Más de un millón de metros cuadrados de malpaís, coladas volcánicas en buen estado de conservación y hábitat protegido por la Unión Europea desaparecieron del paraje de Majanicho, al norte de la isla de Fuerteventura, por la construcción de una urbanización turística, Origo Mare. La Comisión Europea ha expedientado a España por la vulneración de la normativa comunitaria sobre protección ambiental y ahora el Gobierno central, el autonómico, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva proponen un simple cambio de cromos: amnistiar el polémico complejo turístico, uno de los más grandes de Canarias, a cambio de proteger la Cueva del Llano, un tubo volcánico en el interior del municipio afectado con una fauna única con valores por sí mismo para ser declarado espacio natural protegido.
La intención del Gobierno de Canarias es que las “irregularidades” de la urbanización, denunciadas durante años por la asociación ambiental Agonane, que forma parte de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, no acaben en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una delegación de la Comunidad Autónoma se reunió el pasado mes de abril con representantes de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. El pasado 15 de junio se volvieron a sentar en Bruselas todas las administraciones para evitar que la carta de emplazamiento de la Comisión Europea, el último paso antes de que el Estado acabe procesado por el tribunal, siga su curso. En la delegación española se sentaban técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, la viceconsejera regional de Medio Ambiente, Blanca Pérez, la consejera del Cabildo Natalia Évora, y el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco. La urbanización Origo Mare se levantó en el plan parcial SAU 12 Casas de Majanicho, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en octubre de 2006 y, en febrero de 2011, por el Tribunal Supremo (TS). Se construyó sin evaluación de impacto ambiental a pesar de que era obligatoria según la legislación. La urbanización incumple la directiva europea sobre las repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la directiva europea sobre hábitats.
Ahora la intención de las instituciones españolas es negociar con “medidas compensatorias” para intentar salvar del derribo a la urbanización Origo Mare e intercambiar el tubo volcánico de la Cueva del Llano, una joya geológica y paleontológica con una especie en peligro de extinción, el opilión cavernícola majorero. La carta de emplazamiento, enviada por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea evidencia la sorpresa de las autoridades comunitarias con la situación y con que se quiera seguir adelante con el proyecto declarándolo “fuera de ordenación”. También cabe destacar que el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de La Oliva quieran encajar uno de los mayores complejos turísticos del Archipiélago en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de gran interés medioambiental.
La urbanización se construyó con informes en contra
En Europa no se comprende que las obras se ejecutaran sin que existiera una evaluación de impacto ambiental, a pesar de que existían informes del Gobierno de Canarias en contra y de que había sentencias que daban la razón a los ecologistas que se posicionaron en contra del proyecto. En agosto de 2004, la urbanización fue modificada para incluir un campo de golf y un centro de congresos. Tampoco en ese momento, señala el informe de la Comisión Europea, “se realizó la evaluación de impacto ambiental ni se evaluaron las repercusiones del proyecto sobre el espacio de la Red Natura 2000 afectado”.
En la carta de emplazamiento de la Comisión Europea a la que ha tenido acceso este diario se explica cómo, cuando ya el Tribunal Superior de Justicia había dictado tres años antes una sentencia que anulaba el plan parcial, un juzgado de lo contencioso, en primera instancia, declaraba que el promotor había obtenido la concesión de la licencia de primera ocupación, la cédula de habitabilidad y la recepción de las obras de urbanización por silencio administrativo. “Como resultado de dicha sentencia, el Ayuntamiento de La Oliva emitió también la pertinente licencia de construcción de la planta desalinizadora y los viales de acceso, estos últimos edificados íntegramente dentro del sector de la ZEPA, que debían dar servicio al proyecto”, añade la Secretaría General de la Comisión Europea.
“Posteriormente, en enero de 2011, el promotor solicitó una modificación sustancial del proyecto con el fin de cambiar el uso del suelo residencial a turístico y transformar las villas ya construidas en un hotel de cinco estrellas gran lujo con capacidad para 646 personas. Esta modificación del proyecto fue autorizada mediante decisión de 11 de junio de 2012 por el Cabildo de Fuerteventura”. Pero, “tampoco entonces”, advierte la Comisión, “se realizó la evaluación de impacto ambiental ni se evaluaron las repercusiones del proyecto sobre el espacio Natura 2000 afectado”. “Cabe señalar, sin embargo, que en el momento de la autorización de la modificación del proyecto, el Tribunal Supremo ya había dictado sentencia confirmando que el proyecto urbanístico original era nulo”, concluye la Comisión Europea.
