El real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros este miércoles para hacer frente al impacto económico de la crisis de Ucrania, que incluye la liberalización de la instalación en Canarias de las plantas regasificadoras, se ha encontrado con el rechazo del Gobierno regional y varios políticos de renombre en el Archipiélago.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha sido el primero en dejar clara su posición: “Nos van a tener radicalmente en contra”. En una rueda de prensa convocada de urgencia este jueves por la mañana, Morales ha criticado que, con este “despropósito”, el “Estado pretende meter un gol por toda la escuadra”.
El presidente insular se ha opuesto durante sus mandatos al gas como alternativa a otros combustibles fósiles, por lo que considera “increíble” y “demencial” que el Gobierno de España abra la puerta a la instalación del gas para generar energía. Durante su comparecencia dejó clara su oposición “radical” a las regasificadoras y a la implantación del gas ciudad, es decir, a sustituir el fuel-oil por este recurso para generar electricidad.
De esta manera, Morales sigue la línea de su partido. El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, expresó tras esta resolución su oposición a las regasificadoras, “como las proyectadas para Granadilla y Arinaga, gaseoductos y el gas ciudad”, como solución para afrontar la inflación derivada de la invasión rusa en Ucrania. Rodríguez, también vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero de Hacienda, ha tildado de “incalificable” que se coloque una discusión sobre las regasificadoras, “resuelta y superada” en Canarias, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), además “sin debate ni comunicación”
El Gobierno de Canarias también ha explicado su postura en el Consejo celebrado este jueves. Según su portavoz, Antonio Olivera, el Ejecutivo está en contra de esta decisión y así lo ha hecho saber “con firmeza” a la administración central. La modificación exime de autorización previa la construcción en las Islas de ese tipo de instalaciones energéticas, como explicó Olivera.
El portavoz indicó que Canarias coincide en esa exención al combustible “con una condición”, que el hidrógeno verde que se genere en estas plantas con gas natural sea para autoconsumo de la infraestuctura que lo construya, bien para la producción de electricidad, bien para el abastecimiento de puertos y buques, pero no para que ese gas se pueda acabar comercializando para otras finalidades.
El Ejecutivo autonómico “mantendrá la estrategia ya establecida” y así se lo transmitió a la administración central “con firmeza”. “No vamos a cambiar de opinión en esta materia”, aseveró Olivera. Por otro lado, puntualizó que no se trata de regasificadoras “con macroinstalaciones” como las planteadas en el pasado.
En este sentido, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana (PSOE), ante las muestras de rechazo esbozadas por algunos políticos canarios, ha afirmado que este real decreto aprobado por el Consejo de Ministros responde a una “previsión normativa” por si las circunstancias hicieran necesaria su construcción en las islas.
Mayor dependencia del exterior
Este rechazo, según el portavoz parlamentario de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, es generalizado desde los inicios de la legislatura con el conjunto de formaciones que sustentan el gobierno de coalición, integrado por el PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera.
Estas regasificadoras harán a Canarias “más dependiente del exterior, de las multinacionales y de los precios del gas” y ''van a retrasar la implantación de las energías renovables en la comunidad''. Según Marrero, esto alejaría a las Islas “de la soberanía energética”.
Desde Sí Podemos Canarias se insiste en que se debe eliminar del citado decreto ley la disposición final cuarta, que ''facilita esos viejos proyectos de regasificadoras'' que Canarias no necesita y que inicialmente estuvieron previstos para el puerto de Granadilla.
El Cabildo de Tenerife, a favor de las regasificadoras
El Cabildo de Tenerife ha reiterado en varias ocasiones su apoyo a la construcción de una regasificadora en Granadilla, un modelo defendido históricamente por Coalición Canaria que apuesta por el gas como energía de transición hacia un modelo sostenible.
El pasado mes de mayo, y a excepción de Sí Podemos Canarias, todos los grupos de la Institución insular apoyaron la moción del PP de llevar a cabo esta construcción.
Esta defensa del gas en un Cabildo gobernado por el PSOE y Ciudadanos choca con la estrategia defendida por el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, también del PSOE. En numerosas ocasiones ha manifestado su rechazo a la construcción de una infraestructura que transforme el gas líquido a estado gaseoso ubicada en el puerto de Granadilla, porque las Islas no emplean este recurso en las centrales térmicas y habría que introducirlo.
La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) también ha reclamado con urgencia la edificación de una regasificadora en Tenerife y ha puesto sobre la pesa argumentos similares a los expuestos por la Corporación insular.