El caso canario de las mascarillas: cuatro millones de euros esfumados y un cargamento que acabó triturado

“Quieren utilizar esto para buscar una caza mayor, pero no van a cazar, créanme”. La frase la pronunció el consejero canario de Sanidad, Blas Trujillo, este viernes en el Parlamento regional. El dirigente socialista compareció a petición propia en la Comisión de Sanidad para explicar –y defender– los pormenores del contrato de emergencia que el Servicio Canario de Salud (SCS) adjudicó por cuatro millones de euros en mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de COVID-19, para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3, de máxima protección. Un material que nunca llegó a su destino, los hospitales de las Islas. 

Lo que aterrizó en el archipiélago, y diez meses después, fue una partida de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que, tras un control aduanero, acabaron siendo destruidas en una trituradora, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales de la Agencia Tributaria Española. ¿La razón? La empresa fabricante (3M), que ya había advertido del uso fraudulento de su marca durante la pandemia, presentó un informe pericial que determinaba que el material interceptado en la aduana no era original y el importador declarado asumió el coste de esa intervención. Sin embargo, según ha publicado Canarias 7, un tercer actor, el empresario que consiguió esa mercancía en África, niega que fueran falsas. Sostiene que las mascarillas sí eran de esa marca, pero que no estaban homologadas en la Unión Europa (UE) y Sanidad había pedido una autorización especial. 

Lo cierto es que, dos años después de la firma de ese contrato, ni las mascarillas llegaron ni la administración ha recuperado el dinero que adelantó en su totalidad en dos pagos (en agosto y octubre de 2020) a la adjudicataria, RR7 United S.L., una empresa sin experiencia en el ámbito sanitario. Según informó el consejero en su comparecencia de este viernes, la Agencia Tributaria Canaria ya ha realizado diez intentos de embargo al contratista que han resultado infructuosos. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas abrió diligencias el pasado mes de abril e investiga la presunta comisión de un delito de estafa por parte de la empresa y de prevaricación y malversación en el seno del Servicio Canario de Salud. 

El contrato 

El contrato con la empresa RR7 United S.L. se firmó el 25 de mayo de 2020, dos meses después de que se decretara el estado de alarma en España. El importe de adjudicación ascendió a cuatro millones de euros y su objeto era la adquisición de un millón de mascarillas FFP3. Se justificó por la “situación crítica” de las existencias de material en los centros sanitarios, que “no cumplían en ese momento los ratios exigidos”. Blas Trujillo precisó en la comisión parlamentaria que el Ministerio de Sanidad exigía un estocaje que permitiera el suministro durante al menos ocho semanas y que, en aquel momento, la comunidad autónoma canaria tenía material solo para seis y que se llegó a estar por debajo de la semana y media, por lo que había una “absoluta necesidad”. 

La Consejería de Sanidad recurrió al procedimiento de emergencia contemplado en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, previsto para los supuestos en que la administración “tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional” y que permite tramitar los expedientes “sin sujetarse a los requisitos formales establecidos” en esa propia norma, tanto los requisitos de capacidad y solvencia económica y técnica como las garantías (provisional y definitiva). 

La adjudicataria 

El contrato fue adjudicado a RR7 United SL, una empresa constituida en 2016 con un capital de 3.000 euros y dedicada a la venta de vehículos, sin experiencia en el ámbito sanitario. En la actualidad su administrador único es Rayco Rubén González, aunque en la fecha de la firma y de los pagos figuraba también como administrador solidario Roberto Padrón, que cesó en este cargo en diciembre de 2020, según datos del registro mercantil. González es administrador de varias empresas y la última actuación que consta en los documentos oficiales es una ampliación de capital de 173.000 euros en otra de sus sociedades, Yimbo 7 Inversiones, dedicada también a la venta de vehículos y domiciliada en la misma oficina que RR7 United S.L., en la calle Venegas de Las Palmas de Gran Canaria. 

