Canarias debe crear 8.000 plazas públicas de Educación Infantil 0-3 años en esta legislatura para poder situarse en la media del Estado. Es la principal conclusión de un estudio realizado por la plataforma por el 5% del PIB en Educación que resalta además que un 48% de los municipios de la Islas carece de oferta “de esta trascendental etapa educativa, clave para combatir las desigualdades y prevenir el abandono escolar”, apunta. Por ello, la plataforma solicita al Gobierno de Canarias la urgente presentación del mapa de la Educación Infantil y del plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil previstos en la Ley Canaria de Educación.
La plataforma amplía así el estudio realizado en enero de 2020 en el que describía la situación durante el curso 2018-19. “Tenemos que lamentar que los avances desde entonces han sido escasos, mostrando de nuevo la poca conciencia política de parte de nuestros gobernantes sobre la importancia que tiene la educación como factor compensador de las desigualdades sociales y de impulso al desarrollo social y económico”, apunta. El nuevo estudio, tras una descripción pormenorizada de la situación, establece, entre otras conclusiones, que la implantación del Primer Ciclo de Educación Infantil en Canarias es la menor de entre todas las comunidades autónomas de España y su distribución es muy heterogénea entre islas y entre municipios. De los 88 municipios de Canarias, 42 (el 48%) carecen completamente de oferta de Infantil 0-3 años y lo mismo ocurre con la isla de El Hierro, la única sin oferta.
La carencia de un mapa de la implantación y de planes para su extensión está dificultando el conocimiento público de la situación y la expansión de la oferta para cerrar la brecha que nos separa del resto de las comunidades autónomas ya que Canarias necesita crear 8.000 plazas de 0-3 años para alcanzar la tasa de escolarización media del Estado (41%).
En el estudio se muestra como en los datos de las islas no capitalinas existe contraste entre las altas tasas de implantación de la oferta 0-3 años de las islas occidentales, salvo el curioso caso del Hierro, de La Palma (30.95%) y La Gomera (29,57%), con mayor estabilidad de la población tradicional y moderado desarrollo turístico, y las bajas tasas de implantación de Lanzarote (3,65%) y Fuerteventura (10,24%), con mayor crecimiento poblacional y alto desarrollo turístico en las últimas décadas. Este contraste sociológico destaca la plataforma merecería un estudio más específico.
Mapa y plan
La plataforma insiste en la necesidad de presentar por parte del Gobierno de Canarias un mapa de la Educación Infantil y atender a las necesidades de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil previstos en la Ley Canaria de Educación no Universitaria y que apunta que “debieron haber sido presentados al Parlamento en 2015, hace 6 años”.
La Plataforma insta la Consejería de Educación a firmar un convenio con la FECAM para, siguiendo el ejemplo de Extremadura, situarnos al final de esta legislatura en las medias del Estado. Con ese objetivo llama a los ayuntamientos sin oferta o con oferta inferior al 21% a elaborar de forma urgente un plan de implantación y desarrollo de la oferta de educación 0-3 años que permita cerrar en esta legislatura la brecha que les separa del resto de España, ya sea con fondos propios o en colaboración con otras administraciones.
Además, insiste en que la escolarización temprana se ha revelado como una de las piezas clave para combatir la desventaja educativa y prevenir el abandono escolar temprano. Mantener bajas tasas de implantación en el Primer Ciclo de Educación Infantil puede comprometer a largo plazo el desarrollo educativo de una comunidad y las oportunidades educativas de sus menores.
“Canarias sufre una creciente brecha educativa con el resto de las comunidades autónomas de España como consecuencia de que sus procesos de mejora educativa son demasiado lentos, lo que está situando a la juventud canaria en un nivel de desventaja creciente que requiere una respuesta urgente del conjunto de instituciones y poderes públicos con responsabilidades educativas. Aumentar la oferta del tramo 0-3 años en al menos 8.000 nuevas plazas públicas se convierte en un objetivo estratégico para contribuir al desarrollo de la población infantil, prevenir dificultades de aprendizaje, y compensar las desigualdades derivadas del entorno social, cultural y económico adverso”, concluye.