La Ley de Dependencia es “una magnífica ley mal gestionada”. Esa una de las premisas que ha mantenido desde hace años la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales del Estado, dedicada a analizar y defender la correcta aplicación de la norma, y que en su último informe dado a conocer este viernes sitúa a Canarias, de nuevo, entre las regiones españolas que “han perdido el tren de la ley y ahora en momentos duros será todo más complicado”.
Los datos oficiales del Sistema estatal para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del Imserso, arrojan que desde mayo de 2011, a pesar de ascender ligeramente el número de dependientes atendidos en las Islas, de 9.827 a 10.505 personas, los ciudadanos que tendrían derecho subjetivo a recibir las diferentes prestaciones de la Ley se mantienen, casi inalterables, por encima de los 14.000 casos pendientes.
Son los denominados dependientes “en el limbo”, sin que se haya solucionado su caso y recibido la prestación necesaria. Si en mayo pasado eran 14.411 personas, según los datos de la asociación, ahora en noviembre siguen prácticamente en la misma cifra, 14.452, ante el aumento de la demanda y a pesar de ser atendidos más 700 dependientes nuevos desde mayo.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha estimado el coste del sistema en los últimos seis meses a partir de los precios medios de los servicios y las prestaciones porque, explican en una nota, “no hay otra forma de hacerlo si las comunidades no ofrecen las cifras reales”.
En el caso de Canarias, la estimación de los costes totales en noviembre fue de 8.711.594,53 euros, 32.546,14 euros más con respecto a octubre, con uan media por dependiente de 829,28 euros, ligeramente superior a la media de toda España, que se situó, según estos datos de la ADGSS, en 748, 01 euros.
A juicio de los expertos del sector de los servicios sociales agrupados en esta asociación de Directoras y Gerentes, “la ralentización de la ley es un hecho, pero la situación por comunidades es muy desigual. Si tenemos en cuenta el coste mensual por persona atendida, se observa que hay comunidades en las que ese coste es menor que la media nacional y, sin embargo, atienden a los dependientes en condiciones óptimas, como en Castilla y León”.
La ADGSS aclara que “un coste más bajo no es síntoma de peor atención, sino de un catálogo de prestaciones equilibrado entre las ayudas económicas y los servicios. Lo que no es de recibo, por ejemplo, es que cinco años después, comunidades como Aragón, Baleares, Canarias, Valencia o Murcia no hayan registrado bajo la ley de dependencia, reconocido como derecho subjetivo, ningún atendido con ayuda a domicilio, por ejemplo, que no es caro y es muy adecuado en algunas situaciones”.
Castilla y León tiene la mejor ratio coste eficiencia, menor lista de espera, mayor cobertura y alta variedad de servicios y prestaciones, y sin embargo, no le sale tan caro, explican desde la ADGSS, donde se lamenta que “algunas comunidades han perdido el tren y ahora se acercan momentos económicos duros y lo tendrán complicado, mientras que otras, las que se apoyaron en las entidades locales para organizar su sistema, presentan las mejores cifras nos referimos a Castilla y León y al País Vasco”.
Las ayudas de la dependencia costaron en 2010 casi 6.000 millones de euros y los cálculos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales indican que en 2011 tendrán un incremento de 900 millones de euros, cuando deberían haber sido 2.000 millones. “Esta ley no parece cara, pero muy pocos empiezan a considerarla como un motor para el empleo, a distinguir con claridad gasto de inversión”, aseguran.
La asociación de gerentes dice que “l sistema sanitario es buenísimo para agudos, pero no para crónicos, para lo que no está preparado y sale carísimo. Si se les atendiera en el sistema de servicios sociales estarían mejor y saldría más barato”.