El consejero de Sanidad ha resuelto en el Parlamento una de las dudas que aún planeaban sobre este caso. Blas Trujillo ha explicado que el contacto entre la empresa adjudicataria y la administración se establece a través del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria en Canarias y, más en concreto, con su coordinador. Es decir, con Conrado Domínguez, que cinco meses después regresaría a la dirección del Servicio Canario de Salud, cargo que ocupa desde septiembre de 2020 y hasta la actualidad. A partir de ahí, “siguió los cauces habituales”, que consistían en su remisión a la Dirección General de Recursos Económicos del SCS para las comprobaciones oportunas, ha defendido. Según Trujillo, en este contrato “no han tenido nada que ver” las personas que en aquel momento ocupaban de forma interina la consejería de Sanidad (Julio Pérez) y la dirección del SCS (Antonio Olivera).  

Una de las principales controversias que ha generado este contrato es la actividad de la empresa adjudicataria, completamente ajena al ámbito sanitario. Trujillo se ha escudado en el contexto. “Primaba la capacidad logística de transporte y la captación de mercancía” sobre la experiencia en el sector, ha señalado el consejero, que ha remarcado que, entre los proveedores habituales, había quienes no podían acceder al mercado ante la “lucha encarnizada” que se estaba librando en todo el mundo para adquirir material de protección ante su “escasez total” y otros que no podían hacerlo en las cantidades que la sanidad canaria necesitaba o que lograban pocas unidades a un precio “tremendamente caro”. 

El precio 

El contrato se adjudicó por cuatro millones. A un coste de cuatro euros por mascarilla. En la denuncia que ha dado origen a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, difundida por El Cierre Digital, el empresario Juan Manuel Pérez aportó 59 resoluciones emitidas por el SCS entre 2020 y 2021 para la adquisición de material sanitario de protección frente a la Covid-19 por un valor total de 32 millones de euros. Y entre las supuestas irregularidades aludía a la fijación de precios muy superiores a los de mercado, incluso el triple. 

Trujillo ha negado este extremo y, para ello, se ha remitido a los datos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), entidad dependiente del Ministerio de Sanidad. En julio de 2020, dos meses después de la firma del contrato entre el SCS y la empresa RR7 United S.L., el Gobierno central trató de centralizar las compras de material de protección sanitaria e, incluso, llegó a publicar un acuerdo marco, al que Canarias se había adherido, con el objetivo de contar con una reserva estratégica. Aunque finalmente desistió, en esa licitación fijaba el precio unitario de las mascarillas FFP3 en 4 euros, el mismo que figura en el acuerdo que, esta vez sí, firmó la entidad estatal en noviembre de ese año. Es decir, poco después de que el SCS pagara por adelantado el segundo plazo a la empresa adjudicataria. 

En el perfil del contratante también consta una adjudicación de INGESA a una empresa proveedora en abril de 2020 en el que se establece un importe de 11,7 millones de euros por 2,5 millones de mascarillas. Es decir, un precio unitario de aproximadamente 4,7 euros. 

La plataforma Civio publicó en marzo del año pasado una investigación en la que, tras analizar los contratos de emergencia adjudicados y publicados en España en 2020, advertía de diferencias notables en el precio de los productos sanitarios que, por ejemplo, en el caso de las mascarillas FFP2 oscilaban entre los 25 céntimos y los 8 euros por unidad, dependiendo del momento de compra, de la empresa y de los organismos contratantes. 

Un proveedor habitual de material sanitario que opera en Canarias ha explicado a este periódico que el mercado entró en colapso durante los meses de marzo y abril de 2020, que empezó a recibir llamadas “de todo el mundo” y que comprobó que en origen “no había” y que las Islas tenían el problema añadido del transporte. “No había vuelos”, recuerda. En su caso, según cuenta, pudo conseguir una partida en China para el Gobierno de Canarias, adelantó el pago, el material se comprobó en origen y fue la administración quien fletó un avión para transportar esa mercancía a las Islas. Los precios habían subido de manera considerable y su margen de beneficio, asegura, fue el mismo de siempre, “sobre un 20%”. 

