El Gobierno de Canarias ha presentado este martes su plan para adaptar a las altas temperaturas los centros educativos bajo su competencia, que contempla ocho ejes prioritarios de actuación y unos 30 millones de euros de inversión en lo que resta de legislatura.
Según han explicado en rueda de prensa los consejeros de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, este plan era “totalmente necesario” y supone “un paso de gigante en la mejora de las infraestructuras educativas” del archipiélago.
El primero de los ejes ya fue anunciado hace unos meses: el protocolo de actuación ante situaciones de altas temperaturas que establece diversos niveles de riesgo en base al calor que haga con medidas específicas para cada uno de ellos, pero este martes se han detallado otros siete con distintas actuaciones tanto para centros de nueva creación como para aquellos ya existentes.
Los objetivos estratégicos de este plan son mejorar la calidad y sostenibilidad de las futuras infraestructuras educativas, creando espacios que respondan a la actual crisis climática, y actualizar las ya existentes a través de actuaciones de reforma, acondicionamiento y mejora y priorizando la implementación de energías renovables.
Así, ha detallado Poli Suárez, se establece una planificación de actuaciones en los centros de nueva creación donde se tengan en cuenta aspectos como los espacios de sombra o la naturalización de zonas dentro del recinto, y que se construyan ya preparados para el cambio climático.
“Todos aquellos nuevos proyectos que se vayan a redactar para la creación de nuevos centros educativos, debemos contemplar entre otras cuestiones, los espacios exteriores, las zonas de sombra, la naturalización de los espacios. Será de manera obligatoria la creación de espacios amables en los que se puedan incluso impartir clases”, ha señalado el consejero de Educación.
Este plan también diseña una serie de actuaciones en aquellos centros que ya existen, algunos de los cuales, según Suárez, “nos hemos dado cuenta que no cuentan con ni con un solo árbol”.
En ese sentido, se prevén actuaciones en fachadas para mejorar las carpinterías exteriores, o el pintado en tonos claros de las paredes; la creación de espacios de sombra mediante pérgolas u otros tipos de estructuras y cubiertas; el techado de instalaciones deportivas en los centros, utilizando para ello placas fotovoltaicas en algunos casos, y la renaturalización mediante huertos escolares, mesas circulares u hoteles de insectos, entre otras medidas.
Para actuar en los centros ya existentes se tendrán en cuenta criterios de priorización en base a las zonas de radiación solar global media diaria en el archipiélago, donde las mayores afectaciones están en los sures de las islas, así como en Fuerteventura y Lanzarote.
Refrigeración, pero sin aire acondicionado
También se incorporarán sistemas de refrigeración mediante sistemas bioclimáticos adiabáticos que se combinará con la instalación de placas fotovoltaicas para que la energía que consuman sea de fuentes de energía renovable.
Este sistema de refrigeración se implantará en los centros educativos a través de una experiencia piloto en un centro de referencia y que servirá como base para una posterior y escalonada instauración en el resto de infraestructuras educativas.
El sexto eje de actuación tiene que ver, precisamente, con la implementación de energías renovables en los centros educativos que, en una primera fase se llevará hasta 55 centros educativos canarios de los alrededor de 1.000 que gestiona la comunidad autónoma, según Hernández Zapata.
El consejero de Transición Ecológica y Energía ha destacado que existe “otra versión de cómo gestionar los fondos Next Generation”, en relación con el anterior grupo de Gobierno regional de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG, que podía “haber sido más eficaz” en esta materia, tal y como, en su opinión, ha demostrado el actual Ejecutivo de CC y PP.
También se prevé la ejecución de medidas inmediatas, resaltando Poli Suárez que en el último año se han invertido unos dos millones de euros en obras para “mejorar la situación con las altas temperaturas de muchos centros de Canarias y que han ejecutado ellos mismos”.
Entre esas medidas inmediatas, están la instalación de fuentes o dispensadores de agua potable, la instalación de ventiladores, la implementación de toldos convencionales y otros elementos de sombra, así como la apuesta por la ventilación natural en las aulas.
Por último, se establece un proyecto formativo en materia de cambio climático como reto educativo, el proyecto Idafe, que cuenta con una financiación en dos años de 400.000 euros en 47 centros educativos del archipiélago.
Una formación, ha indicado Suárez, que no solo es para el alumnado canario, sino también para sus familias y para el personal docente y no docente de los centros educativos, y que se complementa con la creación de huertos escolares o con el proyecto investigador 'Globe' que permite instalar estaciones meteorológicas en los colegios e institutos para el análisis de estos datos por parte de los estudiantes.
Inversión plurianual
Este es, según Suárez, un “proyecto de legislatura” que contempla una inversión plurianual de 30 millones de euros en lo que resta del actual mandato, y que contará con fondos propios del Gobierno de Canarias, pero también con financiación de la Unión Europea, a través de los recursos de Next Generation, y, espera, procedente también del Estado.
“Y reivindico en este punto los 42 millones de euros que corresponden a Canarias dentro del Plan de Infraestructuras Educativas del archipiélago que debe sufragar, anualmente, el Estado y que no ha llegado”, ha agregado el consejero de Educación, quien ha destacado el “diálogo” que se ha establecido tanto con los propios centros como con los ayuntamientos para elaborar este plan y ejecutarlo.
Las medidas que contempla este plan, eso sí, se llevarán a institutos, centros de educación especial o de formación profesional del archipiélago, donde las competencias de mantenimiento residen en la propia comunidad, mientras que en los centros de infantil y primaria serán los ayuntamientos los que tengan que ejecutarlo.
En cuanto a los privados y concertados, si requieren asesoramiento del Ejecutivo para implantar medidas, el Gobierno se las brindará, pero la financiación correrá a su cargo, ha apuntado Suárez.