Canarias necesita invertir 572 millones más para cumplir con su ley y destinar el 5% del PIB a Educación

Han pasado casi tres años desde el plazo que Canarias tenía para cumplir con su ley y destinar el 5% de su PIB a Educación. Los presupuestos de este año no solo no cumplen sino que aleja a esta comunidad autónoma de ese objetivo al alcanzarse el 4,05% del PIB para esta área. En los presupuestos del pasado año se había alcanzado la cifra del 4,20%, de manera que se vuelve a alejar de esa meta. En 2023, había alcanzado el 4,63%.

Canarias contará este año con un presupuesto de Educación de 2.439 millones de euros, una cifra que es un 2,93% superior a la del año pasado. Sin embargo, si se calcula con una regla de tres en relación al Producto Interior Bruto (60.237 millones de euros) daría como resultado que se destine el 4.05% del PIB a esta área. 

La plataforma por el 5% del PIB en Educación calcula que, para alcanzar la meta que marca la ley, Canarias necesitaría invertir 572 millones más para cumplir con su norma educativa: “Esto está impidiendo dar el salto hacia adelante que necesitan nuestra infancia y nuestra juventud”, resume el colectivo. Cree que con los presupuestos actuales  “no se podrán abordar los retos que tiene la educación en Canarias: disminución de ratios, aumento de plantillas, extensión de la educación infantil temprana, mejora de las infraestructuras, desarrollo de la Formación Profesional, etc”.

Qué está frenando ese crecimiento

La plataforma ha estudiado qué ha ocurrido en los últimos años con el presupuesto de Educación y lo califica como “una década frustrada”. Sostiene que este año al menos se debió incrementar el presupuesto en 200 millones para no bajar. “¿A dónde va el dinero de Educación?” se cuestiona. Por ello, analizando distintos datos y estudios llegan a la conclusión de que en las Islas para atender a la ultraperificidad se necesita que se desactiven 700 millones. Sin embargo, hay dos grandes “sumideros” que impiden que Canarias refuerce sus servicios públicos y son fundamentalmente las “rebajas fiscales” y las “transferencias a cabildos y ayuntamientos”. 

El colectivo destaca que lo más importante es la evolución deficiente de los ingresos en Canarias, que en dos décadas pasa de ser la quinta comunidad que más ingresos obtenía per cápita a ser la última.

Su conclusión es que la educación no logra alcanzar el nivel de financiación necesario para superar la brecha educativa que separa a Canarias del resto de España por falta de voluntad y determinación política para acometer una reestructuración radical de la política presupuestaria que, siguiendo el referente de Extremadura, priorice la educación, la sanidad y la protección social sobre otras políticas de ingresos o gastos. Ello pese a que es una de las comunidades que más transferencias recibe del Estado. 

Sobre Extremadura señalan cómo ha conseguido incrementar el número de profesorado y las plazas públicas de educación de cero a tres años apostando por más financiación educativa. Además, ha logrado abandonar el vagón de cola en PISA escalando puestos y abriendo la distancia con Canarias. Por ejemplo, en lectura pasó de ser la comunidad con peor resultado a situarse en el número 13. 

Recientemente, la plataforma estuvo en el Parlamento de Canarias exponiendo su radiografía de este déficit de financiación. Entonces, sus portavoces destacaron que destaca que en la anterior legislatura se pasó del 3,58% al 4,63%, es decir, hubo un incremento de 1,05 puntos porcentuales, pero que en el primer presupuesto de la actual legislatura se recortó en Educación hasta el 4,2% (-0,43 puntos porcentuales, un retroceso que en un sólo ejercicio se come el 40% de lo avanzado en la legislatura anterior), y se elevó el déficit de financiación hasta los 451 millones de euros.

Entonces, habló de varias medidas clave para alcanzar este propósito: un plan para alcanzar una suficiencia fiscal que permita disponer de un presupuesto de 700 millones más que el actual; concentrar el presupuesto en los servicios públicos (sanidad, educación y seguridad y protección social) reduciendo las “excesivas” transferencias a cabildos y ayuntamientos y concretar un plan presupuestario verificable para lograrlo en tres ejercicios.

La Plataforma por el 5% para la Educación emplaza al Gobierno de Canarias a valorar la formación de la ciudadanía y asignar los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad, en línea con los estándares internacionales y las expectativas de la comunidad educativa. “La inversión en educación es una inversión en el futuro de Canarias, y es crucial que se priorice en el presupuesto para asegurar un camino sólido hacia un mejor sistema educativo”, apunta.

El Consejo Escolar también insta a aumentar la inversión

“El incumplimiento de la obligación de alcanzar el mínimo del 5% del PIB y el desfase de los últimos años constituye una falta de respeto al consenso alcanzado por toda la ciudadanía en el Pacto social, político y económico por la Educación en Canarias y reflejado en la Ley Canaria de Educación no Universitaria”. Es la conclusión a la que llega el Consejo Escolar de Canarias en una de sus últimas resoluciones, donde se recuerda que la norma canaria establecía que ese objetivo debía cumplirse en el año 2022. 

El Consejo recuerda que la brecha social, educativa, cultural y económica existente en la sociedad canaria y el aumento de población en riesgo de pobreza, a lo que debe sumarse que el sistema está asumiendo la atención de menores no acompañados y de adultos con necesidades formativas, lo que obliga a intensificar y fortalecer, ahora más que nunca, la intervención socioeducativa con mayores porcentajes de inversión de tal manera que se garantice “la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo, pilares fundamentales para el desarrollo presente y futuro de nuestra Comunidad”.

“Superados, ya en 2022, los ocho años de su aprobación, se ha producido un desfase que requiere un esfuerzo especial para recuperarse. Para compensar esos incumplimientos, el porcentaje del PIB destinado a Educación en el próximo presupuesto tendría que ser el 5% más el total de las diferencias acumuladas durante estos tres años, por lo que se requiere al Gobierno de Canarias que haga el cálculo correspondiente”, insiste el Consejo Escolar.