Canarias parte de una situación social compleja. El último informe de La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) ya reflejaba que antes de que llegara la pandemia, la tasa de pobreza y exclusión en las Islas era de un 35%. Además, el 28,5% de la población canaria se encontraba ya en riesgo de sufrir pobreza al vivir con menos de 641 euros al mes. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha abierto como una de las principales herramientas para combatir esta situación, aunque su retraso ha llevado al Ejecutivo regional a modificar su Prestación Canaria de Inserción (PCI) para agilizar y ampliar su cobertura. Actualmente, 7.396 familias en las Islas reciben esta prestación, un 33% más que el año anterior y otras 7.000 perciben el Ingreso Mínimo Vital; unas cifras aún lejos de lo que aspira la comunidad autónoma, pero que en palabras del director de Derechos Sociales del Gobierno regional, Javier Bermúdez, ya empiezan a arrojar datos positivos: “La PCI nunca tuvo por sí sola tanta cobertura”, afirma. No obstante, se avanza en una Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, un escudo social que ya existe en otras autonomías y que comenzará a implantarse este año por fases.
El anteproyecto de ley recoge en su primer borrador que sustituirá a la PCI, que se encuentra en su último año de vida y complementará al Ingreso Mínimo Vital, en especial en todos los aspectos que ha dejado fuera. La norma proyecta tres tipos de ayudas: renta de inclusión social, renta para la inclusión social de jóvenes y una prestación complementaria a los ingresos del trabajo.También prevé otros tres complementos: a la vivienda, a la educación (por ejemplo, ayudas a la escolarización de cero a tres años) y a las pensiones no contributivas. Javier Bermúdez insiste en que nadie va a quedarse atrás con este nuevo modelo, ya que su implementación será progresiva y la PCI se mantendrá mientras el IMV no cumpla con las expectativas de ayudar a la población vulnerable que lo requiere.
El director de Derechos Sociales admite que aún queda mucho año por delante y que serán unos meses duros, por lo que su departamento está estudiando posibles cambios en la prestación canaria, para que sea más ágil, ya que el trámite de control actual es muy arduo. Se trata en la actualidad de una cuantía a la que solo se puede acceder una vez que se han agotado otras prestaciones, es decir, es una última vía para la ciudadanía que se encuentra sin ingresos. Por ello, una de sus recientes modificaciones consistió en que se pueda solicitar sin necesidad de tener la resolución del IMV, de manera que solo bastase con presentar el comprobante de haberlo tramitado.
Otra de las realidades de Canarias es que es una de las comunidades autónomas con un mayor número de pensiones no contributivas, “esto dice mucho del modelo laboral y económico canario porque tiene que ver con personas que no han cotizado, pero no porque no hayan trabajado sino que han estado en la economía sumergida o en tareas reproductivas por ejemplo”, señala Bermúdez. En total, esta autonomía cuenta con casi 43.000 pensionistas no contributivos, “con una inversión que el año pasado llegó a los 246 millones”. En este sentido, explica que aunque se han mejorado las cuantías, las pensiones son muy bajas y por ello se hace necesario que existan complementos con esta renta de ciudadanía.
La tasa de paro también ha ido en aumento en las Islas este 2020, pese al escudo de protección que suponen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Actualmente, registra una tasa del 25,22% y es la comunidad más perjudicada por la destrucción de empleo por su dependencia al turismo y a la hostelería. Además, 84.403 personas se encuentran en ERTE en esta autonomía según los datos del mes de enero de 2021. “Cuando pensamos en pobreza, pensamos en familias sin empleo y la realidad es que hoy en día tener empleo no siempre salva de la pobreza”, señala Bermúdez, que añade que por ello es importante que la renta de ciudadanía incluya estos complementos al trabajo.
Debate sobre el contenido de la ley
El director de Derechos Sociales señala que el debate debe girar en torno a los contenidos de la ley y si se pueden introducir mejoras. Actualmente, la consejería se encuentra estudiando las alegaciones que han presentado diferentes entidades y colectivos para tratar de mejorar el texto que posteriormente podrá seguir incluyendo cambios en el trámite parlamentario. Uno de los documentos más extensos con propuestas ha sido el aportado precisamente por la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN), que en sus informes refleja cada año la realidad de las Islas en este sentido. En los últimos meses de 2020 celebró incluso unas jornadas para debatir sobre esta próxima herramienta con la que contará Canarias.
En el documento remarca que pretende realizar “valoraciones y aportaciones constructivas” y entre las principales destaca la necesidad de modificar la franja de edad contemplada entre los requisitos para solicitar esta renta, es decir, ampliarla de los 18 a 67 años, frente a la franja de 23 a 65 que recoge en la actualidad. Con el objetivo de llegar a otros colectivos, el actual anteproyecto señala que las personas migrantes que quieran solicitarlo deberán acreditar un empadronamiento mínimo de 12 meses o tener la residencia efectiva de cinco años. La EAPN propone “sustituir el requisito de empadronamiento para el colectivo sinhogarismo y migrantes por un informe social que acredite su situación”.
Otras propuestas realizadas pasan por añadir un complemento de discapacidad, que en la valoración del caso se tenga en cuenta la situación actual y no la del año anterior (una cuestión que ha dejado fuera del Ingreso Mínimo Vital a personas cuya situación empeoró este año) o la creación de un complemento que compense la pérdida económica de las familias que recibían la prestación por hijo a cargo o por hijo a cargo dependiente. Además, otro de los puntos en los que incide es en que sea una “ley garantista”, que perdure en el tiempo y que no varíe cada cuatro años, como ocurre con la leyes de Educación, por ejemplo.
El informe de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias también recuerda que los recursos humanos y técnicos de la administración pública están saturados, por lo que cree que “es de vital importancia que se dé prioridad a reforzar estas áreas, ya que sin los recursos humanos y técnicos necesarios para la tramitación de las solicitudes, se aumentaran los tiempos de gestión, lo que se llegará con retraso a solucionar estas situaciones que son de emergencia”. Así mismo, añade la necesidad de agilizar los trámites para poner en marcha el Historial Social Único, una herramienta para la que ya el Gobierno de Canarias ha dado los pasos para que se ponga en marcha.
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