El Gobierno de Canarias ha dado ya su conformidad a la propuesta de un convenio para elaborar un mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que guíe la recuperación de sus cuerpos promovido por el Ejecutivo español, iniciativa que han respaldado hasta ahora ocho comunidades.
Así se constata en un informe que ha presentado esta mañana el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la Ley de Memoria Histórica, del que se desprende que la oficina de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura ha recibido desde su puesta en marcha un total de 5.389 consultas: 1.579 en 2008 y 3.810 en lo que va de año.
En este informe sobre el cumplimento de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura han colaborado también los Ministerios de la Presidencia, Asuntos Exteriores, Defensa, Economía y Hacienda, Interior, Cultura y Administraciones Públicas.
El Ministerio de la Presidencia ha impulsado los trabajos de coordinación con otras Administraciones Públicas para la elaboración del mapa de los lugares de inhumación y el protocolo para la realización de las exhumaciones.
Presidencia remitió el pasado 30 de octubre a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias un convenio para elaborar el mapa integrado de fosas, y ya han mostrado su conformidad Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura y Melilla.
Mientras, han manifestado su disconformidad las Comunidades de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia, supuestos en los que, según el Gobierno, son las asociaciones de familiares de fusilados y desaparecidos quienes colaboran.
Ante estas dificultades, la oficina de víctimas busca otras fuentes de información para elaborar el mapa, como son los archivos del Valle de los Caídos, de los Gobiernos Civiles, trabajos de las Comunidades Autónomas y publicaciones especializadas.
Una vez realizada la redacción total del mapa de fosas se remitirá a las Comunidades Autónomas para conocer su opinión.
Respecto al protocolo que fija cómo proceder de manera uniforme a las exhumaciones, el País Vasco y Canarias han mostrado su acuerdo con el convenio que les ha enviado la Presidencia y que señala que serán las Comunidades, en la medida de sus medios, las que apliquen las actuaciones encaminadas a su aplicación.
No obstante, todas las Comunidades consideran necesaria la financiación estatal para ejecutar este protocolo.
Sobre el cumplimiento de otras medidas contempladas en la Ley de Memoria Histórica, éstos son los datos aportados por Justicia:
- Declaración de reparación y reconocimiento personal: se han recibido 574 solicitudes, de las que 464 han acreditado el cumplimiento de los requisitos.
- Actuaciones realizadas en el Registro Civil: Para adquirir la nacionalidad española se han presentado 39.134 solicitudes: 37.085 en Iberoamérica y 2.049 en otros países.
- Concesión de nacionalidad española a miembros de las Brigadas Internacionales: De las quince solicitudes presentadas, se han concedido catorce (uno fallecido)
- Subvenciones a proyectos a través del Ministerio de la Presidencia:
- Solicitudes: de 2006 a 2008 las asociaciones, fundaciones, sindicatos y agrupaciones de personas civiles han presentado un total de 302 solicitudes (70 en 2006, 100 en 2007 y 132 en 2008), presupuesto para el que se ha destinado un presupuesto de casi diez millones de euros.
- Ejecución de proyectos: en el mismo periodo anterior, 139 entidades han puesto en ejecución 304 proyectos relacionados con exhumaciones, búsqueda y catalogación archivos, recuperación de testimonios orales y escritos, instalación de monumentos y celebración de cursos y jornadas, entre otros.
Año 2009 en tramitación: se han presentado 197 solicitudes para la realización de 203 proyectos, para lo que se cuenta con un presupuesto de casi cuatro millones de euros.
- Indemnizaciones: de las 77 solicitudes por fallecimiento se han resuelto 59, y doce de ellas han resultado favorables. Por lesiones incapacitantes se han recibido siete solicitudes, de las que se han rechazado seis y una se encuentra en tramitación.
Para el reconocimiento de indemnizaciones a “ex presos sociales”, de las 68 solicitudes recibidas, catorce han resultado favorables.