Caso mascarillas: Torres niega haber pedido la dimisión del director del SCS mientras la oposición exige explicaciones

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado este lunes que se haya solicitado el cese del director general del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, por el “caso Mascarillas”, tal y como adelantó Canarias 7, y ha indicado además que ningún grupo político ha pedido que se adoptara esta medida.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha recalcado que la intención del Ejecutivo y del resto de grupos políticos es “recuperar hasta el último céntimo de euro” de los cuatro millones que pagó Sanidad por adelantado a la empresa RR7 para que suministrara un millón de mascarillas que nunca se recibieron.

Torres ha incidido en que el SCS y la Agencia Tributaria de Canarias arbitraron mecanismos para recuperar estos fondos antes de que se iniciara la investigación por parte de la Fiscalía, lo que demuestra la “inequívoca voluntad de recuperarlos”.

Así mismo, el presidente ha subrayado que “todos los grupos políticos han puesto sobre la mesa la presunción de inocencia” y lo que hay en estos momentos, ha proseguido, es la presentación de la querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y será el juez que se encargue del caso el que determine si se abren o no diligencias previas contra el director del SCS.

Con respecto a uno de los investigados por Anticorrupción, como es el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, Torres ha indicado que fue propuesto en el cargo por el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y que, según reza en el código ético del PSOE, en el caso de que se abriera un juicio oral por corrupción, debería abandonar el puesto.

“Lo que tenemos en este momento es una elevación” de una querella por parte del fiscal y en caso de abrirse un proceso judicial el Gobierno ha anunciado su personación. Torres ha defendido que la gestión de la pandemia por parte del SCS “está fuera de toda duda”.

“Hay un expediente que nos preocupa y hay que buscar hasta el último euro de estas mascarillas, pero también fueron 127 expedientes por un importe de 100 millones de euros en los que se actuó de manera correcta”, ha concluido Torres, que ha recalcado que el Gobierno “va a colaborar con la Justicia, como no puede ser de otro modo”.

El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas ha presentado una querella contra el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María López, al apreciar indicios de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y por estafa y blanqueo de capitales contra el administrador de la empresa RR7 United Limited, Rayco Rubén, en relación a la compra de una partida de mascarillas.

La oposición pide explicaciones

El presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha pedido a Torres que aclare sus responsabilidades jurídicas y políticas “de una vez” con respecto a este caso.

En declaraciones a los medios, Domínguez ha opinado que se deben dirimir esas responsabilidades para, después, ver “cómo se resuelve la cuestión judicial” en un asunto en el que, ha dicho, “hay muchas incógnitas”.

“Torres tuvo la osadía de invitar a Ayuso a aclarar lo que sucedía, y ahora el efecto 'boomerang' es real. Le pido lo mismo que él pedía”, ha apuntado el presidente popular, que ha afirmado “no entender” cómo no se estudió antes la solvencia de la empresa para entregar el material estipulado o cómo se dio un contrato a una compañía sin experiencia en el sector.

Domínguez también se ha preguntado “cómo es posible” que se haya adjudicado el contrato sin autorización del Consejo de Gobierno de Canarias, pese a ser de una cuantía superior al millón de euros.