Canarias, la comunidad con mayor riesgo de pobreza que se niega a implantar una renta básica por miedo a “cronificarla”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tiene un remedio claro para reconducir la situación de las familias que viven al borde de la exclusión social o la pobreza: apostar por la generación de empleo y porque los salarios aumenten. Un guión con plazo indefinido que resulta tan válido como repetido en los diversos discursos políticos esgrimidos tanto en las Islas, como en el epicentro de la Península.

Sin embargo, una triste realidad requiere de medidas urgentes por parte del Gobierno en minoría que encabeza Coalición Canaria (CC): el Archipiélago lideró el pasado año el lamentable podio de las autonomías con mayor índice de población en riesgo de pobreza de España. Un 44,6% de la ciudadanía canaria – es decir, casi la mitad – según el VII Informe sobre la pobreza en España publicado recientemente.

Esta situación llevó recientemente a Podemos a elevar al Parlamento la propuesta de una renta mínima garantizada que suponga unos ingresos mensuales a personas que se encuentran en exclusión social, para que cubra sus gastos básicos. Clavijo rechazó primero la idea, para después decir que su implantación no compete al Ejecutivo regional, sino al nacional. Además, habló de ayudas prestadas por el Ejecutivo regional, como la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

A su juicio, la aplicación de este tipo de renta no soluciona la situación de pobreza en la que viven muchas familias de Canarias desde hace años, sino que por el contrario, la “cronifica”. El presidente canario entra así en el debate que refleja el documental Free Lunch Society que plantea dudas sobre si contar con una subvención que garantice la supervivencia de una persona hará que ésta evite ser productiva o trabajar.

Carmelo Jorge es miembro de Comisiones Obreras (CCOO), uno de los sindicatos que presentaron a Clavijo una propuesta de renta mínima garantizada. En su opinión, es la ausencia de renta lo que “cronifica” más la pobreza. Afirma que el argumento del líder de Ejecutivo regional no solo es poco ético, sino que carece de sentido, porque “no hacer nada” es lo que no da resultado.

“Eso de que cronifica la pobreza es un mantra que no se basa en ningún estudio, no aporta ningún dato... en todo caso es una opinión respetable, pero desde mi punto de vista muy poco acertada”, apostilla. Al respecto, cuestiona si “¿de verdad alguien cree que con 450 euros al mes una persona se puede acomodar?”.

Según explica a Canarias Ahora, la renta básica no sólo consigue mantener con cierto nivel de consumo a una parte de la población, lo que repercute de forma positiva en la economía, sino que también permite la retirada de incentivos sobre los “salarios basura”. El coste anual para llegar a unas 10.000 unidades familiares sería de 60 millones de euros, explica, por lo que considera que duplicar esa cifra es viable a falta de “voluntad política”.

En su opinión, la PCI se usa como arma para conseguir el voto cautivo electoral de los ayuntamientos. Además, cuenta con tres problemas principales: su dificultad de tramitación, su retraso a la hora de llegar a personas en situación de emergencia social, y su insuficiente dotación.

“Precisamente con la PCI en vigor hemos alcanzado los niveles de pobreza actuales. Con ella en vigor, no solo se ha cronificado, sino que se ha extendido”, lamenta.

Aunque existe una iniciativa legislativa popular tramitándose en el Congreso sobre la renta básica, el sindicalista recuerda que no existe ninguna norma que prohíba a la comunidad autónoma ofrecer una renta mínima de subsistencia destinada a familias sin ingresos, que podría oscilar entre los 450 y los 500 euros al mes. Desmiente así a Clavijo e insiste en que “la comunidad autónoma tiene competencias para hacerlo, si no se hace es porque no se quiere”.

El desempleo se puede “cronificar”, especialmente aquí

El catedrático del departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Fernando Fernández, cree que la afirmación de Clavijo puede ser cierta hasta cierto punto, pero sostiene que las ayudas “no van a cronificar la pobreza”.

El debate de la renta básica está candente en Europa ante la eminente irrupción de la tecnología en el mercado laboral, lo que deriva en un menor número de puestos de trabajo. “La robotización puede conducir a que se produzca todo un cuello de botella de reducción de empleo y en situaciones como esa no queda otro remedio que acudir al subsidio”, señala.

