Canarias gestionó la pandemia con unos servicios sociales solo mejores que los de Madrid y Murcia: estos son los puntos débiles de su sistema

Canarias ha retrocedido su puntuación en cuanto a desarrollo de sus servicios sociales si se tienen en cuenta los datos con los que afrontó la pandemia. La comunidad ha sido puntuada con un 3,40 en el último informe de la asociación estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales, que los califica al igual que a otras tres comunidades (Cantabria (3,65), Madrid y Murcia, ambas con una puntuación de 3,20) de “irrelevantes”. Lo achaca, entre otras causas, a la falta de personal y en especial a la situación de la dependencia en las Islas, con carencias históricas desde la aprobación de la ley. Por ejemplo, en cuanto al personal técnico destinado a estos servicios, se constata que el Archipiélago cuenta con un trabajador o trabajadora por cada 3.219 habitantes, muy por debajo de la media estatal, que es de uno por cada 1.875. 

El llamado índice DEC (derechos, economía y cobertura) fue presentado este lunes en Madrid por el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que aseguró que España cuenta con unos servicios sociales “débiles” para enfrentar la mayor crisis social. Recordó que el gasto público aún no se había recuperado el pasado año de los recortes de la crisis de 2008 y que el 40% de la sociedad española vive en comunidades con un desarrollo de los servicios sociales “débil o irrelevante”, lo que calificó de “preocupante”. Canarias se sitúa así en el puesto número 15, muy lejos de otras como País Vasco o Navarra, que se encuentran a la cabeza con unos servicios sociales “excelentes”. No obstante, no ha entrado a valorar en cómo salen parados los Servicios Sociales de la crisis, sino en qué situación llegaron a la pandemia.

Las principales carencias que menciona el informe en el apartado de Canarias son en materia de dependencia. El Archipiélago (pese a que en el estudio de febrero sobre dependencia se le reconocía una mejora al haber incorporado 1.700 personas en su sistema en un año complejo) solo atendía según los datos del pasado año al 6% de su población potencialmente dependiente, mientras que la media estatal es del 9,7%. Así mismo, destaca que su tasa de desatención (limbo) es mucho más elevada, con un 24,4% frente al 17,1% de media estatal. En cuanto a plazas residenciales para personas mayores, la cobertura es de 1,2 por cada 100 personas mayores de 65 años; mientras que la media estatal es 2,7%. En otros informes, la asociación ha cifrado en unas 7.000 plazas la carencia que presenta el Archipiélago en este sentido. 

La ayuda a domicilio ha sido en los últimos años otro de los puntos pendientes en las Islas. El estudio detalla que el índice de cobertura es inferior al estatal con un 2,7 siendo la media un 4,9. En este apartado la comunidad saca un cero de 0,30 puntos posibles. En cuanto a la intensidad de este servicio sí que sale mejor posicionada, con 24 horas de prestación semanal, frente a las 20,6 de la media nacional. La teleasistencia es otro de los puntos débiles, con un índice de cobertura del 2,4% frente al 10,2% de la media estatal. 

El informe afea que, en Canarias sólo se beneficien de rentas mínimas un 1,5% de su población bajo el umbral de la pobreza; cuando la media estatal es del 7,9%. Así mismo, detalla que la cuantía media por persona perceptora de estas rentas es equivalente al 12,5% de su renta media por hogar; mientras que la media estatal se sitúa en el 17,1%. No obstante, según datos del Gobierno regional este 2021 es el momento de la historia de las Islas en el que más personas se acogen algún tipo de renta, ya sea de la Prestación Canaria de Inserción (7.396 familias en febrero) como del Ingreso Mínimo Vital (13.454 hogares hasta abril). Según la EAPN, las Islas tenían antes de la pandemia al 35% de su población en riesgo de sufrir exclusión social y por ello, también se trabaja en la Renta Canaria de Ciudadanía. 

Avances positivos que se reconocen

El estudio admite ciertas luces en la gestión de Canarias. Así, destaca que con la aprobación de su nueva Ley de Servicios Sociales, inicia el camino para la definición de derechos, si bien todavía no los ha concretado en un catálogo y “adolece de planificación estratégica”. Valora también el mayor número de plazas diurnas que cuenta para personas con discapacidad frente al conjunto del país (con 4,2 plazas por cada 100 personas con discapacidad, frente a 2,7 de media estatal) y la integración de las entidades locales de su territorio en la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia. 

Además, el gasto por habitante en Servicios Sociales ha pasado de 253,1 euros en 2013 a 393,1 € en 2019, en una tendencia creciente continuada, que se acerca a la media estatal (406,3 euros). Del mismo modo, el gasto sobre el PIB de esa Comunidad mejora desde 2013 (1,33%) hasta 2019 (1,86%), y se sitúa por encima de la media estatal (1,60%). Y el gasto en esta área sobre el total del gasto ordinario de las Administraciones Públicas en Canarias ha pasado del 5,82% en 2012 al 9,68% en 2019, casi igual que la media estatal (9,95%). 

Sin embargo, la asociación es contundente: “el incremento de la relevancia económica del Sistema desde el año 2012 no se corresponde con el incremento en su oferta de prestaciones y servicios”. Por ello, propone “una ordenación territorial en la que los Cabildos Insulares, los grandes municipios y el Gobierno Canario alcancen un pacto estratégico global hacia un modelo vertebrado de servicios sociales que va mucho más allá de la mera delegación de competencias” y añade que “los solapamientos y las ineficiencias actuales son un lastre que tiene importantes consecuencias para la población de Canarias al mermar sensiblemente la cobertura”. De hecho, José Manuel Ramírez insistió este lunes en la presentación del documento: “Gastar más no es necesariamente hacerlo mejor”. 

El estudio también analizó las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, donde la media estatal y canaria son similares con un 9,4 y un 9,5% así como las de personas sin hogar; con un 33,8% en las Islas cuando la media es de 40,7%. Sobre acogida a menores, el Archipiélago está por encima de la media con 53,9% frente al 50,4% estatal. 

De manera global, la asociación es muy crítica con la burocratización de los servicios, “en un momento tan crítico como el actual, se agudiza la inoperancia del sistema por sobrecarga de gestión”, lamenta. Más allá de los datos, advierte de que existe la amenaza de convertir los Servicios Sociales en “simples oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checking social) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen ante situaciones de pobreza. Eso hace inoperantes a los servicios sociales en momentos, como los actuales, en los que tenemos que responder a nuevas realidades y necesidades que plantea la sociedad postcovid”, concluye.