España acumula ya tres años siendo el país de la Unión Europea (UE) con más expedientes abiertos por actuaciones medioambientales que incumplen la normativa comunitaria: cerró 2018 con 32 expedientes abiertos. Aunque el Estado es el máximo responsable a ojos de la Comisión Europea (y por ello, la administración encargada de hacer frente a las posibles sanciones), hay casos en los que es la comunidad autónoma o el ayuntamiento quien tiene en su mano solventar el problema al tener competencias directas en determinados asuntos. En materia de gestión de residuos o en la depuración de aguas, Canarias no se ha ajustado a los plazos dados por la UE para adecuarse a la normativa.
En concreto, Bruselas abrió expedientes a España por la gestión de aguas residuales urbanas en Valle de Güimar y Valle de Guerra (Tenerife), al considerar que en esos puntos se incumple la directiva 91/271. Al no ejecutar los compromisos adquiridos como miembro de la UE en los plazos previstos, la Comisión remitió el caso al Tribunal Europeo de Estrasburgo, que condenó en julio de 2018 a España a pagar una multa de 12 millones de euros, además de otros 11 por cada seis meses que se prolongue el incumplimiento.
Así, el Estado ha estimado que hasta 2022 continuará abonando dicha cantidad, porque será entonces cuando consiga ajustarse totalmente a la normativa. Por ello ha repartido entre administraciones autonómicas los pagos de forma proporcional. En el caso de Canarias, donde las competencias en esta materia son municipales y regionales, ha impuesto una primera sanción de 900.000 euros que deberá ser abonada entre el Gobierno autonómico y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
En el caso de los expedientes abiertos en España por incumplir la normativa en cuanto a la gestión de residuos, la Comisión Europea ha dado un ultimátum en diciembre de 2018 al Estado por la presencia de vertederos ilegales en cuatro comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias. En el Archipiélago, donde el Gobierno regional es competente en primera instancia de esta materia, existen al menos 10 vertederos pendientes de adecuarse a la directiva 2008/98. De no producirse el sellado o la regeneración de los vertederos, España podría enfrentarse a otra sanción económica.
El pasado 24 de enero, la Comisión Europea elevó al Tribunal de Justicia el incumplimiento por parte de España de las normas de la UE en materia de prevención de inundaciones que contempla la directiva 2007/60. Este caso es achacable al Gobierno regional, pues no redactó los planes para las siete demarcaciones hidrográficas canarias antes de marzo de 2018, el plazo dado por la Comisión. En julio del mismo año España recibió un segundo aviso, pero dado que “esta situación persiste en las siete demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE”, según un comunicado.
También sigue abierto en Europa el caso del desarrollo del complejo turístico Origo Mare en Majanicho (Fuerteventura) por incumplir la directiva que evalúa las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (2014/52), que exige la elaboración de un informe previo a su desarrollo, y la de hábitat (92/43). Y es que se trata de un proyecto que se aprobó sin los informes previos necesarios y se ejecutó vulnerando la normativa sobre protección ambiental, como así sentenció el Tribunal Supremo.
Desde las instituciones se ha propuesto por parte del Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno regional y central a la UE amnistiar una urbanización que ha provocado la desaparición de más de un millón de metros cuadrados de malpaís o coladas volcánicas. A cambio, afirmaron, de proteger la Cueva del Llano. Es más, a pesar de que el caso podría elevarse al Tribunal de Justicia en Estrasburgo y suponer una sanción económica para España, el promotor de la obra ha pedido poder construir más plazas hoteleras en la misma zona.
En los expedientes también se incluye el silvestrismo, es decir, una modalidad de caza de pájaros cantores en la que se utiliza una red para enjaularlos. Esta práctica fue denunciada por la ONG SEO-Birdlife y la Comisión Europea envió un dictamen en mayo a España sobre este asunto, pidiendo que se acreditara que se ha prohibido, en la línea de la directiva 2009/147. Desde 2011 se ha permitido la caza de dos millones de aves, como el pinzón vulgar, el verderón común, el jilguero lúgano o el serín canario, una especie esta última muy común en el Archipiélago, excepto en Fuerteventura y Lanzarote, que ha experimentado en las últimas décadas una reducción por la pérdida de hábitat.