Más carga laboral sin respeto a la conciliación: llega a Inspección de Trabajo la crisis en la gestión de la Dependencia en Canarias

Varias personas se encuentran de baja en el servicio de Dependencia del Gobierno de Canarias y expresan sentir “estrés” y “tristeza”. Otras, incluso han renunciado a sus contratos. “Se obliga de forma directa e indirecta a excederse de la jornada laboral”, no se respeta la disminución de jornada por “conciliación familiar” y hay valoradoras a las que no se les ha dotado de los medios materiales necesarios. Es el panorama que se describe en una denuncia presentada en Inspección de Trabajo de Las Palmas sobre presuntas irregularidades que se están cometiendo en el área. “Se imponen unas condiciones de trabajo peores a las valoradoras que tienen reconocida la adaptación al puesto de trabajo”, se señala en el texto. 

En la denuncia se exponen numerosos casos con nombres de afectadas y afectados por las condiciones de trabajo, pero ha sido presentada bajo el paraguas de Movimiento de Trabajadoras y trabajadoras de Canarias al que representa Pedro Pablo Medina. En el documento se expone que normalmente la jornada de trabajo es de 08.00 a 15.00 horas y que desde 2007 el personal realiza tres valoraciones diarias a domicilio durante cuatro días a la semana; un día los trabajadores acuden a la oficina para estudiar los expedientes. Además, siempre se ha contado con una coordinadora de valoración, hasta que este año la directora de Dependencia, Concepción Ramírez, decidió externalizar la gestión de citas contratando para ello al 012. 

Entre las presuntas irregularidades destaca una instrucción de la directora general donde se determina que “la finalización de la jornada será cuando se terminen las citas agendadas”. Sobre esto se alega que en las comisiones de servicio aprobadas por directores generales anteriores se recogía que el desplazamiento desde la última cita agendada hasta el domicilio del trabajador es costeado por la Consejería a través del pago del kilometraje. “Es tiempo efectivo de trabajo el desplazamiento desde la última cita hasta el domicilio del trabajador”, detalla la denuncia. Así mismo, se incide en que “el trabajador deberá, una vez en su domicilio, sentarse en un lugar adecuado con el ordenador para repasar y cerrar las valoraciones efectuadas, trabajo que la directora no contempla, pues entiende que se puede salir del domicilio del solicitante con la valoración repasada, firmada y subida al aplicativo”. 

Por ello, los trabajadores que denuncian entienden que ese desplazamiento y repaso y cierre de las valoraciones es “trabajo efectivo que la directora fuerza a través de esta orden a que se haga excediendo la jornada de trabajo”. Además, se considera que con la misma instrucción, de principios de año, se obstaculiza la posibilidad de acumular valoraciones sin pasar al sistema por falta de tiempo, “forzando que los trabajadores deban excederse de su jornada para pasarlas cada día”. Reprochan que si el día fijado para agilizar trabajo en oficina cae en festivo, no se puede recuperar y que es una constante el denegar la solicitud de un día extra de oficina para repasar expedientes y subirlos al sistema. 

Una directora que acompaña al trabajo

Se describen casos de trabajadoras que advierten por correo electrónico de un error en el itinerario que tienen marcado para la semana ya que no pueden hacerlo tal cual porque están acogidas a reducción de jornada o que, de hacerlo así, se les obligaría a excederse de su horario habitual. En ambos casos se expone que la directora responde con juicios de valor. A una de ellas, se le comunica que un día de la siguiente semana será acompañada por un jefe de servicio durante un día de su jornada laboral y, en otro de los casos, se le avisa de que será la propia directora general la que le acompañe. 

