Esther Martínez se siente desamparada. Hace casi catorce meses que es firme la sentencia que le reconoció la incapacidad permanente absoluta y sigue sin cobrar la pensión. Desde febrero de 2022 no percibe ingreso alguno. Durante este tiempo ha sobrevivido con la ayuda de familiares, con la indemnización que recibió tras un accidente de tráfico y con una pequeña cantidad que había ahorrado a través de un plan de pensiones, congelado desde hace tiempo. A sus 64 años, reside sola en una vivienda de la localidad de San Fernando, en el sur de Gran Canaria, aquejada de un dolor generalizado continuo que, según relata, la mantiene largos periodos de tiempo postrada en la cama. Sufre, entre otras patologías, fibromialgia.
En enero del año pasado, la magistrada titular del Juzgado de lo Social 4 de Las Palmas de Gran Canaria dictaminó que esa enfermedad no solo mermaba “sobremanera” su capacidad laboral, sino que exigía unos cuidados y un régimen de vida “incompatible” con el desempeño de cualquier profesión. Por ello, estimó su demanda, le concedió la incapacidad permanente absoluta y, con ello, el derecho a cobrar una pensión equivalente al 100% de la base reguladora en función de los años que cotizó en su actividad como comercial.
Su abogada ya ha instado en dos ocasiones la ejecución de la sentencia. La primera en julio y la segunda, en noviembre. Pese al apercibimiento del juzgado, la administración sigue sin pagar. Esther es una de las afectadas por el colapso de la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas. Su caso no es aislado. La representante de Comisiones Obreras (CCOO) Hortensia Rodríguez, señala que, según los últimos datos proporcionados por la dirección, correspondientes a febrero, son 954 las sentencias por incapacidad aún no ejecutadas.
La media de espera, precisa la trabajadora, es de dos años. “La que menos lleva más de un año sin ejecutar. Y la que más, dos años y dos meses”. Las quejas y denuncias se suceden. “Es gravísimo, se está jugando con las cosas de comer”, insiste Hortensia Rodríguez. Las personas que tienen reconocida la incapacidad permanente por sentencia firme no pueden tener acceso a una prestación por desempleo ni a otro tipo de ayudas aunque no se haya ejecutado.
“En esa línea vulneradora de derechos, durante ese tiempo no tienen tampoco la cartilla de pensionistas”, de manera que no solo se quedan sin retribución alguna, sino que, además, no disponen de esa protección económica para, en función del caso, o bien quedar exentos del pago de los medicamentos o bien abonar solo un pequeño porcentaje. La mayor parte de los afectados, en torno a un 80% según la representante sindical, cobra pensiones mínimas. “No solo van a cobrar tarde, sino mal”, lamenta. Y ese dinero “no va a suplir el gasto económico que se haya hecho en farmacias si no han tenido la picaresca de guardar todas las facturas”.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, visitó las islas el pasado mes de octubre y prometió un refuerzo de 83 trabajadores para aliviar la sobrecarga. Sin embargo, los sindicatos advierten de que ese personal se ha repartido entre todos los departamentos (Tesorería General, Intervención, Instituto Social de la Marina...) y que a los CAISS (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social), que es donde se gestionan las prestaciones de la ciudadanía, apenas ha llegado una mínima parte. La oficina de Las Palmas de Gran Canaria, donde las largas colas se han convertido en una estampa habitual en los últimos meses, “tan solo se ha reforzado con dos”, indica la representante sindical.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, manifestó recientemente que la previsión es que la plantilla en las Islas se amplíe en un número de entre 120 y 180 trabajadores para adecuarse al incremento poblacional y afrontar la gestión de nuevas prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital. Aunque el Ministerio no ha contestado en esta ocasión a las preguntas formuladas por este periódico, con anterioridad ha insistido en que trabaja para “agilizar los procesos” y lograr una mejoría con las incorporaciones y con la formación del personal.
Esther Martínez ha tenido que pagar a un gestor para que le consiguiera una cita para la próxima semana. “Es la segunda vez que tengo que pagar. Ya estuve en febrero en Telde, había dos mesas ocupadas y la persona de seguridad. Tres personas trabajando. Le pregunté a la trabajadora y me dijo que no había personal, que se hacían mayores, los jubilaban y no ponían más. Como si el ciudadano tuviese la culpa, no hay derecho”, se queja.
