La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha dado nuevos datos de su valoración de la aplicación de la Ley de Dependencia, recogidos en su octavo dictamen correspondiente al mes de diciembre.
Así, insisten en el “estancamiento y paralización” que perciben en el sistema de Dependencia, y exponen que en una escala de 0 a 10 con la que miden el cumplimiento de la ley, Canarias vuelve a obtener la peor nota, con solo 0,5 puntos. El Archipiélago figura en el último puesto en la mayoría de apartados analizados, como puede apreciarse en el dictamen: porcentaje de beneficiarios sobre el total de la población (0,5%), personas con derecho a la prestación pendientes de recibirla (el 57,9%), etc.
La aplicación de la escala evidencia en este VIII Dictamen algunos cambios en el ranking de comunidades autónomas, informa en un comunicado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Al finalizar el año 2011, País Vasco y Castilla y León obtienen la máxima puntuación (10) y regiones que destacaban en cuanto a la aplicación de la Ley de la Dependencia como Castilla-La Mancha y Aragón retroceden y su tendencia es negativa. Se mantiene la nota en La Rioja (9) y Andalucía que sube (8)
Por el contrario, “se mantiene invariable el empecinamiento” de cinco comunidades autónomas “en no aplicar las prestaciones y servicios que esta Ley contempla, poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica”. Esta regiones son Canarias (con 0,5 puntos), C. Valenciana (2 puntos), Asturias, Baleares y Madrid, además de Ceuta y Melilla. Todas suspenden en la aplicación de la escala.
En el limbo
Con los datos oficiales de finales de 2011, 312.000 personas (1 de cada 3) se encuentran en lo que se denomina limbo de la dependencia. Estas personas tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero aun no reciben de manera efectiva estos servicios o prestaciones.
Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se trata de “algo muy preocupante, en cuanto que muchas de estas personas, por su edad o circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo en el que está retrasándose la percepción del servicio o prestación al que tienen derecho”.