Cuando en Balears se planteó por primera vez cobrar a los visitantes una tasa por pernoctar en sus establecimientos turísticos, corría el año 2002. Entonces, como ocurre ahora en Canarias, hubo que lidiar con el rechazo de la patronal, con titulares alarmistas y con la oposición del PP, que consiguió derogarla en el año 2003. Más de una década después, esa comunidad autónoma logró recuperarla con un gobierno progresista y desde entonces se ha asentado en su sociedad de tal manera que, pese al regreso del PP al Gobierno, se ha mantenido. La experiencia ha demostrado que no solo no ha reducido el número de visitantes sino que ese dinero se destina a un Fondo de Impulso del Turismo Sostenible, lo que permite desarrollar proyectos que ayuden a compensar la huella turística sobre el territorio.
En Canarias, a las puertas de las movilizaciones convocadas para el próximo sábado, se ha reactivado este debate que cada dos o tres años vuelve a ser un clamor por una parte de la sociedad mientras avanza el discurso del miedo de la patronal y de algunos partidos políticos, que no dejan de dar bandazos con este tema. La experiencia balear, al igual que ha sucedido con la catalana o con la de otras ciudades europeas, ha puesto de manifiesto que no reduce el número de visitantes. En febrero de este año, por ejemplo, Balears fue después de Canarias la comunidad más visitada al experimentar un 18% más de turistas. El año pasado, recibió 14,4 millones de turistas internacionales.
“El impuesto de las pernoctaciones no pretende que se eliminen turistas sino tener un efecto recaudatorio, cuya destinación, si es finalista, lo que se recaude irá a temas relacionados con el impacto ecológico del turismo”, explica el economista Carles Manera. “No existe una correlación directa entre caída de turistas e implantación del impuesto, con lo cual las advertencias que se puedan hacer desde los grupos empresariales son advertencias que no se corresponde con la realidad de lo que está sucediendo en aquellas regiones donde un impuesto sobre pernoctaciones se ha implantado y sigue vigente”, agrega.
Manera recuerda que la ciudadanía no deja de viajar a París o a Roma, donde también hay estas tasas e incide en que es un “argumento falaz” que se hable de que estos impuestos van a retirar flujos turísticos ya que “esto no está pasando en ningún lugar”. “Las evidencias científicas y empíricas dicen que eso no está pasando, al contrario, en Balears o Catalunya el número de turistas ha aumentado de manera notable en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia”.
“Nosotros hemos hecho estudios de elasticidad de renta y el impacto es prácticamente nulo, con lo cual ese argumento no sirve para nada para estar en contra del impuesto”, añade. Manera apunta que el impuesto de Balears, dependiendo del número, puede suponer entre 130 o 140 millones de euros al año de ingresos a las arcas autonómicas, dinero con el que se pueden abordar muchos de los retos en el mundo del turismo. Ante esos datos, el economista subraya que las reticencias que se a estos impuestos suelen ser de perfil ideológico y no de realidad empírica.
En este sentido, menciona otro factor clave y es que tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo están abogando por que se implemente la fiscalidad ambiental, “teniendo que en cuenta que hay dos retos que marcan los fondos Next Generation: el cambio climático y la transición energética. Y en ambos casos, la necesidad de nuevas figuras fiscales que permitan obtener recursos para hacer frente a esos problemas son reclamos que se están haciendo desde el corazón de Europa, de manera que se entronca en la normativa europea”. Por ello, insiste en que “no hay ninguna distorsión más allá de la ideológica” en las críticas a implantar un nuevo impuesto.
“No hay ningún argumento sólido y solvente desde el punto de vista de la llegada de turistas para estar en contra del impuesto, ninguno. Lo pagan los turistas, no el empresario y el cliente no lo ve con malos ojos porque hay una cierta idea de que esto está funcionando en muchas latitudes de Europa”. Esta misma conclusión es a la que llegó Aurora Pedro Bueno, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia en su informe sobre Tasa turística publicado en 2022 justo cuando se aprobó esta medida en esa comunidad, y que ha sido derogada por el nuevo Gobierno del PP y Vox. En ese documento recordaba que esta tasa se aplica en diversas ciudades de Europa y también señalaba que no se podía concluir que dicha tasa tuviera un impacto negativo sobre el turismo.
Aurora Pedro subraya que en Valencia estaba previsto que cada municipio decidiera cómo aplicarla y que la cantidad que se había estipulado era de 0,75 céntimos por noche, una cuantía que insiste en que no va a hacer que una persona rechace un destino. La experta pone el ejemplo de Nueva York, donde abonó 42 euros por noche en concepto de tasa por utilización de servicios de la ciudad. Incide en que nos encontramos en un contexto en el que la mayor parte de los países de Europa apuestan por tasas turísticas. Menciona además el caso de Ámsterdam donde se habla de que la tasa turística se va a emplear para “recuperar la ciudad para los habitantes”. “Yo creo en las ciudades como espacios vivibles, no como parques temáticos”, apunta la experta.
