José Miguel Pérez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Educación, ha afirmado este martes que su Ejecutivo comparte y apoya la decisión de la Generalitat de Cataluña de recurrir el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, cuya tramitación el ministro José Ignacio Wert ha aceptado retrasar ante el aluvión de críticas recibidas.
En declaraciones al programa Tiempos Modernos de CANARIAS AHORA RADIO, José Miguel Pérez expuso que la reforma educativa planteada por el Gobierno del Partido Popular conculca la Constitución en al menos tres aspectos fundamentales, porque “mercantiliza el concepto de educación”, reduce el papel de las familias y “margina a las comunidades autónomas”.
Pérez recordó que la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, ha abogado en repetidas ocasiones por el consenso y por una colaboración del Estado con las comunidades autónomas, fruto de “sentarnos a trabajar a fondo” para compartir experiencias, en vez de elaborar la reforma “en dos meses”.
Asimismo José Miguel Pérez denunció que al Gobierno de Canarias todavía no le ha llegado “ni un céntimo” de los 10,2 millones que tenía asignados este año dentro de los fondos de cooperación territorial distribuidos por el Ministerio de Educación, y que se iban a dedicar a aspectos como la lucha contra el abandono escolar.