Los subsidios son una característica del estado del bienestar que se han ido desarrollando con el paso del tiempo, pero “dentro de unos años, podríamos estar en una situación en la que no haya empleo para todos, en ese caso no queda otro remedio que la renta básica”. Una renta que en el caso de Canarias, no cree que pueda alejarse de los 400 euros.

En el caso de Alemania, hay personas que tienen los conocidos como mini jobs, que son trabajos de poca cualificación o remuneración, que complementan con ayudas del Estado para pisos, comidas y “un montón de cosas”. “Ese modelo no sería extraño que terminase implantándose en los países europeos que pudiesen llevarlo adelante, porque la situación del desempleo sí que se puede cronificar, especialmente aquí en las Islas”,

La renta básica, universal

Sergio Santana, miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) y de la Red por la Renta Básica da un paso más y no solo cree que la parte de la población en riesgo de exclusión deba percibir este subsidio de forma mensual, sino toda.

Ya sea una persona con grandes ingresos, como otra en situación de pobreza, debería ingresar a su juicio la misma cantidad cada mes.

Considera erróneo pensar que una persona dejará de ser productiva si percibe un salario mínimo por derecho, porque “el ser humano no ha nacido para sentarse en una silla y esperar 90 años a que caiga el maná del cielo”. Teniendo en cuenta que no hay trabajo para toda la sociedad española, donde el paro no ha bajado del 15% en veintisiete años desde el inicio de la democracia, pregunta: “mientras esperamos a que llegue el pleno empleo, que no va a llegar, ¿qué hacemos con las personas en situación de pobreza?”.

Santana habla de una serie de experimentos que se han hecho sobre la renta básica incondicional e universal en diversos puntos del globo, como en Namibia, la India, Manitoba (Canadá) o Finlandia. Respecto a sus resultados, afirma que éstos demuestran que las personas que tienen ingresos regulares de forma permanente y estable cambian y empiezan a mostrar interés por la sociedad y su actividad.

En la India, señala, se activó una renta básica durante 18 meses a partir 2011 que consiguió unir las distintas castas en tareas cooperativas. “Las mujeres empezaron a organizar actividades que asombraban por su contribución al desarrollo de los pueblos locales que estaban en la miseria. Lo que dice el señor Clavijo no se corresponde con las experiencias piloto que se han desarrollado”, recalca.

Coincide con Carmelo Jorge en que la financiación de alternativas como la PCI es insuficiente y ha mostrado no ser efectiva, como a su juicio pasa con la renta de garantías de ingresos del País Vasco, por la que se perciben unos 600 euros mínimos por la condición de “estigmatización y humillación a la que se ven sometidos quienes la tienen”.

Mas turismo, pero más pobreza

Mientras el aumento de turistas - que dispara los resultados de la principal industria de las Islas - apenas se traduce en un aumento de empleo y de salarios (un 3,7% en 2016 ), Clavijo recuerda que el Gobierno tiene en marcha la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Su presupuesto, sin embargo, queda lejos de satisfacer las necesidades de una pobreza que ya se encuentra cronificada.

Tal y como explicó Enrique Bethencourt en su artículo Presupuestos canarios, insuficientemente sociales, el País Vasco cuenta con la Renta de Garantía de ingresos (RGI), dirigida a trabajadores con pocos recursos, desempleados o pensionistas, dotada este año 2017 con 400 millones de euros, que son ampliables en función de la demanda. Se dirige a atender las necesidades básicas “de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes” ayudándoles además a encontrar una salida laboral. La Prestación Canaria de Inserción (PCI) es, sin embargo, mucho más modesta: 51 millones de euros, pese a la mayor extensión de la pobreza en la comunidad canaria.

Una cifra que se ha incrementado en 6,7 millones con las enmiendas a los Presupuestos de 2018 presentadas por CC, el Partido Popular (PP) y Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Cantidad que para partidos como Nueva Canarias (NC) o Podemos resulta insuficiente. NC ha presentado una propuesta al proyecto de ley de los presupuestos para elevar la cuantía de la PCI a los 532 euros mensuales, cuando en la actualidad la mínima cuantía percibida ronda los 470 euros.

Podemos anunció su intención de presentar tres enmiendas parciales para demostrar a Clavijo que “es posible implantar una renta social garantizada dotada con 160 millones de euros”. Al respecto, la portavoz parlamentaria de la formación Morada, Noemí Santana, explicó que este tipo de subsidio ya se aplica en Baleares, Euskadi, Castilla La Mancha o Cataluña, “lo que demuestra que es posible implantarla”.