La profesora de Economía aplicada remarca que la tasa turística es una forma de descargar el presupuesto general de un municipio de ese gasto que genera el turismo y añade que eln turismo tiene que ser corresponsable con el gasto que genera. “Nosotros, por ejemplo, con Las Fallas se generó una cantidad de basura tremenda y se contrató a equipos especiales de limpieza y se volvió a hablar de la necesidad de que el turista sea corresponsable”, recuerda.
“Yo personalmente considero que no hay que tener miedo a este tipo de impuestos, tampoco son los más elevados”, incide la profesora de la Universitat de València, que apunta que son muchos los expertos en España que llevan años alertando de que el turismo no gasta mucho y que exige mucho sacrificio en cuanto a costes relacionados con espacios sacrificados, mala organización en las costas, mala calidad de vida de las ciudades o saturación de las ciudades… “Y ante todo eso creo que este pequeño elemento y ese pequeño ingreso que es la tasa turística puede ayudar a compensarlo, porque no podemos estar generando indefinidamente y sin límite alguno o creciendo el número de turistas indefinidamente”.
“Mi selección de destinos nunca está relacionada con que haya o no tasa turística, de hecho, nunca lo sé”, aclara Aurora Pedron Bueno. Así mismo, apunta que Baleares es un buen ejemplo de cómo utilizar los fondos para que revierta en el sector. La experta remarca que “estamos en una sociedad donde el turismo está llegando a unos límites que ya son en algunos casos insoportables. Y entonces hay que poner freno de alguna forma, aunque que conste que estos impuestos no van a poner ningún freno, esto simplemente va a hacer que el turista sea un poco más responsable y cofinancie el impacto que tiene”, resume.
Sobre el ejemplo balear es conocedora María Antonia Truyols, economista que fue directora de la agencia tributaria que creó ese impuesto. “Nosotros cuando se aprobó el impuesto turístico de 2016, antes solicitamos un estudio a la Universidad de las Islas Baleares para conocer si afectaba a la demanda y el impacto era insignificante”. La experta incide en que desde entonces, hasta el momento, restando los años de la pandemia, los datos han sido muy buenos.
Truyols recuerda que en el ejercicio 2017-2018, la recaudación anual alcanzaba unos 120 millones de euros y que esa recaudación va destinada a un fondo de Impulso del Turismo Sostenible y se reparte en proyectos. “Si bien ese impuesto no es medioambiental, sí que las finalidades son medioambientales”, recuerda. De hecho, incide en que la agenda 2030 se hace hincapié en la sostenibilidad, por lo que este ingreso es una buena manera de tener recaudación suficiente que destinar a esos proyectos.
La economista recuerda las manifestaciones en el año 2002 en Balears cuando hubo ese intento de implantar lo que entonces se llamó ecotasa. “Cuando cambió el Gobierno, en 2003, se derogó pero es verdad que generó un impacto muy fuerte en el sentir de la ciudadanía y recuerdo los titulares de los periódicos diciendo que esto acabaría con nuestra economía, con el principal motor de la economía de las islas baleares, que es el turismo y después de tanto tiempo de esta aprobación se ha visto que no es así”, subraya.
Los bandazos políticos en Canarias
La pasada semana el PSOE registró una PNL en el Parlamento reclamando al Gobierno de Canarias una tasa turística. El partido llevaba también el estudio de la misma en su programa electoral aunque hay partidos políticos que le han afeado por qué no la implantó cuando gobernó en las Islas en la pasada legislatura. Los socialistas aluden a que entonces, debido a la crisis de Thomas Cook, a la pandemia, el volcán de La Palma y otras adversidades no pudieron estudiar esa iniciativa. Podemos, que era socio de Gobierno, lo planteó en ese mandato y lo expuso como una de sus medidas estrella de la campaña electoral. Años antes, Nueva Canarias había llevado al Parlamento este tema durante el anterior mandato de Clavijo.
Si hay un partido que ha cambiado de postura radicalmente a las puertas de las movilizacione del 20A en Canarias es Coalición Canaria. Clavijo rechazó esta idea muchas veces en el pasado reciente; en la campaña electoral y expresamente esta legislatura en el Parlamento de Canarias. Sin embargo, ahora se muestra abierto a estudiarla y el candidato de CC a las europeas la asumido como propuesta. El socio del CC en el Gobierno, el PP, la ha rechazado de plano, al igual que lo ha hecho la patronal turística.