Medidas “insuficientes”
El complejo turístico está considerado por la Comisión Europea como uno de los más grandes de Canarias, pues ocupa una superficie de más de 120 hectáreas. Los informes del propio Gobierno de Canarias consideran que las medidas correctoras podrán recuperar los hábitats de arenales en el área de la Zona de Especial Protección de Aves, aproximadamente 10 hectáreas, lo que implicaría la demolición de algunas viviendas ya construidas sobre el espacio protegido y la eliminación de pistas de servicio y lugares de acopio y extracción de materiales.
Sin embargo, para los ecologistas, estas medidas son “insuficientes” y “no suplen en ningún caso el efecto negativo para las especies esteparias, como la avutarda hubara –en peligro de extinción-, el corredor y la ganga ortega, todas amenazadas y, como indican los técnicos del Gobierno de Canarias, incompatibles con las molestias del uso del territorio” por parte de un complejo turístico como Origo Mare. Su promotor, Cesar Zarceño Prieto, presidente de la empresa Nombredo, lo vendía en sus inicios como el mayor resort de Canarias y en la actualidad está gestionado por el touroperador francés Pierre & Vacances.
Durante el proceso de valoración de las afecciones, los técnicos del Gobierno de Canarias descubrieron que la delimitación de la urbanización Origo Mare no coincide con los planos del plan parcial Casas de Majanicho en las Normas Subsidiarias de La Oliva, por lo que parte de las obras e instalaciones de la urbanización se ubicarían fuera de los límites del plan, casi unas ocho hectáreas y media.
Protestas de la Universidad
Diversos profesores de las dos universidades canarias protestaron cuando se iniciaban las obras y desplegaron una pancarta que decía “La Universidad contra el terrorismo ambiental”. Entre los que se manifestaron destaca José Mangas. Para este catedrático, Majanicho era un lugar de gran interés geológico digno de estudiar. La construcción de Origo Mare supuso la ocupación de un malpaís volcánico clasificado en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) como suelo rústico con valor natural dominante y de “calidad visual del paisaje alta”. Otro de los profesores que alzaron su voz contra la destrucción de Majanicho y El Cotillo fue el fallecido Guillermo García-Blairsy Reina, catedrático de Biología Vegetal y experto en microalgas. Para este profesor toda esta costa era un espacio natural de un valor incalculable, que debía salvarse de la especulación urbanística.
Thriller urbanístico
Fuerteventura se ha convertido en un plató de cine internacional y muchos de los escenarios de película se sitúan en La Oliva, pero en esta ocasión se rueda en la vida real. El título del film, como si se tratase de un thriller urbanístico: “Majanicho o Mafia-nicho, ciudad sin Ley”. Así de sarcástico denunciaba los últimos acontecimientos sobre Majanicho el responsable de Agonane-Ecologistas en Acción, Juan Cabrera Alemán. Pero en esta película real, recuerdan los ecologistas, a los protagonistas como el exalcalde Domingo González Arroyo, que aprobó el plan con informes en contra del Gobierno de Canarias, nadie le ha pedido explicaciones. Tampoco a sus sucesoras, Claudina Morales y Rosa Fernández, ni recientemente a Pedro Amador y ahora a Isaí Blanco. El secretario del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez, como demuestra el expediente, fue también en esta película de la vida real clave para la defensa de este resort turístico.
Blanco: “Nunca debió construirse”
El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, dice que “el caso del plan parcial de Majanicho es muy doloroso” y añade que “nunca debió construirse un complejo así en una zona virgen y con tanto valor natural”. “No puedo deshacer lo malo que se hizo en el pasado, pero sí intentar solucionarlo”, añade Blanco, quien apuesta por proteger el territorio y también por “evitar por todos los medios que las arcas públicas se sigan resintiendo”, puesto que “los vecinos de La Oliva ya han pagado demasiado por culpa de las sentencias e indemnizaciones”. “Si queremos evitar una sanción multimillonaria, sólo podemos hacer lo que estamos haciendo, presentarle a la Comisión Europea una serie de propuestas avaladas por informes técnicos y medioambientales”, con “alternativas viables que permitan corregir y compensar el daño”. También asegura que el Ayuntamiento está “elaborando un Plan General que elimina 14 planes parciales que podrían dañar el territorio”.