El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo regional aprobará este mes de febrero un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda pública.
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo “implementar un conjunto de instrumentos con la finalidad de poner a disposición más inmuebles en el mercado, y facilitar la construcción de vivienda protegida desde el ámbito público y privado”, han indicado desde la Consejería.
Este decreto incluye, por un lado, instrumentos que permitirán incrementar la disponibilidad de suelo para viviendas, “uno de los principales problemas por los que atraviesa el Archipiélago”; y, por otro, un paquete de medidas para aumentar la disponibilidad de edificaciones para poner vivienda en el mercado, “ya que actualmente hay fondos de inversión de de 1.400 inmuebles sin acabar”, vinculados a la crisis financiera de 2008.
El consejero ha señalado que el Plan Canario de Vivienda prevé la construcción de unas 2.000 casas en las islas, una cifra “insuficiente” debido a que hay unos 25.000 demandantes.
El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha apuntado que con este decreto, más la regulación del alquiler vacacional, ya en marcha por parte de la Consejería de Turismo y con más de 5.000 alegaciones al borrador, se afronta “de manera decidida” uno de los grandes problemas de las islas.
Desde la Consejería también se ha indicado que se va a actualizar el Módulo Básico Canario, “inmóvil desde el año 2003, y que genera un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, ya que se debe contemplar el incremento de los costes de la construcción”.