una consulta a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias dirigida por Domingo Berriel para conocer en qué situación está el canon” sin obtener respuesta. En aquel año, también se consultó a la Autoridad Portuaria, institución que explicó que “se había elevado la consulta a la dirección general de tributos de la Consejería de Hacienda y Economía del Gobierno canario” para esclarecer diferentes aspectos de la Ley.
Pero “mientras no se obtuviera respuesta, no se podría llevar a cabo un convenio de colaboración” entre ambas administraciones (Gobierno autonómico y Cabildo) y hasta la fecha la Corporación Insular “no ha recibido ningún importe relativo al canon” relató Rodríguez. Así, anunció como posible alternativa “encargar a los servicios jurídicos una posible demanda al Gobierno de Canarias por la dejación de funciones e indemnizar por el importe adeudado”.
En este punto, el consejero de Coalición Canaria, Fernando Bañolas, admitió que se deben “buscar responsabilidades”, pero criticó que la solución sea demandar al Gobierno de Canarias porque “todo el mundo tiene dudas sobre cómo se debe cobrar el canon” y, además, “la actividad está caducada” lo que a su juicio añade aún más incertidumbre a la hora de saber a quién reclamar.
Sin embargo, Montero sostuvo que a día de hoy “la cantera sigue vigente, se sigue sacando material” y, además, “está autorizado sacar siete millones de metros cúbicos, y esa cantidad no se ha extraído, por lo tanto hoy en día sí podría seguir en activo”. Pero el consejero de Medio Ambiente replicó que “los trabajos que se están realizando en la zona son de restauración” y desmintió que se estén extrayendo más áridos.
En este sentido, Rodríguez expresó que “es doloroso ver el daño que se le ha hecho al medio ambiente. Es como decir que por hacer un puerto en Lanzarote nos cargamos Timanfaya. Yo no sé a quién corresponde compensar a la sociedad por eso, si es a la Autoridad Portuaria o las empresas concesionarias o el Gobierno de Canarias; es verdad que no sé si ha prescrito o no, pero por cuestiones morales la parte responsable debería pagar lo que en la ley se estableció”.