Canarias ya tiene su Renta de Ciudadanía para reducir la desigualdad estructural: estas son las tres modalidades y requisitos

“La exclusión económica y social de amplios sectores de la sociedad canaria genera una sociedad desigual”, resume el texto de la Ley de Renta de ciudadanía de Canarias, una prestación garantista para la ciudadanía residente en el Archipiélago, que acaba de aprobar el Parlamento regional y que ha contado con aportaciones de todos los grupos. Entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. “Nosotros creemos que las aportaciones han mejorado el texto. Es importante que esta ley se entienda como un nuevo derecho para las personas en Canarias”, resalta a este periódico uno de sus artífices, el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez. “Es una ley de toda la sociedad canaria y un seguro social”, resalta, ya que personas que hoy día no están en situación de pobreza podrían en un futuro estarlo ante una situación sobrevenida. Precisamente, el objetivo de la renta no es solo paliar situaciones de exclusión social, también prevenir el riesgo de pobreza y garantizar el desarrollo de una vida digna asó como promover la plena inclusión en la sociedad. 

El texto de la ley recuerda que “la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 ha agravado de inmediato las situaciones de vulnerabilidad en la población canaria a partir del año 2020” y añade que la pérdida de puestos de trabajo pone en peligro la subsistencia de las familias, “cuando muchas de ellas aún no habían superado las consecuencias sociales de la anterior crisis global del año 2008”. Se trata de unos datos que este mismo martes reforzaba Cáritas, que señala que en plena pandemia incrementó la atención a personas en un 55% en la atención de personas, “una cifra que tras la vuelta a la normalidad sigue creciendo y que, en estos momentos, con la crisis de inflación se vuelve a incrementar mientras que los recursos de la institución siguen estancados”.

Los últimos informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ya detallaron que la pobreza severa creció un 49% en Canarias en 2020 a raíz de la pandemia y afectaba ya a 373.665 personas, el 16,5% de la población total del archipiélago, lo que supone un total 132.285 personas más. 

Bermúdez explica que seguirá existiendo coordinación con el Ingreso Mínimo Vita (IMV), que actualmente llega a 26.500 familias, mientras que la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) alcanza a 11.924. “Es la mayor cobertura que ha tenido la PCI”, apuntó. Sostiene que la renta que entrará próximamente en vigor “no la entendemos como un destino en sí mismo ni un lugar en el que quedarse, esto pasará en perfiles que no tengan una alternativa laboral a quien la renta les va a proteger el tiempo que sea necesario, pero en otros perfiles donde se pueda dar un proceso de inserción se va a dar”, afirma.

¿Quién podrá solicitarla?

Serán titulares de este derecho todas las personas empadronadas o con residencia efectiva debidamente acreditada en la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social, es decir, situación de fragilidad social que puede derivar hacia situaciones de exclusión en caso de que se produzca alguna alteración en los mecanismos de integración ya debilitados, como ingresos, empleo, familia, educación o sanidad, entre otros. Se entenderá que una unidad familiar se encuentra en situación de pobreza cuando por motivos, principalmente económicos, no tenga cubiertas las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, agua, vestido, vivienda y energía.

En este punto, el director de Derechos Sociales recuerda que las personas que actualmente son beneficiarias de la PCI no tendrán que realizar ningún trámite. No obstante, durante estos tres meses hasta la entrada en vigor, aquellas personas que no son beneficiarias aún, pueden presentar la PCI y si se les reconoce en este período “entrarán de oficio en Renta Ciudadana”, aclara. Así mismo, añade que habrá un proceso de transición en lo que se incorporan a la otra prestación que será “más ágil, rápida, con mejores cuantías que va a permitir mejorar la vida de muchas personas”. “Creemos que es un paso importantísimo sobre todo para las personas con mayor situación de pobreza y vulnerabilidad en Canarias, creo que había una deuda ahí porque Canarias era la única comunidad autónoma sin prestación de carácter garantizado quitando el IMV”, sostiene.

En el apartado de requisitos, se hace mención especial a algunas personas que pueden quedar exentas del empadronamiento o acreditar una residencia efectiva, como las personas refugiadas, víctimas de trata y explotación sexual, víctimas de violencia de género, personas sin hogar, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas con discapacidad, las mujeres que tienen permiso de residencia por reagrupamiento familiar y lo pierden como consecuencia de divorcio o separación. También personas trans e intersexuales víctimas de cualquier acto de violencia o agresión contra la vida o personas que en el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud hayan estado tuteladas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o cualquier otra entidad pública. 

La persona titular de la renta de ciudadanía, además de cumplir los requisitos señalados en los artículos anteriores, deberá tener entre 23 y 65 años, aunque también hay excepciones como ser menor de esa edad y tener hijos a cargo, haber sido menor tutelado, tener una edad superior a 65 años y no tener derecho a ser titular de pensión u otra prestación, entre otras. 

