Canarias necesita aumentar este año en 250 millones su presupuesto para mejorar la calidad educativa y acercarse a lo que dicta la Ley

Canarias necesitaría inyectar 250 millones a sus próximos presupuestos para acelerar la calidad de la enseñanza y cumplir con la Ley Canaria de Educación en unos nuevos plazos. La norma detalla que debía dedicarse el 5% del PIB a Educación en el año 2022, pero la pandemia y la herencia de mandatos en los que no se apostó por ir creciendo en este sentido hacen que a día de hoy se destine aún el 4,47% del PIB a esta área.

La Plataforma por el 5% del PIB para Educación ha presentado a la Consejería un Plan Plurianual para alcanzar este fin, que considera clave para mejorar la calidad de la enseñanza en el Archipiélago. Según ese documento, el presupuesto de 2024 debería ser de 2.519.979.703 euros (lo que supone aumento de 244.917.237 euros) y el de 2025 de 2.735.750.000 (con aumento de 215.770.297 euros). El plan determina por tanto que en 2025 se podría alcanzar el mandato de la Ley Canaria de Educación (aprobada en 2014).

“La propuesta, dado al retraso sufrido, nace de la firme convicción de que los objetivos marcados por la Ley son imprescindibles para continuar en la senda de mejora ya iniciada, reducir considerablemente la brecha que nos separa de las medias del estado en los principales indicadores y colocar nuestra educación al servicio de un progreso económico y social más justo, más sostenible y menos desigual”, resalta la plataforma este jueves.

Claves del plan

El plan plurianual fue elaborado a finales del pasado año y presentado ahora al nuevo equipo. Los expertos y personas sensibilizadas con la educación que componen la plataforma señalan en la propuesta que es necesario “cuantificar el gasto” y así “cruzar los índices de la senda con los escenarios del PIB por ejercicio para obtener los escenarios presupuestarios”.

Del mismo modo, inciden en la necesidad de determinar las fuentes estructurales de ingresos para financiar los incrementos presupuestarios de Educación (ingresos fiscales y reducciones de gastos de otras áreas -exceptuando sanidad y protección social).

La plataforma defiende que es muy importante identificar las actuaciones y programas financiables, determinar sus costes y la distribución de los recursos proporcionados por los incrementos anuales. Así, con los recursos derivados de los incrementos anuales, plantean destinarlos a triplicar la creación de plazas de 0-3 años para equipararnos con el resto de España en el plazo más corto posible (Extremadura lo hizo en 3 años), equiparar las plantillas docentes con las de Extremadura, para lo que se requerirían alrededor de 5.000 docentes más o reforzar los recursos materiales y humanos dedicados a impulsar las políticas de atención a la diversidad.

Estos objetivos requieren de un “seguimiento y evaluación” y también reclaman un “mecanismo de amortiguación” una vez alcanzado el 5% del PIB para Educación. Es decir, plantea fijar los umbrales que activarían el mecanismo (por ejemplo: +- 1 punto de la variación media del PIB en la última década).

Durante la reunión con el nuevo consejero, Poli Suárez (PP), se expresó el respaldo de la Plataforma a las cien medidas propuestas por el Consejo Escolar de Canarias para la mejora de la educación, “muchas de las cuales –como las reclamadas por Confapa Canarias-, requerirán del respaldo financiero que la Plataforma viene reivindicando y que la Ley Canaria de Educación ya contemplaba desde su aprobación en el año 2014”.

En ese documento del Consejo Escolar, presentado a principios de este año, se refleja que en el Archipiélago hay más de 13.000 estudiantes (el 5,6% del total) con necesidades específicas de apoyo educativo, y que es necesario seguir bajando las ratios para mejorar su atención así como disponer de más recursos y de formación. 

Vuelta al cole más cara

Los miembros de la plataforma trasladaron al consejero su apoyo a las demandas de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de avanzar hacia una efectiva gratuidad de la enseñanza, incrementando las ayudas a las familias para la adquisición de los materiales escolares.

El alumnado de Canarias vuelve a clases el próximo 11 de septiembre. Una fecha en la que se reanudarán las clases tanto para Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Las familias canarias alertan de que gastan de media 500 euros por estudiante al inicio del curso entre libros y material básico, una cifra que en momentos de inflación y en una comunicad con salarios inferiores al del resto del conjunto nacional se vuelve más difícil asumir.

De hecho, la Confederación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (ConfapaCanarias) ha recordado que  las familias están asumiendo materiales tan básicos como los folios, fotocopias de exámenes, materiales didácticos y productos de higiene, entre otros. Por ello, reclamaba en un comunicado que el Gobierno autonómico sume 10 millones anuales a los presupuestos destinados a gastos de funcionamiento y adquisición de material didáctico.

Cabe recordar que este curso terminará de implantarse definitivamente la LOMLOE que, después de que el año pasado se implantara en los cursos impares y con ello un cambio de material como los libros de texto. Por ello, la Consejería de Educación anunció hace unos días que modificaba los umbrales de renta de sus ayudas para libros de texto y materiales didácticos para que más familias puedan beneficiarse de ellas.

En total, el 11 de septiembre vuelven a clase 1.556 alumnos y alumnas del primer ciclo de Infantil; 30.520 del segundo ciclo; 78.322 de Primaria y 62.480 en ESO. En Bachillerato, este curso contará con 25.923 estudiantes; los ciclos formativos de Grado Básico 2.615; los de Grado Medio 15.019 y Grado Superior, 21.381.