A este empresario, con amplia experiencia en el sector, le sorprende, más allá de que Sanidad recurriera a empresas ajenas a esta actividad, que una administración pública compre mercancía y a un importe tan elevado a quien “no tiene solvencia alguna”. En este punto han incidido también los portavoces de los principales partidos de la oposición (CC y PP) durante el debate de este viernes. “¿Qué garantías, qué compromisos o, al menos, qué certificaciones dio la empresa para recibir el 100% del dinero?”, ha preguntado en esa comparecencia Fernando Enseñat, portavoz de la formación popular en la comisión. 

La Consejería de Sanidad se ampara en el contexto, en la situación de emergencia en esos primeros compases de la pandemia. El 12 de marzo el Gobierno central había aprobado el Real Decreto Ley 7/2020 de medidas urgentes para paliar los efectos de la Covid-19, que excluía, para casos en los que estuviera justificada “la necesidad de actuar de forma inmediata”, la obligación de que las adjudicatarias consignaran una serie de garantías a las que acudir en caso de incumplimiento, o que permitía librar los fondos antes de su prestación. “Los controles habituales (solvencia económica y técnica, garantías bancarias) no eran aplicables”, ha defendido Blas Trujillo durante su intervención en el Parlamento. 

Los pagos 

El primer pago a RR7 United S.L., de dos millones de euros, se realizó el 7 de agosto de 2020, ya superado el estado de alarma. En los contratos ordinarios de suministros, las administraciones públicas abonan un 50% por adelantado y un 50% a la entrega del material. En este caso, no fue así. La empresa administrada por Rayco Rubén González recibió a finales de octubre los otros dos millones. Es decir, cobró el 100% del contrato sin haber entregado ni una sola mascarilla al SCS. 

Fue el 19 de octubre de 2020, cinco meses después de la adjudicación, cuando la empresa adjudicataria se dirigió a la Dirección General de Recursos Económicos del SCS para solicitar a la administración el abono por adelantado del otro 50% “dada la complejidad para la adquisición de las mascarillas 3M través de los proveedores de dicho producto”. La empresa alertaba de la “enorme demanda de gobiernos y demás entidades institucionales” y del riesgo de que, ante la falta de fondos con los que asumir la operación, el cliente les colocara “al final de la cola en la recepción de la mercancía”, lo que, a su juicio, podría acarrear un encarecimiento del producto y el riesgo de un incumplimiento del contrato. Así consta en la documentación del expediente de contratación. Los intentos de este periódico por localizar al administrador de la empresa RR7 United S.L. han sido infructuosos.

Nueve días después de la comunicación de la adjudicataria, la directora de Programas Asistenciales del SCS emitía un informe en el que exponía la “imperiosa necesidad de culminar el proceso de adquisición de las mascarillas 3M con destino al personal sanitario”. “Las mascarillas FFP3 han sido un producto sanitario que China ya ha prohibido su exportación, por lo que se ha tenido que acudir a otros países para su abastecimiento, siendo a fecha actual un equipo muy demandado por los niveles de protección que logra alcanzar y que pone a las fábricas en posición dominante en el mercado, no dejando margen de negociación en cuanto al anticipo de los fondos”, recogía un informe que también aludía al “aumento del número de casos positivos por Covid-19 diagnosticados en Canarias a partir del mes de agosto de 2020”. 

La resolución del contrato y el cargamento de Etiopía

Ante el incumplimiento en la entrega del material por parte de la empresa adjudicataria y después de recibir la carta de un intermediario en la que informaba de que las mascarillas no se podían suministrar en las condiciones pactadas, el SCS inició el 1 de febrero de 2021 el expediente para la resolución del contrato. Un procedimiento que concluyó el 13 de mayo de 2021, un año después de la adjudicación, con el inicio de otro expediente a RR7 United S.L., en este caso el de reintegro de los cuatro millones de euros que la administración autonómica le había anticipado sin recibir una sola mascarilla. 