Los acompañamientos en jornada laboral ya habían sido denunciados en este periódico por el Comité de Empresa de Santa Cruz de Tenerife, que había advertido de que la propia directora acude junto a los profesionales que realizan las valoraciones a los domicilios de los usuarios. En una información colgada en los tablones de CCOO el pasado 31 de julio se expresaba que la directora general “acompaña a aquellos compañeros y compañeras que informan de incidencias y problemas acaecidos a raíz de las nuevas instrucciones dadas por ella, bien sea por tener agendados recorridos irrealizables y especialmente alejados como por la cantidad de trabajo encomendado, lo que genera acumulación de informes de valoración sin poder ser finalizados”.

La lucha por las ratios

En la denuncia se expone que en años anteriores, cuando un trabajador o trabajadora solicitaba reducción de jornada, se disminuía la ratio entre dos y tres valoraciones menos semanales. Ahora, se llega a proponer que en lugar de bajar la ratio se coloquen valoraciones en el mismo municipio de residencia de la empleada. No obstante, se han dado casos en donde esto tampoco se ha respetado y se han colocado citas fuera del municipio de residencia de la persona con reducción de jornada reconocida. 

La denuncia también detalla que la directora ha ordenado en ocasiones que se suba la ratio establecida de tres valoraciones a domicilio al día. Trabajadores del servicio alertan de que se aumenta la carga de trabajo sin atender al tiempo que se tarda en los desplazamientos, por ejemplo, u otras incidencias que se pueden dar tanto en los domicilios como cuando se valora en un centro residencial u hospitalario, donde se emplea tiempo en buscar habitaciones, esperar a que el solicitante de la ayuda a la dependencia esté aseado y desayunado, esperar por familiares que no han llegado… 

Otra de las cuestiones en las que se hace hincapié es en la diferencia de carga de trabajo entre valoradoras. Se denuncia que hay profesionales que no cuentan con los medios necesarios como un ordenador portátil, por lo que se le acumulaban valoraciones sin subir al aplicativo y que se le denegó un día extra de oficina para pasar valoraciones al sistema sin excederse de su jornada laboral. 

Así mismo se quejan de descompensaciones en la carga de trabajo del personal, pues a quienes se le han asignado cuatro valoraciones “sin motivo alguno” a diferencia otras personas a las que se les asigna tres. También alegan que hay personas que estando de baja por incapacidad temporal se les ha contactado telefónicamente para comunicarles que deben entregar el portátil o que pese a avisar de que estás enfermo, se le conteste por correo con instrucciones de trabajo. 

En la denuncia se reprocha precisamente que en las instrucciones de la directora del pasado mes de enero se estableciera que el trabajador o trabajadora que se encuentre en situación de incapacidad temporal se debe hacer entrega del portátil y del trabajo pendiente. En este sentido, expone que personas de baja han tenido que hacer gestiones. 

Además, se especifica que las trabajadoras y trabajadores que tienen aprobada la adaptación al puesto de trabajo, una de las medidas que tienen establecida es que tendrán una ratio inferior a 12 valoraciones por semana o una disminución del 20% de la carga de trabajo. Según se recoge en la denuncia, a este personal se le ha ordenado que siempre finalicen su jornada laboral en la oficina y no en su domicilio particular, algo que creen que ahonda en diferencias entre unas trabajadoras y otras con mismas funciones y “un trato discriminatorio hacia un colectivo vulnerable”. 

Denuncian que debido a ese clima laboral, se han producido crisis de ansiedad y numerosas bajas. Se trata de un panorama que ya habían expuesto a este periódico los representantes de los comités de empresa de Las Palmas y de Tenerife, que hace unos meses incluso pidieron el cese de la directora general. El caos por los cambios organizativo se vio reflejado en los datos, y aunque ahora se ha ido recuperando el ritmo en cuanto a los expedientes subidos al sistema, el malestar del personal sigue latente y ejemplo de ello es esta denuncia en Inspección de Trabajo por parte del Movimiento de trabajadores y trabajadoras de Canarias. 

Este periódico ha intentado recabar la versión de la directora general de Dependencia de Canarias, Concepción Ramírez, pero desde la Consejería de Bienestar Social han afirmado que prefieren esperar a que se pronuncie Inspección de Trabajo.