Los sindicatos llevan años alertando de la falta de recursos en Canarias. “El personal de la Seguridad Social maneja muchísimas prestaciones, muchísimos programas informáticos y muchísima ley. Todo se tiene que leer. Por ejemplo, tienes que saber qué interpreta la ley por mayor discapacitado, porque si no le das al botoncito que toca, puedes perjudicar a una persona”, explica Rodríguez. La delegada de CCOO subraya que la sobrecarga de trabajo y “la mala gestión” en Las Palmas han provocado que hasta 17 trabajadores de las oficinas se hayan marchado, algunos incluso a una actividad privada, y que otros 19 también pidieran el traslado, aunque han tenido que permanecer en sus puestos al no haber obtenido una plaza.
El sindicato ya ha comenzado a detectar casos en los que se cita para revisar incapacidades a personas que sobrepasan los dos años de reserva del puesto de trabajo y que siguen sin cobrar la pensión. Se trata de trabajadores que en el transcurso de este tiempo han experimentado una mejoría y reciben el alta médica aun sin haber percibido las cantidades reconocidas judicialmente. “Lo que puede pasar es que vuelvan a impugnar, presenten de nuevo un peritaje y consigan una segunda sentencia favorable sin haber cobrado la primera, en una segunda vuelta del juzgado. La ley no preveía esta dejación, tampoco en la cita previa”, apunta Rodríguez. CCOO y UGT solicitaron en septiembre una regulación para que el tiempo máximo para el abono de las pensiones de incapacidad no superara los dos meses.
Para evitar que los afectados se queden tanto tiempo sin cobrar, la representante de CCOO plantea implantar un sistema de resoluciones provisionales que ya funciona con determinadas prestaciones cuando hay discordancias. “Si la sentencia pone claramente cuál es la base que hay que pagar y tenemos los datos de la persona y su número de cuenta, se puede grabar, se puede mecanizar y abonarle de forma provisional los primeros tres meses. Después se cruzan los datos (con Tesorería, el Servicio Público de Empleo Estatal -SEPE-, las empresas), se verifican y si hay diferencias o bien se le reclama la devolución de cantidades que son pequeñas, porque las diferencias son pequeñas, o se le añade lo que le tocaba cobrar y no se tuvo en cuenta”, explica Rodríguez, que agrega que el Real Decreto-ley 2/2023, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, incorpora un artículo sobre las resoluciones provisionales para facilitar el cobro de pensiones internacionales.
Con este sistema, mantiene la delegada sindical, la carga pasa a la administración. “El principio de continuidad de la renta no se está cumpliendo. Habría que establecer una pauta general con ese sistema de resoluciones provisionales no solo para las pensiones por incapacidad, sino también para otras, como las de viudedad, que sufren una ejecución tardía”.
La representante de CCOO atribuye “la debacle” de la Seguridad Social en Las Palmas a la falta de personal, a la “mala gestión”, pero también a la implantación de un sistema de distribución de cargas entre las distintas oficinas de la Seguridad Social en todo el territorio nacional que, a su juicio, no ha sido bien estudiado. “Yo atiendo a una persona, recojo y mecanizo los datos, y luego la pensión o la prestación va a resolverse en Albacete, Ávila o en Santa Cruz de Tenerife sin que yo pueda contactar con aquellos compañeros ni para agilizar, ni para decir que vi su DNI, ni para cuestiones que yo aquí sí que podría hacer. Se ha cambiado la forma de trabajo, se ha perdido esa capacidad y en ocasiones esto implica que se archiven procedimientos por presentar mal la documentación y aplicar a rajatabla la vía administrativa. Es legítimo, pero también hay que aplicar la lógica, primero llamar a la persona y ver cómo solucionarlo”.
Rodríguez lamenta que en la última reunión la directora provincial celebrara que se hubieran reducido las sentencias pendientes de ejecución de 1.072 a 954. “No son números, son personas. Gente que ha perdido derechos, se juega con las cosas de comer”, dice.
“Con este tema, siento que nadie se pone en el pellejo de una, nadie pregunta si necesito algo. Solamente me pasan recibos hasta que se acaba el dinero. La comunidad, la contribución, la basura, el seguro, la luz, el agua, el teléfono... No haces más que pagar, pagar y pagar. No puedo hacer nada más. Me han hecho dudar si es real, si es verdad lo mío”, zanja Esther.