Entre medias, sin embargo, había llegado un cargamento desde Etiopía a través de un proveedor, el empresario de origen jordano Ihsan Mahmhoud, a quien había puesto en contacto con el adjudicatario –Rayco Rubén Rodríguez– otro empresario, Lucas Cruz, que cobró 25.000 euros por esa intermediación, según la información publicada por Canarias 7.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) explica que cuando esta mercancía llegó a la aduana se sometió, “por perfil de riesgo”, a comprobación documental. En este actuación se revisó la factura, el documento de transporte, la información técnica de las mascarillas y fotografías para, posteriormente, efectuar un control físico en el que se contabilizaron más de 900.000 mascarillas. La empresa fabricante, 3M, había solicitado a las autoridades su intervención tras detectar, a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, un aumento en “las actividades fraudulentas y de falsificación” de la marca. 

“Considerándose sospechosas de ser falsificadas, la Aduana procedió a actuar conforme al procedimiento reglado”, señala la AEAT. Se puso en contacto con el importador que figuraba en la declaración aduanera (el administrador de RR7) y con el titular de la marca 3M y, tras recibir un informe pericial de esta última advirtiendo de la falsedad de esas mascarillas, se destruyó la mercancía “conforme a lo acordado entre la marca y el importador”. Se hizo “mediante la técnica de trituración, conservándose una mínima muestra para posibles comprobaciones posteriores”. 

Las mismas fuentes de la Agencia Tributaria explican que “el proceso de destrucción de las mercancías que no pueden ser objeto de introducción en la Unión Europea se puede efectuar de diferente forma, según sean de origen animal, vegetal o de otro tipo y el riesgo para la salud que conllevan”. En este tipo de productos, en concreto, “lo habitual es su destrucción o inutilización mediante trituración en centros autorizados”, apunta. 

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción deberá dirimir si esas mascarillas eran falsas, como sostiene la empresa fabricante, o si, en cambio, era material que estaba homologado para Estados Unidos, pero no para la Unión Europea y que fue enviado a Canarias por el proveedor después de que el SCS pidiera autorización a la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, como mantiene este último.  

Después de que el SCS resolviera el contrato con la empresa adjudicataria e iniciara el expediente de reintegro, RR7 United volvió a ponerse en contacto con la Dirección General de Recursos Económicos a finales de junio de 2021 para expresar su intención de “cumplir con lo pactado y efectuar cuanto antes la entrega del material”. Ante “la imposibilidad” de suministrar las mascarillas que había ofertado a la administración, las 3M N95, solicitó que se autorizara un cambo de modelo por las del tipo FFP3 NRD, marca Honeywell. Los servicios de prevención determinaron que ese modelo cumplía los requisitos y el SCS aceptó la propuesta de la empresa, aunque pidió que el número de unidades se incrementara en un 20%, hasta los 1'2 millones de mascarillas, por el mismo precio. 

Tampoco en esa ocasión cumplió la adjudicataria, por lo que la Consejería de Sanidad decidió el pasado mes de noviembre acudir a la Agencia Tributaria Canaria para intentar recuperar esas cantidades por la vía ejecutiva. Según informó el consejero de Sanidad en su comparecencia en el Parlamento, hasta el 18 de mayo se habían realizado diez intentos de embargo a la empresa, todos ellos infructuosos. La cantidad reclamada ya asciende a 4,8 millones de euros, debido a los intereses generados como consecuencia del impago. 

También ha generado recelos el hecho de que el Gobierno de Canarias no haya acudido a la vía penal ante esta posible estafa y haya limitado su actuación a la reclamación administrativa. Trujillo ha respondido que el principal objetivo de Sanidad es recuperar esos fondos, que la empresa resarza al erario público, pero no descarta activar la vía judicial si encuentran “indicios delictivos”, especialmente “el alzamiento de bienes”

En una comparecencia a petición propia en comisión parlamentaria ha afirmado que “no hay ni un solo momento” en que la administración pública canaria no haya actuado para que se ejecute el contrato y ha avanzado que se estudiará la vía judicial si se encuentran indicios delictivos, especialmente el alzamiento de bienes. Tanto la estafa como el alzamiento de bienes prescriben a los cinco años de su ejecución de manera general y a los diez años en los casos más graves. La Fiscalía Anticorrupción solicitó en abril abundante documentación al SCS para analizar si existen indicios para formular una denuncia ante estos hechos y estudiar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de las actuaciones tanto de la adjudicataria del contrato como de los representantes de la administración pública.