La Plataforma del 5% para Educación ha advertido este lunes que la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias no prevé aumentar el presupuesto de Educación para 2022.
La plataforma, en un comunicado, ha señalado que las previsiones plasmadas en los planes presupuestarios plurianuales elaborados por el Gobierno de Canarias resultan “muy preocupantes”, pues aunque la previsión es que el PIB se incremente un 11,3%, la inversión en Educación sería igual a la de 2021.
“Si con un crecimiento del PIB del 11,3% la inversión en Educación se mantuviera, ésta bajaría desde el 4,55% del PIB actual al 4,1% en 2022, incumpliendo lo establecido en la Ley Canaria de Educación y el compromiso recogido expresamente en el Programa de investidura de este gobierno”, ha denunciado. Esto representa 434 millones de euros menos de lo que correspondería con el 5% del PIB establecido en la Ley Canaria de Educación, ha agregado.
En una reunión con el Diputado del Común la plataforma solicitó que desde dicha instancia se demande al Gobierno de Canarias que cumpla la Ley Canaria de Educación con una inversión del 5% del PIB para Educación en los Presupuestos de 2022. Por su parte, en la reunión con la Presidenta del Consejo Escolar se solicitó a dicho órgano un nuevo pronunciamiento instando al Gobierno y al Parlamento de Canarias a que se cumpla la inversión establecida en la Ley Canaria de Educación.
Esta plataforma social, según ha anunciado, proseguirá su ronda de gestiones y contactos con representantes del Gobierno y los grupos parlamentarios con el objeto de instarles al cumplimiento de la Ley Canaria de Educación. Según la plataforma, reducir la inversión en Educación respecto al PIB, no alcanzado el 5% previsto en la Ley Canaria de Educación, significaría “desatender el crecimiento de plantillas necesario para acelerar el proceso de mejora de la educación en Canarias y dejar en situación de desventaja a niños de 0-3 años que no accederían a una plaza escolar”.
Los presupuestos de 2022, ha continuado, son una oportunidad “para evitar tales despropósitos y acelerar la mejora de la Educación”, alcanzando el objetivo del 5% del PIB que establece la Ley, elevando la inversión educativa al nivel necesario que permita “alcanzar y mantener los estándares de calidad que la juventud canaria necesita