Piedad
La responsable insular, a quien la sentencia devuelve la guarda de la menor, explicó que no está “de moda” y “sienta mal hablar de resoluciones judiciales”, pero consideró “que no se trata de cuestionar una decisión judicial”, sino de expresar lo que piensa. Por ello, Gil exclamó: “Entre todos estamos acabando con el futuro de una niña”.
Gil aseguró estar sorprendida por los medios desplegados para emitir esta resolución frente a los “cientos de expedientes” de menores en desamparo de los que tiene la guarda pero no los niños porque no se ha emitido el auto judicial necesario y, a pesar de su situación, “no se toca en sus casas”. En el ejercicio de su “libertad de expresión y de sentir”, y a tenor de la experiencia, prosiguió Gil, los casos como el de Piedad terminan nuevamente en desamparo, aseveró.
Asimismo, aseguró que le “duele muchísimo” que el caso de Piedad se haya convertido en “icónico” y aseguró que acatará la sentencia y ejercerá sus responsabilidades, que incluyen la de que su departamento emita informes sobre la evolución de la menor cuando regrese a un centro de acogida de Gran Canaria. A su juicio, el caso de esta niña debe servir para abrir un debate, pues “no es de recibo que vuelva a un centro del que salió” para “ver si se puede insertar en su familia o no”.
Opinó que la menor es víctima del sistema y aseveró que en el cien por cien de los casos lo primero que se intenta es reinsertar a los menores en sus familias biológicas, y sólo en caso de fracaso se procede a la acogida o preadopción. La situación de preadopción debe durar un año, pero en el caso de Piedad se dilató por la burocracia, por lo que pidió reflexionar sobre el sistema.
En todo caso, “al final resulta que tiene que venir a un hogar de Gran Canaria, la cuidaremos con todo el amor del que somos capaces y dictaminaremos lo que es mejor para ella”. Gil, quien pidió a los gobiernos autonómicos y estatal que, al tiempo que remiten a los puntos de encuentro familiar resoluciones y mediaciones, envíen dotación adecuada, añadió que la niña debe iniciar un proceso “que en realidad ya pasó, volvemos al principio”.
La consejera no quiso valorar la situación actual de la madre biológica, pues lo que le importa es la niña, no su progenitora o su madre preadoptiva, y consideró que en este caso han primado los derechos de los adultos, no los de la menor. Además, explicó que hay “desanimo” generalizado entre los técnicos del Cabildo, que no saben si deben seguir con la propuesta de adopciones y de momento hay 36 expedientes parados, lo que se suma a la disminución de solicitudes de acogida y al temor manifestado por los solicitantes.
Por otra parte, se ha producido la devolución de niños, un hecho que aseguró que no es aislado, aunque prefirió no ofrecer la cifra de menores que han sido devueltos a los centros por los padres de acogida. En definitiva, concluyó la consejera, su postura es la defensa de la adopción nacional y del derecho de los menores a tener una familia.
Recurso desestimado
Por otro lado, el Gobierno canario mostró este miércoles su respeto a la sentencia, afirmaron fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales.
La decisión judicial desestima el recurso de apelación presentado por la Dirección General del Menor del Gobierno canario contra la sentencia que dejó sin efecto una resolución suya de 2003 que daba la niña en acogimiento preadoptivo y suspendía el régimen de visitas con su madre biológica. Las fuentes agregaron que el departamento autonómico ha manifestado en diversas ocasiones su postura, contraria a la devolución de la niña a un centro, pero acatará la sentencia, que es firme, subrayaron.
Asimismo, recordaron que hace varias semanas interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque la ejecución de la sentencia que devuelve la niña a un centro debe seguir su curso, aunque no pudieron determinar el día ni el modo en que se hará.