¿Cuáles son las modalidades de renta de ciudadanía?

Existen tres modalidades según la situación de cada persona. Renta de ciudadanía para la inclusión y protección social; renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la complementaria de ingresos de trabajo. La primera de ellas está  destinada a las personas de entre 23 y 65 años que carezcan de cualquier tipo de prestación o que, pese a percibir alguna, sus ingresos resulten insuficientes para hacer frente a los gastos asociados a la cobertura de las necesidades básicas. 

Por otro lado, la renta de ciudadanía para la inclusión social de personas jóvenes se configura como un ingreso económico y apoyo a la inclusión social para jóvenes emancipados o entre 16 y 23 años, que no dispongan de recursos económicos suficientes. En tercer lugar, la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo es una prestación de derecho subjetivo, periódica, de naturaleza económica, “dirigida a complementar el nivel de ingresos de los núcleos de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que resulta insuficiente para hacer frente a los gastos asociados a la cobertura de las necesidades básicas”. 

Complementos de vivienda o educación

Otro de los apartados más ambiciosos de la ley es precisamente que incluye complementos a la vivienda y a la educación, que podrán ser solicitados por aquellas unidades de convivencia que, siendo titulares de la renta de ciudadanía o del ingreso mínimo vital, cumplan el resto de los requisitos establecidos reglamentariamente. Se trata de prestaciones que van encaminadas por ejemplo a la escolarización de cero a tres años, a abonar al alquiler, entre otras cuestiones. Así mismo, existe un complemento a las pensiones no contributivas tiene como objetivo “elevar el nivel de vida de las personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social y está dirigido a aquellas unidades de convivencia con mayor necesidad de protección social”.

Otro elemento destacable de la ley es que las personas tendrán derecho a forma parte de programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral. Entre otras cuestiones se incluye un plan de atención personalizado, que se formulará en función de los resultados del diagnóstico de vulnerabilidad, es el instrumento técnico que incluye los objetivos, indicadores, intervenciones y acciones específicas. Además, se contará con un itinerario de inclusión. 

Así mismo se hace hincapié en la ficha financiera. “El Gobierno de Canarias sufragará la plena financiación de la renta de ciudadanía en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, actualizando anualmente la financiación del sistema en las sucesivas leyes de presupuestos”. Bermúdez apunta que este año contará con  82 millones, más fondos de la pobreza en torno a 95 millones los que se van a destinar. No obstante, cada Gobierno que entre deberá analizar la situación e incrementar estos fondos si fuera necesario.

Contra el falso mito de que “desincentiva” el empleo

El director general de Derechos Sociales remarca que es importante aclarar para quienes aseguran que una medida como esta “desincentiva el empleo”, que se trata de un falso mito. Sostiene que en ocasiones ocurre que si una renta está mal diseñada, si la persona beneficiaria se va al mercado de trabajo con la precariedad que hay le quitan la prestación. Sin embargo, esto no ocurrirá con la Renta de Ciudadanía de Canarias, donde se informará a las personas que pueden trabajar y no le retirarán la prestación sino que se le irá complementando hasta que ya adquiera unos niveles salariales que le permita con su salario poder vivir sin esta prestación.

“Son los llamados estímulos al empleo que ya se utilizan en otras prestaciones como en Euskadi, donde tiene un buen resultado, y aquí no se aplicaban”, resume Bermúdez.  En este sentido, remarca la importancia de la colaboración con la Consejería de Empleo y con los ayuntamientos para que realicen el seguimiento de las personas. Por un lado, a los consistorios afirma que se les rebajará de carga administrativa y burocrática, precisamente para que puedan realizar labor de diagnóstico, asesoramiento y seguimiento de los itinerarios. El portavoz del grupo parlamentario popular, Poli Suárez, realzó precisamente este martes en el Parlamento la importancia de dotar con más trabajadores sociales a los ayuntamientos para este fin, y la enmienda que se incluye en este sentido.

El director de Derechos Sociales destaca que la renta cubre las necesidades básicas, pero no saca de la pobreza, como sucede con el IMV. “Salir de la pobreza requiere hoy por hoy del empleo, en un futuro no sabemos si esto se distribuirá de otra manera” y por ello insiste en mencionar esos itinerarios y ese proceso de acompañamiento para la inserción. Su compañera de partido María del Río, diputada en el Parlamento, defendió este martes que su partido apuesta por una Renta Básica Universal (en el que toda las personas por el hecho de nacer cuenten con unos ingresos básicos), pero la ley aprobada este martes es un gran paso antes de que esta medida llegue algún día.