Canarias se sitúa entre las comunidades más rezagadas a la hora de poder aplicar, en convenio con el Gobierno de España, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 que ha de ejecutar las directrices de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, y cuya cuantía plurianual hasta 2015 de 82,2 millones de euros está en juego por incumplimiento de plazos desde la Consejería de Agricultura del Gobierno autónomo.
Ha sido este martes cuando desde el propio Ministerio se ha instado a las comunidades autónomas españolas a ponerse las pilas y concluir de una vez los trabajos previos de planificación territorial, “para procurar que en todas ellas a finales de 2011 se pueda disponer de los planes de zona elaborados”, dando por hecho que no se va a poder cumplir la prórroga que vence el próximo 30 de septiembre como fecha tope para la firma de las correspondientes fichas presupuestarias, mediante el protocolo general de actuación.
El Programa 2010-2014 se llevará a cabo a medida que se vayan suscribiendo los convenios de colaboración con las comunidades autónomas, condicionadas estas a cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, y se procurará “firmar dentro de 2011” los convenios con comunidades cumplidoras. Según ha indicado el MARM, se han analizado también fórmulas complementarias para asegurar las actuaciones “sin reducción ni en su cuantía ni en su alcance temporal”, independientemente del momento en que se firmen los convenios y el instante real efectivo de inicio de la eficacia de los mismos, previstos desde 2010.
En una reunión celebrada este miércoles entre el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM, Jesús Casas, y el grupo de trabajo integrado por los directores generales de Desarrollo Rural de las 17 comunidades autónomas, entre ellos el canario Pedro Tomás Pino Pérez, se ha revisado el estado de cada una de las fases previstas para la puesta en práctica del Programa, y según informa el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en nota de prensa, “se han estudiado alternativas para facilitar la suscripción de los necesarios convenios de colaboración y la ejecución de los planes de zona en el actual escenario de austeridad presupuestaria”.
De este modo, la Comunidad Autónoma Canaria tendría otro tipo de propuestas encima de la mesa como la ofrecida en la última reunión del grupo de trabajo, celebrada en Córdoba en marzo pasado, consistente en que el Gobierno de Canarias financiera la anualidad de 2011 solo con dos millones de euros, en vez de los ocho millones que le corresponden como 50% del presupuesto anual, y cubriera ese desfase que iba a ser sufragado por el Estado en la anualidad de 2012.
Desde el MARM se informa, además, que comunidades como Aragón, Navarra y Asturias tienen ya tan adelantados sus trabajos de planificación territorial que solo se encuentran pendientes de que el Ministerio de Economía y Hacienda informe favorablemente de la suscripción del convenio de colaboración, debido a la situación deficitaria de las arcas públicas de estas comunidades.
Castilla y León se sitúa en un seguno plano, a la espera de que se cierre el anexo de actuaciones para iniciar el trámite del convenio de colaboración con el Gobierno de España. Todos los planes de zona de estas comunidades han sido verificados y concertados en las comisiones de seguimiento con la Administración General del Estado, con informes favorables tanto de la Mesa de Asociaciones como del Consejo para el Medio Rural.
Galicia, Extremadura y Baleares tienen sus planes de zona muy avanzados y la previsión del MARM es que en pocos días se terminen de ajustar al Programa y puedan ser concertados, primero en al comisión de seguimiento, y después tramitados ante la Mesa de Asociaciones y el Consejo para el Medio Rural.
En el caso de Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha y Valencia el MARM sitúa sus trabajos preparatorios por delante de Canarias, País Vasco, Murcia, Cataluña y Cantabria, mucho más rezagados.
Las cuatro primeras comunidades ya han iniciado el proceso de verificación y concertación de sus planes con el MARM, mientras que las cinco últimas están todavía elaborando esos planes, motivo por el cual, en el caso de Canarias, en mayo pasado se pidió una prórroga para formalizar los trabajos más allá del 1 de junio, fecha tope para la suscripción de los convenios de colaboración y, por tanto, la financiación de cada Programa.