La Ley de Dependencia y Canarias son como el agua y el aceite. La Comunidad Autónoma sigue al frente de las cifras negativas de aplicación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) un año más, con datos del Observatorio Estatal de la Dependencia que dibujan un desolador panorama a la hora de aplicar los esfuerzos, las voluntades y la pericia en el desarrollo de la Ley en los diferentes territorios del Estado, entre los que Canarias vuelve a suspender.
El análisis de la marcha del SAAD de este mes de mayo por parte de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a Canarias en el extremo negativo a la hora de resolver los expedientes de personas que reclaman un Plan Individualizado de Atención de la Dependencia (PIA). El Gobierno autónomo tarda una media de 23,5 meses, casi dos años, desde el momento de la solicitud hasta la concesión de un plan personal, cuando el objetivo de la Ley es agilizar estos trámites en apenas seis meses.
Ninguna Comunidad española cumple con los requisitos de resolver en medio año los expedientes y sólo Castilla y León se acerca, con una media de 7 meses. Mientras en Castilla y León se tardan dos meses y medio en hacer una valoración de cada caso y otros cuatro meses y medio en aplicar un Plan Individualizado de Atención, en Canarias la valoración tarda 7 meses y el PIA no se ejecuta hasta 16,5 meses después.
Las Islas siguen liderando lo que el Observatorio denomina “el limbo de la dependencia”: personas con derecho reconocido a recibir algún tipo de prestación pero sin un plan aplicado a su caso. Esta desatención alcanza a un 60% de personas con derecho en las Islas, y si bien el análisis de la marcha valora “la leve mejoría” detectada con respecto a mayo de 2009, cuando la cifra del “limbo” se situó en un 75% de dependientes formales sin plan individualizado, queda muy lejos de la evolución positiva llevada a cabo en la Región de Murcia, que de un 75% de mayo de 2009 ha pasado a un 35% este mes.
Canarias y Valencia ostentan el tríste récord de la desatención. Si las Islas han rebajado algo sus cifras negativas de 2009, pero aún 30 puntos por encima de la media española, la Comunitat empeora con respecto a hace un año, al pasar del 44,3 al 51,5% de personas que, teniendo grado y nivel suficientes para ostentar el derecho a ser atendidos, siguen a la espera del PIA. Ese mismo Plan que en Canarias tarda en ejecutarse 23,5 meses.
Con todos estos datos, Canarias también sigue a la cola, a mucha distancia, del número de personas atendidas en relación a su población. Sólo 3,4 de cada 1.000 habitantes tienen derecho a una prestación asistencial del SAAD, cuando la media estatal se sitúa en 11,8 de de cada 1.000 habitantes y comunidades como Cantabria (20,1), La Rioja (19,6) o Andalucía (18,7) sobrepasan o rondan las 20 personas de cada 1.000.
El Informe de Seguimiento del SAAD de mayo de 2010 indica también que las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de España para salir de la crisis económica, en cuanto a la eliminación de la retroactividad para los nuevos expedientes de personas con derecho a percibir asistencia, provocará la paradoja de que las comunidades, que como Canarias, peor han despelgado la Ley y más atraso llevan en la gestión de expedientes serán de las más beneficiadas al no tener que abonar esa retroactividad.